Los funcionarios secundarán la huelga general del próximo 14 de noviembre

La Plataforma sindical y de asociaciones profesionales de empleados públicos ha optado este miércoles por apoyar la convocatoria de una huelga general por parte de la Cumbre Social, aunque el sindicato de funcionarios CSI-F aún no ha tomado una decisión al respecto. La Plataforma está formada por más de treinta organizaciones de diversos ámbitos de la función pública, entre ellos las federaciones del ámbito público de CCOO, UGT y USO, además del sindicato de funcionarios CSI-F.

El presidente del Sector de la Administración Central y Seguridad Social del sindicato de funcionarios CSI-F, Francisco Camarillo, ha explicado que los órganos decisorios de su organización valorarán la opción de la huelga general la próxima semana.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, ha indicado que la ejecutiva de la federación que dirige ya ha tomado la decisión favorable a la huelga general y la trasladará al Consejo Confederal de CCOO, que se celebrará el viernes por la mañana.

Además, la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Mari Carmen Barrera, ha puntualizado que la plataforma, “no sólo apoya la huelga, sino que es parte integrante” de ella.

Desde Unión Sindical Obrera (USO), el secretario general de Empleo Público, Luis Deleito, ha indicado que algunos subconsejos del sindicato y la federación que dirige también optaron por apoyar las movilizaciones, “incluso la huelga”, ha concretado.

Los miembros de la plataforma, además, han mostrado su descontento con la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que les ha comunicado que no recurrirá al Constitucional las medidas del decreto ley del 13 de julio que afectan a los empleados públicos, como los sindicatos habían solicitado.

Según Fossoul, la respuesta de Becerril les ha “decepcionado”, entre otras cosas, porque les remite a la web de la institución para conocer las razones por las que no ha elevado el recurso de inconstitucionalidad.

Según ha explicado, la plataforma ha acordado dirigirse a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar la “violación de los derechos sindicales”.

Los sindicatos también acudirán a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para pedirles que intervengan “ante los ataques a los empleados públicos”, ha asegurado Fossoul.