El Decálogo Democrático

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España está inmersa en una seria crisis política, económica, moral e institucional (con desafíos secesionistas incluidos) y los españoles no pueden permanecer impasibles ante semejante situación a la espera de soluciones mágicas que nunca llegarán de las manos de aquellos gobernantes y representantes que nos han conducido a esta situación, de la que además ellos mismos son beneficiarios en menoscabo del interés general, la vida democrática, el bienestar, la solidaridad, el Estado de Derecho y disfrute de todas y cada una las libertades y derechos de los ciudadanos.

De ahí la importancia de las elecciones generales del próximo día 20 de diciembre en la que por primera vez van a participar, además de los partidos tradicionales del inicio de la transición, otras fuerzas políticas ‘emergentes’ como Podemos y Ciudadanos a nivel nacional, que propugnan cambios importantes en la Constitución, el sistema electoral y en las reglas del juego político e institucional. Así como profundas reformas en ámbitos económico y social o en la lucha contra la ‘corrupción ambiental del Estado’.

Como se ha podido apreciar en las citas electorales celebradas en la legislatura que se acaba (europeas de 2014 y andaluzas, municipales, autonómicas y catalanas de 2015) los ciudadanos han avisado al bipartidismo PP-PSOE de su deseo de un cambio radical que debe orientarse no hacia un modelo ‘regenerador’ de la vida pública sino hacia una Reforma Democrática en profundidad. La que exige cambios de importancia en el texto de la Constitución Española de 1978 para reconducir el vigente modelo oligárquico y partitocrático español hacia un sistema democrático, representativo y muy similar al de las grandes naciones de nuestro entorno europeo y occidental.

Se trata de pasar de la Transición a la Democracia. Una cuestión fundamental que los primeros partidos nacionales debieron llevar a cabo tras el golpe del 23-F, recuperando el ideal de la ‘ruptura democrática’ que se sacrificó al inicio de la Transición en pos de la reconciliación y de la recuperación de las libertades. Pero esta vez poniendo el acento en lo esencial de toda democracia como lo que se refiere a la necesaria separación de los Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Garantizando la independencia del poder político del muy influyente poder económico y financiero (‘el quinto poder’), y favoreciendo la viabilidad de la libertad de expresión e información, el llamado ‘cuarto poder’.

Con el deseo de colaborar en el debate de ‘Reforma Democrática’ desde República.com hemos seleccionado un decálogo de propuestas que, en nuestra opinión, han de estar con sus posibles alternativas y variantes, contempladas en el nuevo marco constitucional del que ofrecemos algunas propuestas  generales para su discusión y posible desarrollo.

1. Ley Electoral y pacto económico y social. Urge la reforma de la ley electoral, en favor de un modelo que prime la representación directa de los ciudadanos y la elección directa y por su nombre de principales gobernantes y representantes de la vida pública: Jefe del Ejecutivo, Alcaldes y Presidentes autonómicos, parlamentarios y concejales. España es el único país de nuestro entorno que no elige directamente a ¡ninguno! de sus gobernantes y representantes dado que todo pasa por las listas cerradas de los partidos). Son muchas las modalidades posibles y entre ellas, como se ha hecho en otros países europeos, se puede incluir normas que faciliten la estabilidad y gobernabilidad del país (elecciones a dos vueltas, o una prima de escaños para el partido ganador, etcétera).

La reforma de la ley electoral ha de ser acompañada de un gran pacto nacional por la recuperación económica y el empleo en la legislatura 2016-2020 con el objetivo de garantizar, en un ámbito de estabilidad económica y social, la elección de unas Cortes Constituyentes –que no existieron al inicio de la Transición- representativas del conjunto de la ciudadanía y ajenas a las que se derivan del actual modelo oligárquico y partitocrático.

2. Reforma Constituyente. Concluida la reforma electoral y pactado el modelo para la recuperación de la economía y el empleo, el Gobierno disolverá las Cortes y convocará elecciones “constituyentes” para la reforma de la Constitución de 1978 y su aprobación en Referéndum, en el que, además de la Carta Magna, se deberá de incluir una pregunta expresa sobre la elección de la forma del Estado, entre la Monarquía y la República.

3. Separación de los Poderes del Estado. El nuevo y futuro texto constitucional debe garantizar la separación efectiva de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que en la actualidad está reducida a la simple separación de sus funciones, para que de ello resulte el equilibrio y el control democrático de todos los poderes públicos y ahí incluido el llamado ‘cuarto poder’ relativo a los medios de comunicación públicos y privados.

El Estado, y el Gobierno velarán por la garantía y viabilidad del pluralismo informativo y libertad de expresión en medios públicos y privados, las redes sociales y los sistemas multimedia que se derivan de las nuevas tecnologías. Garantizando el reparto equitativo de publicidad institucional con los criterios de difusión, cultura y calidad. Los medios de comunicación del Estado no pueden estar controlados por los gobiernos de turno y sus responsables y directivos han de acreditar su independencia y valía profesional. Los grandes grupos de comunicación que disfrutan de concesiones del Estado no podrán especular con las concesiones públicas que volverán al Estado en el caso de que cese su explotación, por lo que no podrán ser vendidas o alquiladas a terceros.

4. La Justicia. En la reforma se ha de incluir la garantía e independencia de los órganos rectores del Poder Judicial mediante su elección -con exigentes criterios de alta calidad, preparación y experiencia- por el conjunto de los cuerpos jurídicos del Estado. Y sin injerencia en este proceso de los poderes Ejecutivo y Legislativo (que hoy son la misma cosa). Y todo ello poniendo fin a la dualidad y contradicción permanente entre los más altos tribunales del Estado, Constitucional y Supremo, revisando la posición de los Tribunales Superiores autonómicos las competencias de la Audiencia Nacional y a su vez garantizando la autonomía del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado.

5. El presidencialismo. La separación de los poderes Ejecutivo y Legislativo es la mas compleja y requiere del modelo Presidencialista, para que el Jefe del Ejecutivo –con la Monarquía o la República- sea elegido directamente por los ciudadanos de manera ‘mayoritaria’ y con el sufragio universal (a dos vueltas si nadie obtiene la mayoría absoluta en primera votación), lo que implicará la participación de todos los españoles en el nombramiento del Jefe del Ejecutivo. Como consecuencia de ello el Presidente y Jefe del Ejecutivo deberá de constituir un Gobierno –con o sin Primer Ministro- con el apoyo de su partido, o con coaliciones afines, e incluso con partidos de ‘su’ oposición siguiendo el modelo de lo que se ha llamado en Francia la ‘cohabitación’.

En otras elecciones, estas sí legislativas, se votarán a los representantes del Parlamento bajo la normativa de la nueva ley electoral con una sola Cámara legislativa, el Congreso de los Diputados, mientras el Senado debe convertirse en Cámara territorial.

6. Presidencialismo y La Corona. El modelo presidencial constituye además, en lo que afecta a La Corona, un modelo de estabilidad que permitiría a la Monarquía asumir las funciones de representatividad en lo que a la Tradición y la Historia española se refiere, y funciones representativas –no ejecutivas- en el Ejército y en la Diplomacia, de manera especial en América. Asimismo, habrá que regular por ley las funciones del monarca y el estatus de la Corona y la Familia Real, así como la igualdad de derechos sucesorios entre el hombre y la mujer y lo relativo a posibles casos de Regencia o de Abdicación.

7. El Parlamento. El Congreso debe garantizar el derecho de palabra y de la libertad de voto de los diputados con un nuevo Reglamento  que impida -y no como ahora ocurre- ‘el mandato imperativo’ de los jefes de los partidos políticos. Asimismo el Parlamento tendrá garantías, al margen de la mayoría gobernante, de investigación independiente de cuestiones como la corrupción o presuntos abusos de los gobernantes. Y se exigirá a representantes y gobernantes la asunción y depuración de responsabilidades políticas al margen de las administrativas y judiciales (un código de ética política). Se eliminarán los aforamientos masivos de parlamentarios y altos cargos, con la excepción de algunos que afectan a la figura del Rey (sin inviolabilidad), Presidente del Gobierno y ministros en ejercicio.

8. Partidos y calidad de los gobernantes. Los Partidos deben, mediante la reforma de la Ley de Partidos reformar su actual sistema de organización democrática, dando paso a unos procesos de elección directa por sus bases de los dirigentes y los candidatos, para evitar abusos de poder orgánicos y el control de compromisarios o grupos de presión. A la vez se incluirán garantías de transparencia y el control de sus órganos directivos y de sus finanzas.

Por otra parte, los miembros del Gobierno y sus altos cargos y autoridades del Estado (Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, CNMV, Gobernador del Banco de España y embajadores del ‘primer nivel’, etcétera) deberán ser examinados por una Comisión del Parlamento antes de asumir sus funciones para que se que dictamine su idoneidad para el cargo. Ex ministros del Gobierno y ex altos cargos podrán trabajar, tras un periodo de incompatibilidad, como directivos o empleados en empresas de su especialidad, pero no ser nombrados Consejeros ni empleados ‘fantasmas’ como escandalosamente ocurre en la actualidad con las llamadas ‘puertas giratorias’.

Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las fundaciones y organizaciones privadas (como la Iglesia Católica y otras religiones) que emanan de la sociedad civil no podrán recibir la financiación del Estado (salvo en lo relativo a la asistencia social y al patrimonio cultural) ni disfrutar de excepciones en la fiscalidad.

9. El modelo territorial. Las Cortes Constituyentes reformarán el vigente y ahora muy deteriorado modelo territorial y autonómico del Estado sobre la base de la igualdad y la solidaridad, así como del pluralismo y las distintas identidades políticas y culturales de cada región. Un debate al día de hoy muy complejo por errores originales del modelo actual que debería incluir la reducción del número de Autonomías y la reubicación de las suprimidas en un marco federal.

Asimismo se abordará la organización territorial del Estado relativa, por ejemplo, a la Diputaciones, Provincias y circunscripciones electorales. Así como la conversión del Senado en Cámara territorial y la revisión equitativa del actual modelo de financiación autonómica, incluido el debate de los fueros y el concierto fiscal de algunas autonomías, que están fuera del ordenamiento jurídico de la UE y constituyen una clara vulneración del principio de igualdad y de solidaridad.

La Constitución claramente expresará que el Estado,y en su nombre el Gobierno de la nación, no consentirán la deslealtad constitucional o el ataque a la unidad nacional ni a los símbolos del Estado –que se han de consensuar de manera definitiva- ni la violación de la legalidad por gobernantes nacionales o autonómicos o locales ni por cualquier institución, entidad privada o persona física.

10. Universidad y la Alta Escuela. El acceso a la enseñanza y la Universidad debe garantizarse por el Estado de manera gratuita y sin ventaja alguna para los colectivos sociales económicamente más fuertes. Se debe recuperar cotas de máxima calidad para las Universidades españolas y de profesores y catedráticos, con unas oposiciones justas y verdaderas. La investigación científica y tecnológica deben figurar como prioridades de la acción docente y la asignatura de Historia del país debe ser única e inequívoca en el conjunto del Estado. El uso, público y privado y el aprendizaje del idioma español, o castellano, debe ser obligatorio en la enseñanza y en las administraciones, y ninguna otra lengua cooficial puede imponerse como por encima de la lengua oficial del Estado.

El Estado en colaboración estrecha con Universidades públicas y privadas españolas y americanas promocionará una gran Universidad Hispana con proyección especial en la América de habla hispana (Latinoamérica y EE.UU.) y con la máxima calidad.

Asimismo se creará una Alta Escuela de Funcionarios del Estado para la formación de los altos Cuerpos y funcionarios del Estado, como diplomáticos, registradores, notarios, técnicos comerciales, de turismo, interventores, etcétera, abierta también a las naciones latinoamericanas. Una alta escuela de funcionarios estatales como las que existen en otros países europeos y occidentales.