2º día del 'macrojuicio' del Prestige

La Fiscalía rechaza la suspensión por la ausencia de la armadora a la que acusa de evitar ser “enjuiciada”

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha rechazado la suspensión del juicio por la catástrofe marítima del 'Prestige', solicitada por el abogado del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, al entender que su ausencia obedece a un intento de "evitar ser enjuiciada por los tribunales españoles". "Es la armadora la que huye del juicio", ha asegurado el fiscal del caso que se ha mostrado muy duro con los representantes de los propietarios del petrolero. "Es difícil imaginar que desconozcan que se celebra este juicio", ha ironizado y ha señalado que si se tratará de un proceso civil y no penal sería declarada "en rebeldía". Álvaro García Ortiz apuesta por continuar con la vista y resolver este asunto en la sentencia.

En la segunda sesión del juicio, el fiscal, que no se ha opuesto a la proposición de prueba planteada por las partes apelando a la “generosidad” para evitar que se esgriman posibles “indefensiones”, ha tildado de “exagerado” que por parte de la defensa del capitán se haya aireado una “conspiración” contra Mangouras por parte del Gobierno tras el siniestro.

El martes, día en que se inició el ‘macrojuicio’ el Ministerio Fiscal reclamó indemnizaciones por los daños causados por la ‘marea negra’ que provocó el hundimiento del Prestige en 2002 que suman más de 4.000 millones de euros, una cantidad notablemente superior a la solicitada inicialmente. García Ortiz justificó esta petición en un informe elaborado por expertos de la Universidad de Santiago de Compostela bajo la dirección de María Loureiro, que fija el alcance de los daños en 3.862,42 millones sólo para España, a los que habría que sumar las compensaciones para Francia. En total, dicho informe, que la Fiscalía considera “uno de los más completos estudios mundiales de evaluación del daño ambiental”, cuantifica la catástrofe causada por el vertido de 64.000 toneladas de fueloil pesado en 4.121,64 millones, frente a los 2.233,76 reclamados inicialmente.

Los expertos consideran que esa es la cuantía económica adecuada para compensar los notables daños causados por el vertido, especialmente en sectores como el pesquero en uno de los principales caladeros del Atlántico, que quedó afectado durante años y registró un notable descenso de las capturas.

En el juicio está acusado el capitán del barco, el griego Apostolos Manguras, de 76 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia. Los mismos delitos se les imputan a otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas. Si en algún momento Maloto fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados.

En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, ex director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.

Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.

La reclamación total por daños y perjuicios, a la vista de la prueba pericial presentada por la Fiscalía, deberá ser ahora fijada por el tribunal encargado de enjuiciar la causa, que está formado por Juan Luis Pía Iglesias, que será además el ponente; Salvador Sanz Crego y María Dolores Fernández Galiño, que tienen previsto dictar sentencia en septiembre de 2013. Además de la del Ministerio Fiscal, se formulan otras 51 acusaciones que representan a más de 1.500 entidades públicas, asociaciones, cofradías de pescadores, empresas privadas y personas físicas contra los tres acusados presentes en el juicio.

Las defensas de los tres acusados rechazan los argumentos de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, y en el caso el capitán del “Prestige” entiende que sólo se le pueden imponer penas pecunarias, mientras que los letrados que representan a Argyropoulos y a López Sors consideran que no son autores de ningún delito y que procede su libre absolución. El abogado de Manguras, José María Ruiz Soroa, ha llegado incluso a solicitar la “nulidad” de la causa porque, ha recalcado, no se “garantizaron derechos fundamentales” de su patrocinado y considera que ha estado viciada desde el comienzo.

El Estado español, en su escrito de calificación como responsable civil subsidiario, se remite al escrito de defensa de López Sors y entiende que al carecer el ex director general de la Marina Mercante de responsabilidad no existe ninguna responsabilidad civil a su cargo.