Crónicas liberales

Los políticos, grave problema

Manuel Martín Ferrand

Cuando en Europa se llevaban todavía los políticos dotados de una inmensa personalidad, el británico Sir Anthony Eden era el más elegante de todos ellos. Sus chaquetas cruzadas, como con desdén, han pasado a la historia del vestuario masculino y sus maneras, virilmente delicadas, se reseñan en todas las crónicas de su tiempo. Políticamente fue un hombre discutido, algo inevitable tratándose de un conservador de pura cepa. Colaborador indispensable para Winston Churchill le sucedió como primer ministro en 1955. En sus difíciles años como responsable de Asuntos Exteriores, entre 1940 y 1945, solía contar a sus invitados en Londres que, anteriormente, había un pastor anglicano adscrito al Parlamento. Cuando le preguntaban la razón de tan piadosa contratación, Eden miraba hacia lo alto, suspiraba y aclaraba a sus interlocutores: “Asistía a las sesiones, escuchaba los debates y rogaba después por la salvación de la patria”.

José María Aznar acaba de asomarse a las páginas de El Mundo para someterse a una entrevista promocional de la primera entrega de sus memorias, recién aparecidas. Hacía tiempo que el ex que no termina de serlo no se explayaba tan generosamente en respuesta a un cuestionario periodístico. Para empezar con un aquí-estoy-yo, dice Aznar que atravesamos por uno de los momentos “más desalentadores” desde el inicio de la Transición. Se queda corto. Y añade que “por primera vez en la democracia los políticos se han convertido en un problema grave para el país”.

Quizás los políticos sean la parte visible, la fachada, del gigantesco y dilapidador edificio en que se ha convertido un Estado que, tras anular la iniciativa privada en la obsesión socialdemócrata mantenida, de facto, por los dos grandes partidos, ha provocado un enjambre autonómico en el que todos los excesos tienen asiento y financiación.

Los políticos son “un problema grave”, como dice Aznar; pero no por una inevitable forza del destino, sino gracias a un patrón constitucional y una norma electoral que, en función de las listas cerradas y bloqueadas, propician una escasa representatividad de los elegidos al tiempo que anula su responsabilidad frente a los electores.

Tenemos en España, además de tres millones y pico de funcionaros y empleados públicos – una casta privilegiada por las circunstancias que establece la crisis para el trabajo privado -, más de un millón de “profesionales” de la política.

Se incluyen en ese lote, además de todos los cargos electos y designados en las instituciones del Estado, los de las Autonomías, las Diputaciones, los cabildos insulares y sus equivalente comarcales, los Ayuntamientos, las confederaciones municipales y la inacabable lista de “consejeros”, “asesores” y otros ganapanes que cada líder, grande o pequeño, lleva consigo. Además, los profesionales y liberados sindicales, los empleados de los partidos políticos y, suma y sigue, hasta llegar al millón antedicho.

Los políticos son, además, una carga. Como lo es, tanto en su condición de causa como en la de consecuencia, el hiperdimensionado tamaño de lo público. De ahí lo incomprensible de muchas de las actuaciones del jefe del Ejecutivo.

Marino Rajoy, después de haber anunciado formalmente que subiría las pensiones sin ningún recorte a lo que marca la ley, superadas las últimas elecciones autonómicas, acaba de moderar el incremento previsto por razones, señalan sus voceros, que vienen impuestas por la necesidad. ¿Tanto ha cambiado el panorama en los últimos dos meses como para un tan vertiginoso cambio de actitud. O nos engaña o no se entera, y no sabría yo señalar la peor de las opciones. También cabe que ni lo uno ni lo otro, que eso es el rajoyismo, dejar pasar el tiempo para que todo se arregle por sí mismo, algo que no ha sucedido desde el Diluvio Universal. Recorta Rajoy en las pensiones, lo que estaría bien y habría que aplaudirle si, previamente, hubiera recortado todo lo posible los gastos superfluos del Estado, que siguen siendo muchos y de elevada cuantía.

El diagnóstico de Aznar, incuestionable, se agiganta en su proyección autonómica y no tendrá remedio mientras no se acometa decididamente la reforma constitucional que demanda la situación. Claro que, como decía al principio, ya no hay políticos con personalidad y elegancia. Son, salvo excepciones que apenas conozco, empleados de un aparato que no tiene como prioridad real el servicio al Estado en beneficio de la Nación.

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