Urgiría un arbitraje de opinión pública, una encuesta de urgencia, sobre las palabras del ministro Wert, titular de Educación, en lo de “españolizar” los niños de Cataluña. Una consulta demoscópica no necesariamente sobre el “arbitraje” de la desmentida disconformidad del Rey en torno a tales palabras, pues no tienen éstas sólo la lectura que ha hecho de las mismas el nacionalismo gobernante en el Principado.
Es este nacionalismo una casta política que agrede de continuo, en lo que toca a la Enseñanza, a la igualdad ante la ley de los españoles todos en Cataluña. Y lo hace lo mismo desde este Gobierno que preside el separatista Mas que con los otros. Ha sido lo suyo en los nacionalistas catalanes, de manera frontal y sin ambages, pasarse la legalidad constitucional y la ley ordinaria por el mismísimo arco de triunfo. Importándoseles una higa los tribunales de Justicia del más diverso rango.
Y frente a eso, desde el Madrid de los primeros tiempos de Zapatero, que les dio tantas alas que dejaron chico el primer error del primer Azaña. Y por inercia de la locura de Zapatero, apenas se ha rechistado en los últimos años de su gestión. Tampoco en los últimos meses por razones de zoco parlamentario. Todo ha sido tragar y consentir para que “hubiera paz”, incluso, por vía de omisión más que culposa, pasándole la mano por el lomo una y otra vez, a todo cuanto abarca el cuatribarrismo estelado. Hasta tal punto de que el sistema democrático y constitucional, aprobado en su día por el pueblo español, ha sido subvertido en Cataluña. Desplazado de hecho por un régimen nacionalista de lacerante amplitud y creciente profundidad.
Al socaire de una situación de hecho así, contra el derecho, ha crecido una suerte de ortodoxia política alternativa que a estas horas, especialmente para la clase política de un concreto catalanismo, no parece caber otra cosa que la displicencia chulesca ante cualquier referencia cotidiana a la patria común. Algo que engloba, en lo que despectivamente llama “nacionalismo español”, toda adhesión a los valores de integración nacional contenidos en nuestra Ley Fundamental.
Lo manifestado en el Congreso por el ministro de Educación, a despecho de su brevedad – que incluye un germen de crítica global a la que en su día fue la cesión a las Autonomías de la competencia sobre la Enseñanza y que tanto ha contribuido al marasmo nacionalista y al desnortamiento de dos generaciones de españoles -, prendió la traca de las protestas no sólo nacionalistas sino del resto de las minorías que componen el arco de la oposición parlamentaria.
Ha sido un estallido de sectarismo que trae a la verdadera memoria histórica imágenes y síndromes de muy preocupante semejanza con el último gran fracaso de nuestra convivencia nacional. Especialmente en lo que respecta al emparejamiento de los socialistas y demás izquierdas en la locura, con la “rauxa” febril del catalanismo más calenturiento. Es esa “rauxa” o locura exaltada que se opone al “seny”, al equilibrio y buen sentido, lo que impera en estas horas por causa de aquel error fundamental de la transferencia a la iniciativa autonómica de la enseñanza de la Historia común y de la Geografía de la patria compartida. Tan colosal disparate en el arranque de la tan ponderada Transición no ha sido atemperado siquiera en sus consecuencias políticas sino que en el plano de éstas lo que ha privado han sido las complacencias, el chalaneo, la timidez y el mirar a otra parte. El no enterarse para no perturbar la paz…
A la rectificación de esto parece que se orientan las palabras del ministro de Educación en el Pleno del Congreso. Y siendo así no parece que haya sido cierta la desmentida y supuesta censura del Rey a la propuesta “españolización” ministerial de los desespañolizados niños de Cataluña – y de otras Autonomías -. La cosa está bastante clara. Nunca el Jefe del Estado pudo decir eso que se le atribuyó, por la fundamental razón de que carece de atribuciones para ello. Pues siendo aquel suyo aquel histórico impulso, fundante de la Constitución lograda con el consenso, al ser después refrendada ésta por el pueblo español, pasaron a la misma los poderes del Rey como estrictas facultades de moderación para que el juego político no desbordase los límites y mandatos establecidos en la Carta.
¡Cómo iba el Rey a extralimitarse objetando el propósito del Gobierno de potenciar la unidad nacional en que se basa la propia Constitución! Pero, en cualquier caso, si convendría que por parte del CIS o de cualquier empresa dedicada a los trabajos demoscópicos efectuaran en régimen de urgencia una encuesta nacional sobre la oportunidad y necesidad de reasumir por el Estado las competencias sobre la Enseñanza. Las víctimas de aquel dislate corresponden ya a dos generaciones de españoles.
Y si para propósito así hay que reformar la fórmula estatutaria, que se reforme. Para poder defender mejor, adecuadamente, la unidad nacional en que la Constitución se basa. Lo de Mas y compañía es la llamativa y brutal secuela de aquel colosal disparate cometido en la Transición.
En cualquier caso conviene, pues, que sobre la unidad nacional de España “marchemos todos juntos” – y la Corona primero – por la senda constitucional. Sin marcha atrás alguna.