España se blinda contra el dopaje de cara a un hipotético Madrid 2020

El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y de Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva, la conocida como ley Antidopaje, que el Gobierno considera como una de las fortalezas de la candidatura de Madrid para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a la que asistió también el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, la nueva ley Antidopaje, que será remitida ahora para su aprobación en las Cortes, es "mucho más amplia" que la anterior y tiene como objetivo dar una mayor "protección integral" a la salud del deportista y la adaptación de la legislación española al Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Wert afirmó que con esta norma se quiere terminar así con "la falta de contundencia ante esta plaga en el deporte", que tantas veces ha sido criticada fuera del país desde diferentes organismos internacionales.            

El proyecto de ley de la nueva ley antidopaje endurece las sanciones y da mayores competencias a la Agencia Estatal Antidopaje (AEA) para acabar con “la impresión de escasa contundencia en la lucha contra el dopaje” en España.

Así lo ha reconocido el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que ha asegurado que “la propia Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha puesto como ejemplo de legislación avanzada” el texto que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, “por su adaptación al código mundial y la incorporación de las técnicas más modernas para luchar con eficacia contra esta plaga en el deporte”.

Wert, que ha señalado que el Gobierno confía en que la ley entre en vigor en junio o julio próximos, ha definido la nueva norma como “la combinación entre garantía a los deportistas por un lado y rigor y exigencia en los controles y en las sanciones”.

El texto sigue sin considerar delito el consumo de sustancias dopantes por parte de los deportistas, pero endurece las sanciones -que en el caso de entrenadores, médicos o masajistas pueden llegar a multas de 400.000 euros- y da mayores competencias a la AEA, que pasará a llamarse Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y planificará y ejecutará los controles de dopaje.

La futura ley de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva otorga mayores competencias a la Agencia Estatal Antidopaje y mantiene que no se podrán hacer controles (aunque estos aumentarán) entre las 23:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente con el fin de respetar los derechos fundamentales de los deportistas y su dignidad.

Además, se crea un nuevo órgano, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, que sustituye al Comité Español de Disciplina Deportiva y que tendrá una sección especializada en dopaje.

La ley también prevé la colaboración entre las autoridades penales y las administrativas, ya que acoge la posibilidad de pedir las pruebas al juez, quien, sin tener obligación de darlas, sí deberá ofrecer una respuesta motivada y respetar el principio de proporcionalidad.

Además de en la lucha contra el dopaje, la ley pone el acento en la salud de los deportistas mediante un Plan de Apoyo a la Salud que tratará de determinar los riesgos y establecer las medidas de prevención necesarias y el fomento de la investigación especializada en materias tan sensibles como la muerte súbita.

La luz verde al proyecto de ley tiene lugar mientras se celebra en Madrid el juicio de la operación Puerto y en vísperas de la visita que, dentro de diez días, la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI) hará a la capital para examinar su candidatura a los Juegos de 2020.

El ministro Wert ha desvinculado la aprobación del texto de este último acontecimiento -”no es una ley para 15 días, sino para 15 años”-, pero se ha mostrado convencido de que la nueva normativa puede dar “una fortaleza extraordinaria” a la candidatura olímpica de Madrid.

En la misma línea, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, ha señalado que la ley “es una estupenda noticia para el reto de albergar los Juegos en 2020″ y que disipará “cualquier duda que pueda haber sobre el compromiso de España contra el dopaje”.

“Es una norma moderna que nos va a ayudar a cumplir con nuestros compromisos internacionales. Está en plena coherencia y alineada con el Código Mundial Antidopaje y es una noticia muy buena para que si alguien tiene alguna duda sobre nuestro compromiso contra el dopaje en el ámbito internacional quede disipada”, ha manifestado Cardenal a TVE.

Por su parte, la directora de la Agencia Estatal Antidopaje, Ana Muñoz, ha señalado en declaraciones a Efe que, en su opinión, “las dudas del compromiso de España en la lucha contra el dopaje están absolutamente disipadas”, pero que la ley “dará muy buenos resultados”.

Muñoz ha destacado las posibilidades de colaboración con la justicia penal que ofrece el nuevo texto, del que ha dicho que no merma “en absoluto” los derechos de los deportistas.

No obstante, autoriza esos controles en casos excepcionales, que deberán estar motivados y tendrán que ser comunicados al deportista en cuestión. De igual forma, aumentará la sanciones económicas hasta los 400.000 euros y creará el Tribunal Arbitral del Deporte, un órgano que sustituirá al Comité Español de Disciplina Deportiva con una sección especializada en dopaje.

Además, las sentencias del nuevo Tribunal de Arbitraje en el Deporte no podrán ser recurridas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), pues solo afectará a los deportistas y competiciones de ámbito nacional.

Entre otras novedades, el proyecto de ley facilita la colaboración entre las autoridades penales y las administrativas acogiendo la posibilidad de pedir las pruebas al juez, quien, sin tener obligación de darlas, sí deberá responder de forma motivada y respetar el principio de proporcionalidad.