Denuncia de The Guardian

La prohibición de publicar las cartas de Carlos de Inglaterra al Gobierno desata la polémica en el Reino Unido

El fiscal general del Reino Unido es decir, el Gobierno británico. ha prohibido la publicación de 27 cartas enviadas entre 2004 y 2005 por el príncipe Carlos a diferentes gobernantes porque lo contrario pondría en peligro su papel de futuro rey. Dominic Grieve entiende que si salen a la luz esas misivas, que forman parte de “su preparación para reinar”, se rompería el principio de neutralidad. El asunto de las misivas del heredero de la Corona británica ha desencadenado toda una polémica no solo sobre el derecho a la información sino, y sobre todo, sobre la competencia de un miembro de la Familia Real para influir en las acciones del Gobierno. Los partidarios de su publicación aducen que es el Príncipe quien ha roto el principio de neutralidad que debe presidir las actuaciones de la Jefatura del Estado.

Un periodista del diario The Guardian, Rob Evans, intenta acceder desde hace siete años al contenido de las cartas alegando que son de interés público. De hecho, hace un mes tres jueces de la Cámara de Apelaciones le diron la razón y autorizaron la publicación de 27 de las 30 cartas remitidas por Carlos de Inglaterra a siete departamentos ministeriales, entre 2004 y 2005, cuando Tony Blair era primer ministro. Los jueces ampararon su decisión en el derecho de los ciudadanos a saber cómo el príncipe trata de “influir” en el Gobierno.

El fiscal general, sin embargo, ha llegado a la conclusión exactamente contraria. “En resumen”, sintetiza en una nota en la que explica las razones de su veto, “mi decisión se basa en mi opinión de que la correspondencia formaba parte de la preparación del príncipe de Gales para ser rey”. Y argumenta que “el príncipe de Gales dio pie a esa correspondencia con los ministros en la creencia de que sería confidencial. Hacer pública la correspondencia podría dañar la capacidad del príncipe de Gales para ejercer sus obligaciones cuando sea rey”. Además, señala que se trata de una materia de la más alta importancia “dentro de nuestro marco constitucional” y que “el príncipe es una figura políticamente neutral capaz de mantener una relación con el Gobierno de turno, independientemente de su color político”

Katy Clark, diputada laborista que se declara favorable a un jefe de Estado electo, se ha sentido horrorizada por la decisión del fiscal general en tanto en cuanto permitirá que siga oculta la dimensión de la influencia que el Príncipe de Gales haya podido ejercer en determinadas decisiones del Gobierno, decisiones políticas en las que, según recuerda la diputada, “Carlos no tiene ninguna experiencia”. .

El diario The Guardian ha asegurado que piensa intentar llevar el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia. La publicación de esas cartas apoyándose en la Ley de Libertad de Información fue inicialmente denegada por el Comisario de Información, autorizada luego por la Cámara Administrativa de Apelaciones y vetada de nuevo por el Gobierno a través del fiscal general.