El dictamen de la agencia Standard & Poor’s (S&P), rebajando la calificación de la deuda española en dos escalones de golpe, ha sido, aunque esperado, un golpe bajo a la economía española y a las posibilidades de una recuperación en plazos razonables. De entrada, lo que puede deducirse de esta mala nota es la alta probabilidad de que los compromisos de cumplimiento del déficit público en los tres próximos años no se puedan alcanzar. Las justificaciones y el Argumentario que han utilizado esta vez los analistas de la agencia han aportado importantes novedades respecto al pasado, en un ejercicio altamente especulativo que no parece propio de una firma de análisis seria. Meter en la coctelera de los motivos por los cuales cabe dudar de la capacidad española para reconducir el déficit cuestiones tales como las malas relaciones con las autoridades autonómicas o la crispación social que ocasiona la aplicación de medidas de austeridad es entrar en terrenos altamente especulativos, de difícil predicción para un analista financiero.
Más aún, imposibles de medir. Parece como si los análisis que han servido de base para esta última evaluación del riesgo español por parte de S&P los hubieran hecho unos analistas que hayan seguido en exclusiva el área más conflictiva de la vida política y social española. De ser así, estaríamos ante una patente falta de rigor en los análisis de estas agencias. En todo caso, lo que tenemos que admitir es que los baremos que utilizan las agencias de calificación tienen un importante grado de influencia en las decisiones de inversión de muchos agentes.
Tras la rebaja de la calificación, y siempre que esta rebaja no vaya a más (en cuyo caso entraríamos en el grupo de países sin capacidad de crédito), el riesgo de encarecimiento de la deuda pública nueva y la renovada aumentarán con bastante probabilidad. Si ya el endeudamiento español estaba generando serios problemas de viabilidad al Presupuesto público debido a su elevada cuantía, es probable que las tensiones financieras aumenten, con el consiguiente incremento del coste financiero y, en suma, del gasto presupuestario.
Viene diciendo Rajoy en sus últimas admoniciones sobre nuestra posición financiera que si la prima de riesgo aumenta habrá que pedir el rescate a nuestros socios. No se ha cuantificado nunca el alcance de esta subida, que de momento (es decir, este jueves) no ha traducido apenas inquietud tras al veredicto de Standard & Poor’s, aunque ya se daba por descontada la rebaja. Estamos a 4,30 puntos de interés (o sea, 430 puntos básicos) por encima de los alemanes, cuando necesitaríamos estar en torno a los 2 ó 2,5 puntos de interés por encima como máximo coste admisible para la deuda emitida por España, de forma que el 1,48% de tipo a largo plazo del bund alemán no rebasara el 4% en ninguna circunstancia.
En esos niveles de coste financiero, el déficit tampoco estaría bajo control, ya que la realidad está dejando en evidencia unas previsiones de ingresos fiscales que no se están correspondiendo con las cifras definitivas. Las previsiones que ha formulado el Gobierno en el Presupuesto recientemente aprobado no tienen suficiente credibilidad en los mercados y este es posiblemente un hecho que influye más en su ánimo que las calificaciones de las agencias. Además, los factores que contribuyen a incendiar nuestro panorama político actual es cierto que no son el escenario más oportuno para nuestra tarea prioritaria, que es la de sacar al país de la crisis.
Aquí, en suma, parece no caber otra medicina que el antídoto que tiene en el cajón del olvido el señor Draghi, las compras masivas de deuda española por parte del BCE para bajar con urgencia la temperatura del enfermo. Estas medidas podrían generar una dinámica virtuosa (menos diferencial, menos coste financiero, menor déficit, recuperación de la confianza, aumento del crédito, mejora de las exportaciones y de la demanda interna…) que nos ponga en la dirección correcta. La solución pasa por nuestros socios europeos.