El clavo

La justicia del prójimo, con minúscula

José Luis Manzanares

La justicia del prójimo, de todos los prójimos, parece infringir con frecuencia principios tan esenciales como los de humanidad y resocialización. Hay que recordar que nuestra Justicia -ahora con mayúscula- es la mejor del mundo, al igual que tenemos el mejor servicio sanitario, la mejor educación pública y la generación de jóvenes mejor preparados para el triunfo dentro y -me temo- fuera de España. No importa que nuestro sistema financiero, también hasta ayer mismo el mejor del mundo mundial (Zapatero dixit), haya perdido algunos puntos mientras se reestructura para volver a serlo tras superar esta crisis de sano crecimiento.

Eso de que en corrupción competimos con Botswana es una de las numerosas patrañas puestas en circulación por los herederos de aquella conspiración judeomasónica que tanto daño nos hizo en los tiempos de Franco. Los mismos que se empeñan en actualizar la leyenda negra propagando especies tan disparatadas como que un prohombre socialista denunció en el Parlamento Catalán el cobro generalizado de una comisión del 3% en las contrataciones del Gobierno de Convergencia, sin que un solo juez, fiscal o miembro de la policía judicial se diera por aludido. Una falacia inimaginable siquiera en aquel país africano.

Durante muchos años, la detención -y no digamos la condena- de un camionero español en Marruecos se debía siempre a la arbitraria persecución de un inocente, víctima de componendas entre los narcotraficantes y la policía de un país corrupto. Por el contrario, su detención en una carretera andaluza ya no suscitaría rechazo alguno. Algo similar ocurría con algunos ingenuos turistas españoles en Thailandia, donde, como todo el mundo sabe, gustan de introducir cocaína en los equipajes de los extranjeros para poder meterlos después en la cárcel. Naturalmente, también aquí las cosas variaban si los viajeros eran detenidos de regreso en Barajas. Los jueces españoles no suelen creer en los camellos de buena fe.

Y ahí están los Estados Unidos de Norteamérica, donde la pena capital se aplica con frecuencia a personas inocentes. No es que la nacionalidad española del condenado reafirme nuestra oposición a la pena capital, lo que sería muy razonable, o que, cuando se condena a un español, pidamos un nuevo juicio por falta de garantías en el anterior o para aportar nuevas pruebas, o que solicitemos el indulto de esa pena a cambio de una prisión temporal (cosa que nunca hacemos). No, de ninguna manera. Lo que exigimos es que se reconozca la inocencia absoluta del compatriota. La absolución final por insuficiencia de pruebas, si se produjese, no será nunca interpretada como una consecuencia del “in dubio pro reo”, sino como el reconocimiento positivo de que ese señor fue perseguido caprichosamente, tal vez por racismo encubierto.

O Cuba, un país en el que, además de utilizar la pena de muerte como instrumento político, se atreven a condenar por dos homicidios imprudentes al español que conducía el vehículo que se salió de la carretera. No importa que la pena sea similar a la prevista en el artículo 142 de nuestro Código Penal. Ni tampoco el absurdo de que los dirigentes cubanos, en lugar de agradecerle las muertes, aunque involuntarias, de dos destacados miembros de la oposición, se hayan ensañado con él. Ni lo disparatado de que, para asesinar por su cuenta, el régimen castrista busque la presencia de dos cualificados testigos extranjeros, uno español y otro sueco. Es asimismo mucha casualidad que el ahora condenado estuviera a punto de perder el permiso español de conducción por su continuado mal comportamiento en la vía pública (dicho sea esto cuando ya no puede perjudicarle en La Habana). Se habla gratuitamente de torturas y hasta se ha pedido que, faltando a nuestro compromiso internacional respecto al cumplimiento de la pena en España, se indulte sin más al señor Carromero para corregir el entuerto caribeño.

Pero no hay que irse a otros continentes. Los ingleses, franceses, italianos, alemanes, austriacos y un largo etcétera consideran que un asesino como el de esa niña de 18 meses en la provincia de Almería, quizá merezca la prisión perpetua conforme al principio de proporcionalidad, lo que no impediría, sin embargo, su excarcelación tras diez o quince años si hubiese un pronóstico serio de reinserción social. Que un criminal de esta calaña pueda estar pronto en la calle, disfrutando de un tercer grado sin apenas control, sólo evidenciaría el buen funcionamiento de nuestro sistema penitenciario de individualización científica a la carta. La comisión de un nuevo asesinato se debería, en su caso, a un desafortunado pero disculpable error humano en el pronóstico resocializador. Las reclamaciones se dirigirían, como de costumbre, al maestro armero. Nuestra Justicia es, sobre todo en el ámbito penal, la mejor del mundo. Puede que arrastre algún defectillo, como su enorme retraso, o que algunos paladines de nuestra corrupción al más alto nivel no pasen siquiera un par de horas en una comisaría, pero todo eso es “pecata minuta”. La proclamación de los grandes principios se nos da mejor que a nadie.