Como no podía ser de otra forma, y dado su poder económico y político, Alemania ha logrado retrasar la puesta en marcha efectiva de la unión bancaria, un proyecto en el que Mariano Rajoy había puesto grandes esperanzas porque podría haber contribuido a solventar a corto plazo algunos de los problemas del sector bancario español y en especial la estrecha relación entre la valoración de la deuda pública y la de los bancos, rompiendo la fatal relación existente entre ambos. No es una buena noticia para España, aunque el próximo Consejo Europeo podría ser una nueva oportunidad para que el Gobierno español consiga algún avance al respecto.
La existencia de un instrumento único de supervisión bancaria en la Eurozona, papel que asumiría el BCE, permitiría al Mecanismo Europeo de Estabilidad (el MEDE, creado la semana pasada de forma oficial) financiar y recapitalizar de forma directa a los bancos, sin pasar por el Estado de cada país, como está sucediendo en el actual rescate bancario español. Los fondos que recibe el Estado para que este los traslade al banco con necesidades de capital se computan ahora como deuda pública, razón por la cual la recapitalización bancaria afecta de forma directa al nivel de deuda del país que la recibe, agrandando su déficit y contribuyendo a presionar al alza los tipos de interés de la financiación al Estado. Con la unión bancaria, este circuito que liga estrechamente el destino de la deuda de un país con la situación de sus bancos en crisis sería suavizado de forma considerable, de manera que cada uno de los dos componentes aguantaría su vela, es decir, el Estado tendría el déficit que la correspondería en función de su política y su eficiencia fiscal y cada banco afrontaría sus problemas con la ayuda de un ente paneuropeo.
Los avances de esta idea de unión bancaria están resultando difíciles por varias razones, una de ellas bastante explicable, ya que se trata de una idea nacida en fecha reciente, poco madura y que muchos países no tienen muy clara debido a que sus sistemas internos de supervisión distan de ser homogéneos con la mayoría de los países de la UE. La supervisión, en el caso español, reside en el Banco de España, que actuaría como una especie de banco filial del BCE para las entidades que operan en España. Y así sucedería en los demás países.
Pero las dificultades prácticas que han surgido, y que están retrasando la puesta en práctica del proyecto, radican en el ámbito de aplicación de esta unión bancaria. Ha sido de momento el mayor obstáculo, aunque no se descarta que puedan aparecer algunos más. El ámbito en el que se aplicaría la supervisión ha creado dos tendencias: la de quienes pretenden que afecte a los bancos europeos denominados “sistémicos”, es decir, bancos cuya actividad y por lo tanto crisis pueden afectar al conjunto del colectivo financiero de Europa, y la de quienes quieren que afecte al conjunto de la banca europea, es decir, a los poco más de 6.000 entidades existentes.
En el primer caso, defendido básicamente por Alemania, quedarían fuera todas las entidades financieras pequeñas y medias, lo que posiblemente habría dejado a España fuera de la reciente crisis, ya que en nuestro país se considera que hay tres entidades sistémicas (los dos grandes bancos más La Caixa). El más ferviente defensor de esta versión de unión bancaria sólo para grandes bancos es Alemania, ya que el cáncer financiero de este país se encuentra bastante extendido entre sus cajas de ahorros regionales, un caso muy similar al español, y Alemania no está en condiciones de abrir ese panorama crítico. Hasta el momento, nadie se ha fijado en Alemania ni le ha asignado la condición de país en crisis bancaria, condición que se ha concentrado casi exclusivamente en el caso español y, de ahí, en la posición de la deuda española, ya que se ha extendido en medios financieros internacionales la idea de que España está sentada sobre un auténtico barril de pólvora a causa de la depreciación de los activos inmobiliarios que los bancos tienen en sus balances.
La defensa de un ámbito más amplio de aplicación es defendida por los expertos del sector y en parte sustentada por la Comisión Europea y por el BCE. Basta echar un vistazo a las crisis bancarias europeas de los cinco últimos años para constatar que entre las entidades quebradas hay pocos bancos de primera fila y sí muchas de segundo y tercer nivel. Fijar un ámbito de supervisión centrado en los súper grandes bancos serviría para poco, ya que suelen ser entidades más sanas que la media y están más estrechamente vigiladas por sus bancos centrales. Las crisis bancarias vienen por otros derroteros.
Lo cierto es que mientras se decida cuál es el ámbito de aplicación, España está en trance de salir de la crisis bancaria con un alto coste cuya clasificación contable puede causar serios problemas de financiación al país. El BCE ha sido que el supervisor posiblemente no esté listo hasta el año 2014, cuando se había dicho que debería estar para enero de 2013. La dilatación del plazo es mal asunto para España, que sería bueno que recibiera cuanto antes el dinero de ayuda a la banca española en crisis y que lo recibiera directamente en los bancos afectados desde el fondo de estabilidad, el MEDE, de forma que estos apoyos no tuvieran la consideración de deuda pública. En este asunto nos jugamos, por lo tanto, una importante baza financiera y económica.
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