Raúl Morodo ingresa en la Academia de Ciencias Morales y Políticas

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Raúl Morodo, embajador de España y Catedrático de Derecho Constitucional, ha ingresado como académico electo en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas con un discurso dedicado a los constitucionalistas y precursores de la Constitución de Cádiz de 1812 Ramón Salas y Eduardo Jaumeandreu, a los que el embajador Morodo rindió homenaje a lo largo de su discurso. Una disertación en la que también se aprecia la dimensión e impecable trayectoria política, socialdemócrata, laica y republicana del embajador Morodo, persona que desempeñó un papel muy importante en la oposición al franquismo y en la transición española hacia la democracia en el seno del PSP y junto al desaparecido Enrique Tierno Galván, y posteriormente junto a Adolfo Suárez.

En su discurso Morodo hace alusión al momento español que califica de tiempos de crisis, desasosiego, confusión e indignación. En nombre de la Academia le dio la bienvenida el también catedrático y académico Luís González Seara.

Publicamos a continuación el texto del discurso de Raúl Morodo:

Gran honor es para mí el haber sido electo como académico de número de esta docta e isabelina Corporación. Gracias, pues, con reconocimiento sincero, por vuestra acogida  y liberalidad. Y, de modo especial, a los académicos que, con su propuesta, me avalaron: los profesores José Angel Sánchez Asiaín, Luis González Seara y Juan Antonio Carrillo, este último, también viejo amigo y compañero del Colegio César Carlos, uno de los más dignos y competentes universitarios de nuestra generación, desgraciadamente fallecido en enero de este año.

Es loable tradición que el académico recipiendario pronuncie una semblanza de su predecesor, evoque a los maestros que le iniciaron en su vida profesional y rememore algunas vivencias de aquella época. Con sumo agrado, así lo haré.

Con el profesor Pablo Lucas Verdú, a quien sucedo con la medalla número 3 de esta Casa, mantuve una entrañable e ininterrumpida amistad de más de cincuenta años: fui su alumno, discípulo y, más tarde, compañero, como catedrático de Derecho político. Don Pablo expresaba la excelencia universitaria y una gran ejemplaridad humana. La vanidad y la soberbia le eran atributos ajenos, siempre mirados de soslayo comprensivo. Por ello, a veces, se decía que tenía ingenuidad, pero, realmente, la ingenuidad así entendida significaba, en cuanto hombre sin doblez, un reconocimiento a su independencia tranquila y a su mucho saber llevado con llaneza. A ello es obligado añadir su muy extensa obra publicada que, con el tiempo, se convertirá en un corpus doctrinal seguramente el más voluminoso de todos nuestros profesores de Derecho Político, desde el maestro Posada. Y con una característica ilustrada: entender el Derecho político como disciplina no reducida al estricto campo normativista. Leer, en este sentido, la sistematización bibliográfica, realizada por su esposa, la profesora Carmen Murillo de la Cueva, nos da una idea precisa de su extraordinaria producción científica.

A los profesores Enrique Tierno Galván y Pablo Lucas Verdú, los conoceré, al mismo tiempo, en la Universidad de Salamanca, en su Facultad de Derecho, en los lejanos años cincuenta del pasado siglo. Los dos serán mis primeros maestros: don Enrique se centraba más en la teoría política clásica  y don Pablo, en el Derecho Constitucional. Entre estos dos insignes maestros, ciertamente, existían diferencias doctrinales, pero que estimulaban. Don Enrique era agnóstico o ateo spinociano ad cautelam, con imagen enigmática, como un krausista tardío: imagen que cuidaba con ironía siempre amable y discreta. En algunos círculos, con susurro de cenobio, se comentaba que podía ser masón, terrible palabra entonces, pero, en verdad, nunca perteneció a esta orden iniciática. Su acentuado neo-positivismo, con sus orígenes utópicos libertarios, comenzaba a deslizarse hacia un marxismo humanista. Don Pablo, en cambio, mantenía -y mantendrá siempre- un catolicismo sereno y abierto, en el fondo, erasmista, y su iusnaturalismo tendrá una traducción jurídico-política firmemente democrática. Diferencias, pues, con coincidencias objetivas en la visión del Derecho y del Estado: articular jurídicamente una sociedad política libre, avanzada y justa.

Hablar de estos maestros me incita a recordar estos años de mi formación juvenil: la de un estudiante afuerino, que llegaba a Castilla de la Galicia marinera, enclaustrada, y tal vez más, en la cultura de hibernación dominante. En Salamanca, con todo, percibiré contraste: ciudad levítica y taurina, sobria y pícara, y, asimismo, como decía el buen fray Luis de León, tierra de adivinación. En el Seminario de la Cátedra encontraría, así, novedad y descubrimiento: leer y comentar, con Enrique Tierno, el patriotismo republicano de Maquiavelo, el miedo político en Hobbes, la rebeldía iconoclasta de Rousseau, el revulsivo metodológico del innombrable Marx. Y, también, estudiar, con Pablo Lucas, algunas corrientes iuspublicistas europeas: Savigny y Jellinek, Kelsen y Schmitt, Hauriou y Duverger, Romano o Mortati.

Algo breve diré sobre Kelsen y Schmitt, que llamarían mucho mi atención y a los que Pablo Lucas tenía muy presentes. La coherencia lógica de Kelsen, desde luego, ofrecía racionalización normativa, con su jerarquización del orden jurídico y con su teoría garantista de la jurisdicción constitucional. Sin embargo, dado nuestro contexto -una dictadura, a la vez, constituida y constituyente, con una legalidad sin Constitución- el positivismo formalista de Kelsen nos llevaba a cierta perplejidad, aliter, si no se cuestionaban previamente los problemas de la legitimación del poder, nos encerrábamos en una paradoja: que todo Estado, en cuanto productor del Derecho, sería un Estado de Derecho. La validez del planteamiento liberal kelseniano no se discutía, pero ya establecido un Estado con libertades y con una separación de poderes.

Carl Schmitt expresaba más complejidad y ambivalencia, sobre todo, porque seducía y, al mismo tiempo, inquietaba. Sus ensayos emanaban brillantez, erudición e ingenio, combinando debelación con misitificación: desde sus concepciones de la representación y de la excepción políticas o de las dictaduras comisorias, hasta su habilidad dialéctica para disolver el Estado liberal que, con astucia, calificaba de burgués de Derecho. Su decisionismo, con todo, llevaba a una vía muerta, como puntualizaría Francisco Ayala: de la movilización total jüngeriana al Estado total hitleriano. Es bien sabido que Schmitt tenía gran influencia en muchos de nuestros profesores de pre-y, sobre todo, de pos-guerra, con convicciones ideológicas diferentes, línea que continúa y no sólo en España. Cuando  conocí y traté a Schmitt en Madrid, a comienzos de los sesenta, a través de Enrique Tierno, pude percibir algo de su personalidad excepcional y, a la vez, trágica: la de un vencido, el último representante del ius publicum Europaeum , como así se definía: un Epimeteo cristiano, prisionero temeroso y cómplice de sus propias redes intelectuales, encarnándose en el capitán  Benito Cereno, de la novela de Melville. Tal vez, Schmitt podía coincidir con el dictum de Fernando Pessoa: Dios es bueno y el diablo tampoco es malo.

Mi tercer maestro directo, ya en la Complutense madrileña, será don Carlos Ollero. Su bonhomía de sevillano -aunque, por azar, nacido en Castilla-, su viveza intelectual y política, su generosidad a flor de piel, le convertían en un personaje extraordinario. Durante años, por incidencias de aquellos tiempos, constituyó para mí un valedor insustituible. Mi carrera universitaria, sin duda, se hubiese frustrado si no estuviese dispuesto siempre a salvar obstáculos y aplacar reacciones. Por don Carlos, llegaré a otro maestro inicial a distancia: a Hermann Heller, al que don Carlos había conocido en el Madrid republicano de los años treinta. Heller, gran profesor alemán social-demócrata, exiliado del nazismo en España, enseñará unos breves meses en la cátedra de don  Adolfo Posada y de don Nicolás Pérez Serrano, y muere prematuramente. Anti-formalista con matices y, sobre todo, anti-decisionista, Heller elaborará una Teoría del Estado, dentro del espíritu modernizador de Weimar, en donde libertad e igualdad deben conciliarse, siendo, de esta manera, un precursor del Estado democrático de pos-guerra. La formalización del Estado social -como escribirá el profesor García Pelayo- se debe a Hermann Heller. Estos periodos salmantino-madrileños, con los clásicos, con los maestros directos o a distancia, condensarán mis referencias sincréticas iniciales que, ampliadas y renovadas más tarde, marcarán un continuum hasta hoy. Sin olvidar el revulsivo daimon schmittiano, con todos ellos me he sentido cómodo y con sosiego intelectual, pero siempre más con aquellos que fijan los planteamientos garantistas de las libertades y las funciones sociales del Estado.

El ingreso en esta Academia, me depara, junto con contrastar y dialogar libremente, un reencuentro que mucho me satisface. Reencuentro con algunos viejos amigos académicos con los que, antaño, he compartido aulas de bachillerato y Facultades universitarias, colegios mayores, escaños parlamentarios, españoles y europeos, aventuras políticas y episodios judiciales, incluyendo invernales confinamientos y, en fin, instructivas misiones diplomáticas. Llamo aventuras en un sentido clásico, como las del joven Anacharsis en busca de fuentes, dejándonos llevar, a veces, por el entusiasmo romántico de la ilegalidad o persiguiendo la utopía europea de la paz y de la unidad -pero de una Europa europea sin hegemonías nacionales- y, en fin,  ayudando a establecer y consolidar el Estado democrático de Derecho. No siempre con coincidencias, pero, en todo momento, con un finalismo común: recuperar una vida libre, asentar la concordia, fortalecer la tolerancia.

Tal vez, al elegir el tema de mi Discurso, sobre nuestros primeros constitucionalistas liberales, he introducido algo de memorialismo colectivo con un enlace histórico muy lejano. Los dos personajes que he estudiado -don Ramón Salas y fray Eudaldo Jaumeandreu- vivieron hace doscientos años y publicaron los primeros manuales sobre la inicial modernidad constitucional. Salvando las distancias, reconvirtiendo el Estado liberal de Derecho en un Estado social y democrático de Derecho, algunas de sus raíces doctrinales, sistematizaciones jurídicas u objetivos políticos, pueden resultarnos familiares a muchos de nosotros. Familiares y también estimulantes para nuestros tiempos actuales de crisis, desasosiego, confusión e indignación.

Salas y Jaumeandreu

Ante la nueva modernidad liberal.

Un adelantado de la modernidad, el perspicaz e irónico Montesquieu, escribía a mitad del siglo XVIII, lo siguiente:

A aquellas gentes que quieren hacer modernos los siglos anteriores, yo les diría lo que los sacerdotes egipcios dijeron a Solón: ¡oh, atenienses, vosotros no sóis más que unos niños!

Montesquieu, en efecto, a pesar de sus connotaciones y entorno tradicionales, será uno de los primeros europeos en anunciar lo nuevo: el Gran Referente ilustrado de la modernidad. Modernidad emergente -luces, razón, experiencia- que, después de un largo trayecto, se traducirá en códigos constitucionales. Y corresponderá a las revoluciones norteamericana y francesa, en las últimas décadas del siglo XVIII, estas concretizaciones normativas. De igual forma, la modernidad española constitucional aparecerá, en los albores del siglo XIX, vinculándose a estos procesos de cambio histórico, como lo harán también los países hispano-americanos: en este último ámbito, otro gran precursor, el venezolano Francisco de Miranda, será enlace activo -Ilustración, Revolución, Independencia- entre el viejo y el nuevo mundo. Entre ellas, habrá diferencias, y, en la modernidad española, una singularidad bifronte: por una parte, la legalidad ilustrada  y regeneracionista, la Constitución de Bayona, de 1808; y, al mismo tiempo, otra legalidad, ya inequívocamente liberal, con la Constitución de 1812.

Esta novedad jurídica general se manifestará mediante documentos escritos, sistematizados y articulados, llamados Constituciones, que adquieren fuerza mítica de combate -especialmente la Constitución gaditana- y no ya de textos tradicionales, de jura et libertates, de fueros o recopilaciones: el viejo constitucionalismo histórico, de esta forma, será sustituido en base a otra legitimidad, expresada con nuevo lenguaje: voluntad general, ciudadanía, poder constituyente, declaraciones de derechos, re-conceptualización de la ley (igualdad ante la ley), soberanía nacional y popular, separación de poderes. Un nuevo corpus jurídico unitario hace, así, su entrada en la escena pública: el iusnaturalismo racionalista se perfecciona y se positiviza complementándose con una diferenciación garantista del poder. Constitución y codificación reflejarán, de esta manera, la modernidad triunfante. La Declaración francesa de 1789, en su artículo 16, constituirá el gran referente de este cambio doctrinal.

Si en Francia y Estados Unidos, revolución y ruptura son hechos claros, en España habrá ambivalencia y confusión. Sin duda, en Cádiz, con el decreto de Cortes de 1810, la ruptura es manifiesta (declaración de la soberanía nacional), pero muy pronto comenzará un deslizamiento hacia una transacción, en lo que se refiere a dos de los grandes ejes tradicionales (monarquía y religión). Si, en los ámbitos franco-americano, novedad y revolución coinciden, en Cádiz, lo nuevo tiende a alejarse, aunque materialmente exista y el concepto de revolución, quedará como fórmula retórica o deseo frustrado. La singularidad de nuestro inicial constitucionalismo liberal radicará, precisamente, en querer implantar la novedad, pero ocultándola, con rechazo explícito de la secularización y utilizando un discurso en donde una tradición idealizada legitimaba la novedad escondida. En otras palabras, se empleará un artificio historicista -—con intencionalidad clara de progreso-, pero, al mismo tiempo, encubriendo: tradicionalizar la modernidad, en donde el miedo hobbesiano tiene su papel. Argüelles, el más pragmático y relevante diputado liberal doceañista, expresará bien esta ambivalencia: Yo no puedo comprender -dirá en las Cortes- que en un Estado donde hay revolución pueda ésta llevarse a cabo sin revolución. En el fondo, Argüelles entreveía que la revolución proclamada era una reforma objetiva. Marx, en sus Escritos sobre España, no andará lejos de esta percepción, y hablará de la falta de una amplia clase social, como se había dado en Francia o en Estados Unidos, de burgueses y colonos ilustrados.

Nuestros constituyentes gaditanos se moverán (los liberales) entre el idealismo y el posibilismo, la idealización medievalista y la novedad revolucionaria, pero buscando una concordia, lo que hoy se llamará, en cierta medida, consenso, tema al que los académicos Oscar Alzaga y Miguel Herrero de Miñón, han hecho agudas reflexiones. Esta ambivalencia quedará bien reflejada en el Discurso Preliminar a la Constitución de Argüelles, en cuanto operación histórico-jurídica con fines transaccionales de enlace entre tradición/modernidad.  En este sentido, nuestra primera transición, del Antiguo al nuevo Régimen representativo, tiene cierto paralelismo operativo con nuestra contemporánea transición democrática. Afortunadamente, a diferencia de la gaditana, que duró 25 años convulsos, a causa del absolutismo fernandino, la nuestra se realizará en paz, con brevedad y, a pesar de críticas fundadas, con éxito, hasta ahora. Última aventura de nuestra generación, de gran transición política que fue también de transacción, intra y extra-muros, en la que el miedo -como en Bayona y Cádiz- no estará ausente, y realizada jurídicamente con gran imaginación técnica, como algunos de los académicos aquí presentes conocen bien.

En la otra legalidad, Bayona, aparecerá, de igual modo, tradición y novedad, reforma y ruptura. Ruptura, en cuanto cambio de dinastía; reforma, porque se establecen novedades (actuar según ley, codificación, ciertas libertades, cambios socio-económicos). Habrá, también, una tradición reconceptualizada, pero en falso: querer renovar el pacto Rey/Pueblo. Sin embargo, entre el regeneracionismo de Bayona y el liberalismo de Cádiz, se producirá una barrera insalvable: dos principios antagónicos convertirán el problema, lamentablemente, en una aporía: el principio de colaboracionismo (Bayona) y el principio de independencia nacional (Cádiz), nunca podrán conciliarse y, así, será imposible una concordia.

Ramón Salas, aragonés, que nace en 1754, de familia hidalga, pero no rica, y Eudaldo Jaumeandreu, catalán, de entorno social modesto, menor que Salas, participarán en esta dramática situación-1808: de guerra de liberación y guerra internacional, de guerra civil y, también, de cruzada religiosa. Salas, laico e ilustrado, rector y catedrático de Leyes en Salamanca (aunque, por sedicioso, ya había sido expulsado de la Universidad, encarcelado y condenado por la Inquisición), optará por el bando francés; Jaumeandreu, fraile agustino y entonces conservador, por la causa anti-francesa. Para Salas, la tradición es lo gótico y el oscurantismo, defendiendo la modernidad, las luces que, a pesar de dificultades y con desigual introducción, como ha desarrollado el profesor Luis González Seara, en España se conocían bien, y se leían y discutían los expositores europeos. Así,  para Salas el liberalismo constitucional será la culminación de la Ilustración. Jaumeandreu, en cambio, acudirá a la tradición histórica como principio legitimador, a través de una conciliación sincrética entre diferentes iusnaturalismos, y apoyándose en la nueva Economía: razón y revelación pueden entenderse y, de igual forma, catolicismo, liberalismo y capitalismo emergentes. Si Salas es un republicano embozado, contrario a la monarquía hereditaria, pero que la aceptará, y que, abogará, con gran beligerancia, por la libertad religiosa, Jaumeandreu, en cambio, nunca cuestionará el principio monárquico, en su versión española, y su catolicismo será tradicional, con cierta revisión acomodaticia.

Salas es, ante todo, un jurista, catedrático de Instituciones civiles y abogado en ejercicio, que investiga los principios ordenadores generales, combinando secularización racionalista (natura sive ratio), contrato rousseauniano (nullum imperium sine pacto) y el utilitarismo de Bentham. Jaumeandreu, contrario a la Revolución francesa, anti-Rousseau, eludirá el positivismo, pero sí aceptará, a Locke y Vattel, viendo en el liberalismo constitucional una respuesta adecuada para integrarlo en la sociedad empresarial catalana: en este sentido, se constituirá en uno de sus portavoces más cualificados -como economista y iuspublicista-  En el primer absolutismo de Fernando VII, Salas tendrá que exiliarse en Francia y allí será donde preparará sus obras. Jaumeandreu, permanecerá en Barcelona, escribiendo sobre Economía y temas técnicos. En el Trienio Liberal, Jaumeandreu, se exclaustrará de la Orden agustina, pero permanecerá como presbítero. En el segundo periodo absolutista, Salas, ya mayor, guardará silencio y muere en Madrid en 1827; y Jaumeandreu, por su significación activista liberal, será confinado en un convento, continuando después con sus trabajos docentes, y publicando sobre economía y derecho público. Sobrevivirá a Fernando VII y fellece, en Barcelona, en 1840.

Las Lecciones de Ramón Salas

En su exilio francés, Ramón Salas escribirá sus Lecciones de Derecho Público Constitucional, al menos gran parte, que publicará en Madrid, en 1821, en el Trienio Liberal. Por la misma época, harán también su aparición el Curso Elemental de Derecho Público, de Eudaldo Jaumeandreu y las Observaciones de Marcial Antonio López al Curso de Política Constitucional de Benjamín Constant. Así, los tres serán nuestros pioneros constitucionalistas modernos, en cuanto exégetas del texto gaditano. Sin embargo, en Salas habrá más profundidad conceptual, metodológica y crítica, introduciendo la técnica jurídica positivista. En este sentido, por su mayor modernidad, tendrá gran relevancia, aunque por diversas razones, religiosas y políticas, ha estado en el olvido y relegado. Con todo, en estos últimos tiempos, su recuperación y vindicación comienza a extenderse y los estudios, entre otros, de los profesores  Ricardo Robledo y Claude Morange lo evidencian. De alguna forma, como pionero, podría incluirse también a don Francisco Martínez Marina, gran erudito de la historia del Derecho, con su muy extensa obra, pero, en todo caso, no será, propiamente, un sistematizador, de la Constitución de 1812.

En Salas hay ya, ante todo, un sistema coherente y ordenado, en donde la modernidad es patente. Sistema apoyado en unos principios informadores, que introducen una técnica jurídica, para llevar a cabo un análisis exegético y crítico de la Constitución del 12. La ciencia social, de fundamentación benthamita, impregnará sus análisis, es decir, razón y experiencia, utilidad y felicidad, trasladándolos al campo iuspublicista. Sin embargo, esta perspectiva positivista se complementará con el iusnaturalismo revolucionario, alejado, a su vez, del iusnaturalismo tradicional y de la visión historicista defendida por los doceañistas liberales. Las Lecciones de Salas, de esta manera, se convierten en el primer manual moderno español del Estado constitucional liberal.

Junto a la finalidad valorativa y didáctica, Salas querrá explicar, la situación-1808 y la cuestión de las dos legalidades enfrentadas (Bayona y Cádiz). A través de un rodeo memorialista impersonal, Salas mantendrá la siguiente tesis: que las dos legalidades en juego, incluyendo las opciones de sus protagonistas ilustrados, no fueron tanto por motivaciones ideológicas, sino de política coyuntural. En el común sector ilustrado, dirá Salas todos pensaban lo mismo, porque todos eran deudores de las mismas fuentes. Sin embargo, aunque exista cierta base en esta tesis, Salas, sin duda, infravalorará un factor clave que emerge en esta situación: el nacional-patriótico.

Ambos partidos -argumentará Salas- detestaban el despotismo que regía en España…. ambos deseaban una Constitución política: los de Madrid, tenían una, la de Bayona, y los de Cádiz, promulgaron la suya, mejor en mi dictamen que la de Bayona, y aún mejor de todas las que conozco, a excepción tal vez de la de los Estados Unidos de América.

Desde este planteamiento unificador y pro-gaditano, Salas comenzará a bosquejar su teoría constitucional. Ante todo, fijando y limitando su concepto: el derecho constitucional -dirá- no es ni derecho natural, ni derecho de gentes, sino que tiene su propia autonomía, naturaleza y contenido. Aunque, a veces, utiliza la expresión ilustrada de derecho político (en la línea de Montesquieu, de la Enciclopedia, o de Rousseau), hablará más de derecho público constitucional, o derecho constitucional, definiéndolo, en principio, como el que arregla las relaciones entre gobernantes y gobernados, distribuye los poderes públicos y prescribe el modo de ejercerlos. Derecho constitucional será, pues, derecho, conjunto de normas que están establecidas en una Constitución. Aunque su punto de partida es positivista, aclarará que con esto no queda bien definida una Constitución moderna, es decir, que es necesario acudir a principios informadores previos,  introduciendo así la legitimidad. Desde este momento, Salas se distancia de Bentham, haciendo entrar, en su concepción teórica, el iusnaturalismo revolucionario-liberal y especialmente Rousseau: la nueva legitimidad interpela a la vieja legalidad y debe ésta conformarse a la legitimidad moderna. Las declaraciones de derechos no serán utopías, metafísica o sofismas, sino las bases fundadoras de una sociedad y de un Estado moderno constitucional.

Aunque Salas es un gran admirador y traductor de Bentham, sobre todo en sus planteamientos jurídicos generales, civiles y penales, en su teoría de la Constitución habrá un fuerte desencuentro. Hay que considerar que el Bentham que conoce Salas es el de su periodo conservador -vía Dumont- y no el radical posterior, como, puntualizarán los profesores Pedro Schwartz. Salas y Benigno Pendás, en este sentido, dirá que no querrá

aplicar los principios políticos de Bentham en nuestras nuevas y saludables instituciones, porque cualquiera que lea sus Tratados verá que es un enemigo de toda revolución (liberal) y lo que se propone es la reforma de las leyes secundarias… no hace gran caso de las leyes fundamentales o constitucionales, y aún asegura que un pueblo puede ser feliz con buenas leyes secundarias, sin que tenga parte alguna en la confección de ellas…. No hace mención de los derechos y deberes de los ciudadanos y solo habla de los privilegios concedidos por una autoridad… doctrina anti-social condenada por la opinión general del mundo sabio.

La Constitución se convierte, para Salas, de esta manera, en el resultado normativo de un contrato social entre hombres libres, revisable cuando la realidad cambie. Y una buena Constitución  será aquella en que el pueblo, titular de la soberanía, la establece libremente, pudiéndola modificar o sustituir sin límites y que, debe responder a principios previos, a criterios de utilidad y felicidad, y a supuestos técnico-jurídicos de coherencia, jerarquización y operatividad (brevedad y concisión). Con su enlace iusnaturalismo/positivismo, Salas condensará la respuesta normativa a la ideología de nuestro primer liberalismo.

Sobre los derechos y libertades, Salas asienta que en toda Constitución debe incluirse una expresa declaración de derechos, con garantías efectivas, lamentando que no se fijase en Cádiz. Con su individualismo liberal radical, en su defensa de la propiedad,  se alejará de Rousseau. La igualdad -dirá- si entra en conflicto con la propiedad, la igualdad debe ser sacrificada a la propiedad, ya que ésta es el más santo de todos los derechos. Sin embargo, recordando a sus admirados Beccaría y Rousseau, como utopía lejana, reconocerá que la propiedad es un terrible derecho, pero inevitable en una sociedad civil organizada. Insistirá siempre en la igualdad ante la ley, jurídica y política, de todos los ciudadanos, pero, con respecto a la igualdad económica, será reformista: llegar a una igualdad practicable y posible. Muy crítico será con respecto al latifundismo: clase devoradora lo denominará.

En todos los demás derechos y libertades -religiosa y política, sufragio, imprenta, reunión, asociación, petición- mantendrá un liberalismo coherente radical, e insistiendo en un garantismo puntual. De igual modo, en su defensa del jurado y en su oposición al art. 12 de la Constitución.

En relación a los poderes públicos, Salas asentará dos ideas fijas: que el poder viene del pueblo y que necesita limitación y controles, concretos y permanentes, evitando el despotismo y asegurando la estabilidad. Explícitamente, Salas no se manifestará republicano, pero en su imaginario teórico, el poder monárquico hereditario rompe la igualdad ante la ley y es un riesgo para la libertad. Los monarcas -afirmará- si no tienen funciones, son inútiles; y si las tienen, peligrosos. En gran medida, Salas participa de una corriente doctrinal muy extendida, en la que los iniciales Estados Unidos -joven república, sin privilegios históricos- se convierte en modelo, aunque no recogiendo el federalismo. El ideólogo Destutt de Tracy acompañará a Salas en esta dirección. Y de aquí la ampliación que hará a la tradicional división tripartita de poderes, añadiendo los poderes conservador y regulador: el monarca debe disponer de un poder, pero más simbólico que ejecutivo, ya que el efectivo deberá asentarse  en el Consejo de Ministros, utilizando esta denominación moderna y anunciando, así, una nueva conceptualización de la institución monárquica no-ejecutiva. Sin duda, el absolutismo de Fernando VII, no es ajeno al afianzamiento de este mensaje teórico pre-republicano y garantista del ejercicio limitado del poder ejecutivo.

En Salas, en fin, espíritu independiente, sus exégesis y comentarios tendrán gran lucidez crítica, pero también, elogios de fondo al texto gaditano: en ningún momento se desprende una intención oblícua o encubierta para socavar la naciente constitucionalidad. Su finalidad irá por un doble camino, técnico-jurídico e ideológico. Como positivista, ordenar coherentemente la jerarquización y diferenciación normativas; como iusnaturalista revolucionario, afianzar -con las reformas necesarias y urgentes- el naciente gobierno representativo liberal.

Jaumeandreu: El Curso elemental de Derecho Público

El Curso elemental de Derecho Público, de Eudaldo Jaumeandreu, aparece en Barcelona, en 1820, también en el Trienio Liberal. Por confusión, algunos autores, lo datan en 1836, pero, en realidad, en esta última fecha lo que aparece es una reedición. No sólo en el resto de España, sino también en Cataluña, Jaumeandreu es poco conocido y estudiado. Sin embargo, en su época, tendrá una presencia relevante por su vivere civile: divulgador de la Economía, fraile liberal, activista pro-Constitución, profesor extra-muros universitario, y, en fin, asesor de instituciones empresariales.

En Jaumeandreu, tanto por lo que se refiere a su fundamentación jurídico-política general, como a su análisis concreto del texto gaditano, habrá un dato recurrente: buscar una conciliación entre tradición y modernidad. En primer lugar, conciliar iusnaturalismo tradicional y iusnaturalismo ilustrado, deslizándose, de esta forma, hacia el liberalismo constitucionalista moderno. En cierta medida, se puede hablar de acomodamiento, artificio por otra parte frecuente, en cuanto, adaptar culturas jurídicas foráneas que, por su dudosa ortodoxia teológica, podrían implicar conflicto. El ejemplo de Bodino -autor clásico al que Jaumeandreu cita y se apoya- es bien conocido: cuando, a finales del siglo XVI, don Gaspar de Añastro, traduce sus Seis libros de la República, con esta precaución, dirá, que han sido enmendados catholicamente por él. Enmendar es, así, adaptar y, en el fondo, conciliar.

Partiendo de la concepción bodiniana de nación (conjunto de familias, gobierno recto, interés común, soberanía), lo enlazará con Locke y Vattel, buscando apoyo para, a su vez, ensamblar ley divina y razón, defender la sociabilidad humana y adentrarse en el nacimiento de la sociedad civil. Cuando surgen desencuentros, Jaumeandreu se evadirá, no planteando polémica. Así, con Locke, que será el autor con que abre su Curso, que lo sigue, comenta y copia, pero allí donde Locke avanza, concretiza y seculariza, nuestro fraile agustino tiende a la generalización y a providencializar. Con el iusnaturalismo protestante centro-europeo hará lo mismo (con Pufendorf, Wolff), siempre apareciendo la finalidad conciliatoria. El maestro Truyol y Serra, al hablar de Wolff, destacará que con su regalismo moderado explicaría en parte su aceptación en los países católicos. Jaumeandreu amplía esta perspectiva, ya que estos autores se encontraban en las bibliotecas universitarias o privadas españolas. En concreto, Vattel será, para Jaumeandreu, el más utilizado y de ayuda doctrinal: defensa del gobierno moderado, anti-arbitrariedad, la nación como persona moral, el monarca como alma de la sociedad, y, sobre todo, que a la sociedad le corresponde no solo su conservación, sino hacer las leyes. En cambio, sobre la tolerancia religiosa no habrá coincidencia, pero, en este punto, Jaumeandreu podrá prescindir de Vattel, de Bodino, o de Constant  ya que utilizará el asiento normativo de la propia Constitución de Cádiz, que fija la intolerancia religiosa como singularidad tradicional española. Jaumeandreu, aunque crítico de los sectores integristas católicos mayoritarios, opuestos al texto constitucional, sin embargo, su catolicismo liberal será muy moderado, pero, en su marco temporal, relevante.

En su acercamiento al concepto de Constitución, de igual modo, confluirán ideas tradicionales y modernas. En Jaumeandreu, como en Martínez Marina, desde luego, la intencionalidad finalista es liberal, pero resuena todavía el pasado y la ambivalencia del lenguaje utilizado lo pondrá de manifiesto: súbditos, autoridad del príncipe, leyes fundamentales se mezclan, es cierto, con soberanía nacional o, incluso, con el contrato social.

A pesar de ello, Jaumeandreu de forma explícita, se instala en el constitucionalismo, pero con una línea argumental muy diferente a la de Salas: la tradición histórica medieval aparece con él como legitimación y como el presupuesto para defender la Constitución gaditana. Su anterior acomodación filosófico-teológica da paso a otra adecuación, en este caso, histórico-jurídica. Si, para Salas, el gobierno representativo es un resultado de las luces y del racionalismo, en Jaumeandreu, el fundamento del Estado constitucional implantado en España, hay que referirlo a su pasado histórico medieval y no a la imaginación de los filósofos modernos. Afirmará así que las Cortes no crearon un derecho nuevo, sino que declararon lo que la nación esencialmente (es decir, la soberanía) tenía y que los reyes, desde la dinastía austriaca, lo habían usurpado. Todos los componentes del Estado liberal  se verán desde esta óptica idealizada de la Edad Media. Idealización instrumental que correrá pareja a la que los ilustrados hacían del modelo inglés o los liberales, del norteamericano. Con todo, en Jaumeandreu habrá realismo político: el pasado exige revisión y adaptación, y esto es, lo que hicieron, dirá, con buen sentido, los constituyentes de Cádiz. El planteamiento tradicional de un Lázaro de Dou queda, así, desplazado.

La exposición del texto constitucional, de forma sistemática, será, en Jaumeandreu, siempre elogiosa y sin apenas crítica: casi una apologética. En muchos aspectos, su coincidencia con Salas será grande: sobre las libertades, la imprenta, y el jurado, especialmente, y, sobre todo, el derecho de propiedad, la exaltación del comercio y de la industria, el rechazo del latifundismo y, como singularidad, propugnando, para el desarrollo nacional, una política económica proteccionista.

Señoras y señores:

En conclusión, nuestros dos protagonistas -Salas y Jaumeandreu-, por distintas vías, serán receptores y expositores de la primera modernidad constitucionalista liberal. Modernidad como resultado, de la confluencia de una tradición adaptada, de una ilustración con varias fuentes y, de igual modo, de unos liberalismos diferentes. Todo ello, con un fin muy explícito: defender y divulgar la Constitución de Cádiz. El profesor Claude Morange, señalará con agudeza que el liberalismo no nació adulto y, en efecto, tuvo trayectoria larga y compleja, con coherencias y contradicciones, avances y retrocesos, y, por ello, no producirá una, sino múltiples versiones. En Salas y Jaumeandreu, con sus diversos sincretismos, este planteamiento es claro, así como su finalidad objetiva. Y, de esta manera, la Constitución de 1812 se proyecta como un lugar de encuentro pragmático y, a la vez, un esperanzador nuevo punto de partida para consolidar y avanzar en esta primera modernidad. Si la inmediata historia, al restablecerse el segundo periodo absolutista, con la década ominosa, frustrará en unos años la continuidad constitucional, al menos nuestros protagonistas, como decía Althuser de Montesquieu, abrieron caminos para plantear futuras modernizaciones democráticas.”