Palos de ciego y reformas a granel

Parece que por fin la clase política y los órganos de propaganda de los distintos partidos (como lo es El País del PSOE) empiezan a darse cuenta de algo que venimos diciendo hace ya varios años y que figura en la cabecera de nuestra sección de opinión como el “Nuevo decálogo de la reforma democrática”. Así, a medida que el viejo buque de la transición se va hundiendo poco a poco en las aguas turbulentas de la crisis de la economía y del paro, bajo las que subyace la ciénaga de la corrupción, unos y otros empiezan a darse cuenta de que las malas reglas del juego político español y mal llamado “democrático” están, de manera decisiva, en el origen de la vigente crisis española que, además de la economía y el paro, lo es también de identidad e institucional. Pero intentando salvar la cara ante los ciudadanos se están dando muchos palos de ciego, y ofreciendo reformas “oportunistas” -como las de la lucha contra la corrupción- que no van al fondo del gran problema español.

Pero el grueso del Régimen decadente se resiste a considerar un cambio en profundidad de la situación y se esconde detrás del más que manoseado y falso vocablo de la “regeneración”, que tantas veces ha sido mentado en vano por los líderes políticos, cuando lo que hace falta es la “reforma democrática”. Y una reforma de calado como la que proponemos en Republica.com y no solo un simple retoque de la vigente ley electoral, medidas en contra del paro y la corrupción y la manida transparencia de los partidos políticos y poco más. Se trata sobre todo de pasar de la Partitocracia a la Democracia y todo ello implica y obliga varios cambios esenciales.

Empezando por un referéndum -aún pendiente desde el inicio de la transición- sobre Monarquía o República; y siguiendo por una verdadera separación de los poderes del Estado y no solo, como ahora ocurre, de sus funciones, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo que nos llevaría a un modelo presidencialista, con Monarquía o con República, porque un presidente del Ejecutivo elegido por el sufragio universal de todos los españoles, tendría una fuerza muy especial y el apoyo directo de una gran mayoría ciudadana, y quedaría apartado de los comicios legislativos y de los aparatos de los partidos (los que hoy “secuestran” la soberanía popular), tal y como ocurre con el vigente modelo de monarquía parlamentaria. Asimismo, ni el Ejecutivo ni el Legislativo deben intervenir en el nombramiento de los órganos gestores del Poder Judicial (que han de ser seleccionados por los cuerpos y asociaciones jurídicas del Estado), lo que finalmente nos llevaría a la ‘idílica’ separación de los poderes del Estado de Montesquieu. Y pondría en marcha los equilibrios y controles de los Poderes, reduciendo así, en gran manera, la autocracia y los casos de corrupción. Luego habrá que añadir la reforma de la ley electoral, y reformas que se refieren a la estructura autonómica y local del Estado.

Sobre estas últimas y la ley electoral, UPyD presentó hace días iniciativas y propuestas, y ayer El País también escribió de esto, pero en ninguno de los dos casos se abordan el referéndum sobre la forma de Estado, el presidencialismo y la separación de los poderes del Estado. Y si esto no se hace, las otras reformas serán escasas y no habrá garantías ni controles democráticos, que es lo esencial. Entre otras muchas cosas que también habría que retocar en esta esperada reforma política e institucional, lo que obligaría a un cambio del texto constitucional. Reformas que nosotros hemos incluido en nuestro propio decálogo, presentado y ampliado desde hace tres años y recordamos a continuación por si sirviera como un elemento de reflexión para esta urgente y necesaria reforma de la vida nacional.

Decálogo de Republica.com para la Reforma Democrática:

1. Ley Electoral. En primer lugar urge una reforma de la ley electoral, en favor de un modelo verdaderamente representativo con listas abiertas y elección directa de los primeros gobernantes y representantes del país: jefe del Ejecutivo, alcaldes y presidentes autonómicos, parlamentarios, concejales, etc. (España es el único país de nuestro entorno europeo que no elige directamente a ninguno de sus gobernantes ni representantes, porque todo pasa por las listas cerradas de los partidos). La prioridad de esta reforma de la ley electoral tiene como objetivo garantizar la elección de unas Cortes Constituyentes de nuevo cuño, ajenas al vigente modelo partitocrático que, en el caso de reproducirse, nos dejaría anclados en la situación anterior.

2. Reforma Constituyente. Concluida la reforma electoral, el Gobierno debe disolver las Cortes y convocar elecciones “constituyentes” para la reforma de la Constitución de 1978 y su posterior aprobación en Referéndum, en el que, además de la Carta Magna, se deberá de incluir una pregunta expresa sobre la elección de la forma del Estado, entre Monarquía y República.

3. Separación de los poderes del Estado. El nuevo texto constitucional debe garantizar, sobre todo, la separación real y efectiva de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que en la actualidad está reducida a la simple separación de funciones, para que de ello resulte el equilibrio y el control democrático de los poderes públicos. El Parlamento debe contar con una ley electoral representativa y abierta, y no intervendrá ni podrá nombrar al jefe del Ejecutivo como ocurre ahora. Los órganos rectores del Poder Judicial serán seleccionados con exigentes criterios de alta calidad, preparación y experiencia por el pleno de los cuerpos jurídicos del Estado, sin injerencia ni participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo (que son la misma cosa) como ocurre en la actualidad. Poniendo fin, de paso, a la dualidad y contradicción permanente entre los más altos tribunales del Estado, Constitucional y Supremo, en beneficio del Supremo que contará con una Sala Constitucional.

4. Presidencialismo. Tanto si los ciudadanos optan por la Monarquía como por la República, el Jefe del Poder Ejecutivo deberá ser elegido en unas elecciones exclusivamente presidenciales en el ámbito nacional, a dos vueltas, con lo que se habrá garantizado su independencia del poder Legislativo. En caso que la opción de Estado la elegida por los ciudadanos fuera la monarquía ésta pasaría de ser Parlamentaria a “Presidencialista”, y el presidente del Gobierno sería elegido directamente por todos los españoles en unas elecciones presidenciales. Mientras el Rey reduciría sus funciones a cuestiones representativas (y no tendría poderes e influencia en la vida política, ni en las Fuerzas Armadas o la política Exterior, ni una inmunidad superior a la parlamentaria). También se regularía el proceso sucesorio con la igualdad entre hombre y mujer y la eventualidad de una abdicación.

5. El Parlamento. Si el Senado no tiene competencias legislativas deberá desaparecer. El Congreso debe garantizar el derecho de palabra a todos los diputados con un nuevo Reglamento e impedir el mandato imperativo de los partidos políticos. Asimismo el Parlamento tendrá garantías, al margen de las mayorías, para la investigación independiente y permanente de la corrupción política y los abusos de poder, así como para depuración de las responsabilidades políticas de los gobernantes.

6. Calidad de los gobernantes. Los miembros del Gobierno, y altos cargos del Estado deberán ser examinados por el Parlamento antes de asumir sus funciones y una vez que se que dictamine su idoneidad para el cargo. Se creara una Alta Escuela de Funcionarios del Estado.

7. Comunidades Autónomas. Las Cortes Constituyentes deberán abordar la reforma en profundidad el vigente modelo territorial del Estado, en pos de reducción al mínimo posible y de la cohesión nacional. Asimismo se evitará mantener los cinco escalones administrativos del Estado: Estado, Gobierno, Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos. La Constitución expresamente dirá que el Estado, y en su nombre el Gobierno de la nación, no aceptará la deslealtad legal y constitucional de gobernantes autonómicos ni financiará (como ocurre en la actualidad) gobiernos y procesos secesionistas.

8. Financiación y control de organismos públicos. Los partidos políticos, los sindicatos y las fundaciones y organizaciones públicas y privadas (como la Iglesia Católica y otras confesiones) que emanan de la sociedad civil no pueden recibir financiación del Estado (salvo para el patrimonio cultural). Los partidos políticos deben hacer público el nivel de endeudamiento con la banca y entidades financieras. Todos los órganos regulatorios del Estado (Banco de España, CNMV, etc.) no pueden ser sometidos al poder Ejecutivo ni alterados por los intereses y las influencias de los grupos de presión y de los partidos políticos.

9. Universidad. El acceso a la enseñanza y Universidad debe garantizarse por el Estado de manera gratuita y sin ventaja alguna para los colectivos sociales económicamente más fuertes. Se deben recuperar cotas de máxima calidad para las Universidades españolas y de profesores y catedráticos, con unas oposiciones justas y verdaderas. La investigación científica y la tecnológica deben figurar entre las prioridades de la acción docente y en las políticas del Gobierno. El uso, público y privado y el aprendizaje del idioma español, o castellano, debe ser obligatorio en la enseñanza y en las administraciones, y ninguna otra lengua cooficial puede imponerse como vehicular o por encima de la lengua del Estado.

10. Libertad de Expresión. El Estado, y el Gobierno velarán por la garantía del pluralismo informativo y la libertad de expresión en medios públicos y privados y las redes sociales y los sistemas multimedia que se derivan de las nuevas tecnologías. Los grandes grupos de comunicación que disfrutan de concesiones del Estado han de hacer públicos su endeudamiento con la banca y entidades financieras.

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