Ya sabemos el castigo que han aplicado los electores de País Vasco y Galicia a la gestión económica de Rajoy. Si verdaderamente existe una relación directa entre ambas cuestiones, cosa que no es fácil asegurar, Rajoy ha salido con buena nota y se puede decir que tiene las manos libres para profundizar sus políticas de corrección de la economía. Faltan los resultados de la tercera de las consultas regionales previstas para este otoño, la de Cataluña, a finales de noviembre, en la que el factor político soberanista quizás nuble de forma significativa cualquier otra lectura, por lo que sería recomendable actuar ya, sin esperar a tanta certidumbre, ya que nunca el voto del 25 de noviembre va a suministrar evidencias completas en esta cuestión. Los electores, sobre todo en Galicia, no han puesto al Gobierno precisamente contra las cuerdas. Falta saber si este aparente refuerzo de su posición se traducirá en un menor miedo a pedir el rescate o, por el contrario, le fortalecerá para seguir adelante sin el apoyo financiero de la EU, como si la confianza en la deuda española hubiera salido fortalecida tras los recientes resultados electorales.
La estrategia más acertada posiblemente sea la primera, ya que el estado actual de la prima de riesgo (este lunes ha aumentado ligeramente, aunque se mantiene por debajo de los 400 puntos básicos) parece dar por descontado que España va a solicitar el rescate. Si no lo hace, corre el peligro de que los mercados le den la espalda.
Esta duda es la que ahora mismo está en el aire. Los expertos consideran que sólo con un apoyo sustantivo del mecanismos de apoyo europeo y del BCE, ambos simultáneamente (uno por vía de un crédito a largo plazo, el otro mediante la compra masiva de deuda española en el mercado secundario) España logrará reconducir la prima de riesgo de forma sustancial a la baja, de manera que se haga factible una financiación más fluida y sobre todo más barata. Sería, en términos financieros y presupuestarios, un salto considerable ya que contribuiría a reducir la factura de nuestro endeudamiento exterior y a facilitar el logro de los objetivos de déficit pactados con Bruselas. En caso de que la prima de riesgo no baje de forma sustancial, hasta la zona de los 250 puntos básicos, España tendrá serios problemas para reducir el coste de la deuda exterior y para cumplir los objetivos de déficit, según las estimaciones más generalizadas.
Una de las valoraciones que se pueden extraer de la benévola votación de esta fin de semana hacia el Gobierno, en especial en Galicia, en donde el examen del Gobierno de Rajoy parecía más desprovisto de adherencias externas, es la de que los márgenes de tolerancia no van a ser eternos ni siquiera muy dilatados. La necesidad de que el Gobierno acometa cuanto antes decisiones que pueden desencadenar efectos virtuosos sobre la economía no sólo viene exigida por cálculos electorales (las elecciones catalanas, de las que resulta inútil esperar un veredicto que refuerce la valoración de Rajoy como buen gestor de la economía, ya que en estas elecciones el foco está puesto en otra dirección, la del plebiscito nacionalista), sino por el propio estado de impaciencia en el que se está desenvolviendo la sociedad española. Un 25% de tasa de paro implica demasiada gente en el desempleo durante demasiado tiempo. Rajoy no debería seguir mirando solamente el calendario político, también debería tener en cuenta la urgencia en salir de la parálisis económica, implementando medidas de apoyo a la actividad con la mayor urgencia posible. Es en este aspecto en el que la resolución de la eterna duda del rescate adquiere una urgencia de la más alta consideración.