No se trata sólo de la corrupción. El último barómetro del CIS (diciembre 2012) lo refleja, una vez más, claramente. Los políticos, los partidos y la política en general son, para los ciudadanos, el tercer problema del país por detrás del paro y la situación económica. Después viene la corrupción, algo que para muchos, cada vez más, es sinónimo de política. A ese estado de cosas hemos llegado. No hace mucho tiempo, esos dos apartados o no aparecían en el ránking o estaban en lugares no distinguidos.
No hay duda de que la crisis económica y el crecimiento paralelo del sufrimiento en capas crecientes de la población es un factor importante en este cambio. Pero el mal es mucho más profundo. No es coyuntural, es estructural. Cuando se inició la crisis económica en nuestro país, digamos año 2009, hubo voces entonces aisladas y ninguneadas, entre ellas la de un pequeño partido UPyD, que insistieron en la naturaleza integral de una crisis no sólo económica y social sino política, institucional y de valores. Encararla exigía y sigue exigiendo, cada vez con mayor intensidad y urgencia, una respuesta global que abarcase todos esos campos. Resumiendo, una regeneración democrática, imprescindible porque el modelo de convivencia definido por una transición mitificada y lastrada desde su origen no da más de sí.
La corrupción, estos días lamentablemente en el primer plano con, cronológicamente, los ERES andaluces, el “oasis catalán” y el caso PP-Bárcenas, es una manifestación más, seguramente la más impactante y dolorosa, de un fenómeno más amplio que es el de la ocupación de las instituciones, de todas ellas, por los dos partidos mayoritarios y por los nacionalistas, todos ellos sobredimensionados por el respaldo de los poderes fácticos, por la inercia social y por una ley electoral que falsea la voluntad popular. El resultado es una democracia cada vez más pobre, con inexistente separación e independencia de los tres poderes del Estado y con una ciudadanía cada vez más distanciada y cada vez más irritada y con razón. La corrupción, en sus diversas formas que abarcan desde el simple robo o el más desaforado nepotismo (la Diputación de Lugo es el caso más grosero pero ni mucho menos el único) hasta sueldos y privilegios notables pasando por financiaciones ilegales a partidos con cantidades que se quedan en el camino en bolsillos particulares, es ya una lacra. Casos muchos y bien conocidos, sobre todo tanto en el PP como en el PSOE y en CiU.
El ciudadano generaliza y dice que “todos los políticos son iguales”. Generalización explicable pero injusta. Ni todos son iguales ni los réprobos son mayoría. Pero lo que es verdad, y asumir esto es clave, es que la institucionalidad vigente, desde el funcionamiento interno y externo de los partidos mayoritarios hasta la normativa electoral (financiación, listas, mínima proporcionalidad) pasando por los poderes del Estado hasta llegar a la Constitución y el modelo de Estado no sirven ya. La transición está agotada.
Una consideración final: si este modelo fallido sigue subsistiendo es porque “no es solamente un tema de la clase política”, como a veces se afirma. Es mucho más amplio que eso. Es un tema del “establishment” del que forman parte decisiva los poderes económicos y los medios, en su mayor parte propiedad o dependientes de ellos. Esos son los principales “extractores de rentas” (según la terminología de Acemoglou y Williams). Todo esto marca la enormidad de la tarea a realizar para la imprescindible regeneración democrática.

Pablo Sebastián
José Oneto
Fernando Glez. Urbaneja
José Luis Manzanares
José Javaloyes
Primo González
Juan Fco. Martín Seco
Alberto Piris
Daniel Martín
Ignacio Sebastián de Erice
Fernando Fernández Román
Julián García Candau
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