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Las prejubilaciones, ofertadas hace apenas diez días para un máximo de 211 trabajadores hasta 61 años con el 70% del sueldo, finalmente serán 231 y habrá dos tramos, uno para trabajadores entre 53 y 56 años que percibirán un 80% del salario neto y otro con un 85% del sueldo para los mayores.
Además, se ha incrementado en dos años la edad prevista para el convenio especial para estos trabajadores, con lo que la empresa mantendrá la cotización a la Seguridad Social hasta los 63 años, y se ha logrado mantener las aportaciones a los planes de pensiones hasta esa misma edad.
También se ha acordado que los trabajadores de entre 50 y 53 años únicamente puedan verse afectados “de manera voluntaria”. “Se ha intentado proteger a los más mayores, que han sido los más beneficiados porque eran el colectivo más débil”, explican.
En el caso de las bajas incentivadas, para las que la dirección ofertó una indemnización con un tope de 18 meses para menores de 50 años y 24 meses para mayores de 50, se ha fijado en 30 días por año trabajado con un límite de 24 meses para los menores de 50 años y de 36 mensualidades para los mayores de esa edad. Asimismo una prima de voluntariedad entre 5.000 y 25.000 euros, en función de su antigüedad, y otros 2.000 euros adicionales por cada tres años completos trabajados que queden fuera de ese tope.
Notables mejoras en las indemnizaciones
De este modo, las indemnizaciones máximas para los afectados por el ERE se han fijado en 275.000 euros, por todos los conceptos, y se ha establecido que “nadie se irá con menos de 10.000 euros si tiene cinco años de antigüedad” y de 20.000 euros si supera esa cifra. Al respecto, los sindicatos inciden en que “se han mejorado sustancialmente las condiciones económicas del primer ERE”, que incluía indemnizaciones de 28 días por año trabajado con topes también inferiores y fijaba el límite total en 150.000 euros.
Según las mismas fuentes, se ha dejado fuera de este expediente a los trabajadores con una discapacidad superior al 33% o con hijos con ese mismo nivel de discapacidad acreditado, así como a las víctimas de violencia de género y a quienes se hubieran trasladado voluntariamente en el ERE anterior desde el área externa del banco, así como a los mayores de 50 años, que solo pueden salir voluntarios.
Banco de Valencia ya acometió el pasado año un expediente que afectó a 360 trabajadores, la mayoría prejubilaciones a partir de 58 años y medio y el resto, bajas incentivadas, a las que se unieron en enero las 51 salidas forzosas restantes.