EN BUSCA DE UNA DEMOCRACIA REAL

Nuevo decálogo democrático de Republica.com

España está inmersa en una crisis política, económica, moral e institucional y los españoles no podemos permanecer impasibles ante tan grave situación y a la espera de soluciones mágicas e imprevisibles. Los ciudadanos, cada vez más alejados de sus gobernantes y representantes, deben reaccionar con decididas iniciativas que exijan la reforma del vigente sistema político para la reforma de la vida democrática, recuperar el crecimiento de la economía y el empleo, reforzar la cohesión nacional y reponer el prestigio de España dentro y fuera de nuestro país.

Una grave crisis económica y social de España que desborda los seis millones de parados –un drama social y familiar con alta repercusión en los jóvenes- y nos sume en el deterioro de la vida pública donde se ofrecen múltiples casos de escasa competencia y calidad de muchos gobernantes (y los escándalos de corrupción masiva con problemas añadidos en las primeras instituciones del Estado, incluida la Corona) que han provocado un creciente alejamiento de los ciudadanos de la vida política al tiempo que empiezan a adivinar la fuerza paralela a las instituciones de los llamados “poderes fácticos” que, en clara connivencia con los jefes de los partidos políticos nacionales y con los grupos mediáticos de comunicación, han creado el nuevo Régimen hoy en decadencia y corresponsable de la situación.

Un panorama que impide vislumbrar un horizonte de dignidad, recuperación y esperanza, en el que han influido la crisis financiera internacional y también el obsoleto modelo productivo español –centrado en los sectores inmobiliario y de servicios-, pero donde se incluyen causas añadidas como las que se derivan del mal gobierno -o la corrupción- pero también el agotamiento del régimen político nacido de la transición y de su vigente sistema político partitocrático que obliga a una reforma urgente de la Constitución para pasar de una vez por todas de la “Transición” a la “Democracia”.

Lo que se debió de hacer tras el desafío del golpe de Estado del 23-F, cuando se dio por cerrado el proceso de “La Reconciliación nacional” (de la Guerra Civil) y se entró en un tiempo de normalidad, en el que las carencias de los pactos de la transición (la ausencia del periodo constituyente, la no efectiva separación de los poderes del Estado, y de un referéndum sobre la forma de Estado, Monarquía o República) deben superarse en un nuevo marco político y democrático, con inclusión de una ley electoral representativa que garantice la libertad política y evite el dominio de los aparatos de los partidos sobre la soberanía nacional.

Para superar estos importantes problemas y carencias democráticas, a las que se añaden otras sobre la calidad de gobernantes, los parlamentarios y las instituciones, consideramos necesaria una decidida reforma democrática y de la Constitución en España que incluya iniciativas y cambios “novedosos” como los que se presentan en este manifiesto de diez puntos que ahora ofrecemos a debate y consideración de nuestros lectores y de los colectivos interesados en la Reforma:

1. Ley Electoral. En primer lugar urge una reforma de la ley electoral, en favor de un modelo verdaderamente representativo con listas abiertas y elección directa de los primeros gobernantes y representantes del país: jefe del Ejecutivo, alcaldes y presidentes autonómicos, parlamentarios, concejales, etc. (España es el único país de nuestro entorno europeo que no elige directamente a ninguno de sus gobernantes ni representantes, porque todo pasa por las listas cerradas de los partidos). La prioridad de esta reforma de la ley electoral tiene como objetivo garantizar la elección de unas Cortes Constituyentes de nuevo cuño, ajenas al vigente modelo partitocrático que, en el caso de reproducirse, nos dejaría anclados en la situación anterior.

2. Reforma Constituyente. Concluida la reforma electoral, el Gobierno debe disolver las Cortes y convocar elecciones “constituyentes” para la reforma de la Constitución de 1978 y su posterior aprobación en Referéndum, en el que, además de la Carta Magna, se deberá de incluir una pregunta expresa sobre la elección de la forma del Estado, entre Monarquía y República.

3. Separación de los poderes del Estado. El nuevo texto constitucional debe garantizar, sobre todo, la separación real y efectiva de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que en la actualidad está reducida a la simple separación de funciones, para que de ello resulte el equilibrio y el control democrático de los poderes públicos. El Parlamento debe contar con una ley electoral representativa y abierta, y no intervendrá ni podrá nombrar al jefe del Ejecutivo como ocurre ahora. Los órganos rectores del Poder Judicial serán seleccionados con exigentes criterios de alta calidad, preparación y experiencia por el pleno de los cuerpos jurídicos del Estado, sin injerencia ni participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo (que son la misma cosa) como ocurre en la actualidad. Poniendo fin, de paso, a la dualidad y contradicción permanente entre los más altos tribunales del Estado, Constitucional y Supremo, en beneficio del Supremo que contará con una Sala Constitucional.

4. Presidencialismo. Tanto si los ciudadanos optan por la Monarquía como por la República, el Jefe del Poder Ejecutivo deberá ser elegido en unas elecciones exclusivamente presidenciales en el ámbito nacional, a dos vueltas, con lo que se habrá garantizado su independencia del poder Legislativo. En caso que la opción de Estado la elegida por los ciudadanos fuera la monarquía ésta pasaría de ser Parlamentaria a “Presidencialista”, y el presidente del Gobierno sería elegido directamente por todos los españoles en unas elecciones presidenciales. Mientras el Rey reduciría sus funciones a cuestiones representativas (y no tendría poderes e influencia en la vida política, ni en las Fuerzas Armadas o la política Exterior, ni una inmunidad superior a la parlamentaria). También se regularía el proceso sucesorio con la igualdad entre hombre y mujer y la eventualidad de una abdicación.

5. El Parlamento. Si el Senado no tiene competencias legislativas deberá desaparecer. El Congreso debe garantizar el derecho de palabra a todos los diputados con un nuevo Reglamento e impedir el mandato imperativo de los partidos políticos. Asimismo el Parlamento tendrá garantías, al margen de las mayorías, para la investigación independiente y permanente de la corrupción política y los abusos de poder, así como para depuración de las responsabilidades políticas de los gobernantes.

6. Calidad de los gobernantes. Los miembros del Gobierno, y altos cargos del Estado deberán ser examinados por el Parlamento antes de asumir sus funciones y una vez que se que dictamine su idoneidad para el cargo. Se creara una Alta Escuela de Funcionarios del Estado.

7. Comunidades Autónomas. Las Cortes Constituyentes deberán abordar la reforma en profundidad el vigente modelo territorial del Estado, en pos de reducción al mínimo posible y de la cohesión nacional. Asimismo se evitará mantener los cinco escalones administrativos del Estado: Estado, Gobierno, Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos. La Constitución expresamente dirá que el Estado, y en su nombre el Gobierno de la nación, no aceptará la deslealtad legal y constitucional de gobernantes autonómicos ni financiará (como ocurre en la actualidad) gobiernos y procesos secesionistas.

8. Financiación y control de organismos públicos. Los partidos políticos, los sindicatos y las fundaciones y organizaciones públicas y privadas (como la Iglesia Católica y otras confesiones) que emanan de la sociedad civil no pueden recibir financiación del Estado (salvo para el patrimonio cultural). Los partidos políticos deben hacer público el nivel de endeudamiento con la banca y entidades financieras. Todos los órganos regulatorios del Estado (Banco de España, CNMV, etc.) no pueden ser sometidos al poder Ejecutivo ni alterados por los intereses y las influencias de los grupos de presión y de los partidos políticos.

9. Universidad. El acceso a la enseñanza y Universidad debe garantizarse por el Estado de manera gratuita y sin ventaja alguna para los colectivos sociales económicamente más fuertes. Se debe recuperar cotas de máxima calidad para las Universidades españolas y de profesores y catedráticos, con unas oposiciones justas y verdaderas. La investigación científica y la tecnológica deben figurar entre las prioridades de la acción docente y en las políticas del Gobierno. El uso, público y privado y el aprendizaje del idioma español, o castellano, debe ser obligatorio en la enseñanza y en las administraciones, y ninguna otra lengua cooficial puede imponerse como vehicular o por encima de la lengua del Estado.

10. Libertad de Expresión. El Estado, y el Gobierno velarán por la garantía del pluralismo informativo y la libertad de expresión en medios públicos y privados y las redes sociales y los sistemas multimedia que se derivan de las nuevas tecnologías. Los grandes grupos de comunicación que disfrutan de concesiones del Estado han de hacer públicos su endeudamiento con la banca y entidades financieras.