El Banco Popular va a ser, muy a su pesar, uno de los actores principales del pulso que España mantiene con los mercados desde hace ya unos cuantos meses. El éxito o el fracaso de su ampliación de capital, un auténtico rescate, por importe de 2.500 millones de euros, puede ser un test para medir el grado de aceptación de los inversores en general y de los inversores extranjeros en particular de la credibilidad española para salir de esta crisis.
En abril del año 2007, es decir, hace apenas cinco años y medio, las acciones del Banco Popular tocaron en Bolsa los 16 euros. Hace unos días han bajado de los 1,6 euros y el viernes terminaron en 1,496 euros. Es decir, lo que hace poco más de cinco años valía cien, ahora vale menos de 10. El mazazo a los accionistas del banco ha sido espectacular, sin precedentes en la Banca española, a pesar de que las pérdidas han sido importantes en todos los bancos, algo menores en los dos grandes debido a que la mitad de su balance está ya fuera de España, en donde las cosas les van bastante mejor que por estos lares.
El Popular quizás equivocó su estrategia de crecimiento en los años brillantes de la economía española y en vez de orientar su expansión hacia el exterior, tomando posiciones en entidades de otros países a las que podría aportar su exitoso modelo de crecimiento bancario en España, desarrolló una agresiva actividad en el mundo inmobiliario, posiblemente de forma tardía y centrando su atención más en la financiación a promotores que a la clientela familiar y minorista, que es en donde el banco se había consolidado con el modelo bancario más eficiente del mercado español. Decir esto con agua pasada tiene poco o ningún mérito, pero la abrupta caída de la cotización del banco resultaría difícil de explicar de otro modo.
No deja de ser llamativo, además, que el Popular sea uno de los bancos españoles de cierto tamaño en el que la participación accionarial de quienes se sientan en el Consejo sea más elevada, lo que causa mayor asombro aún. Los dueños del banco se sientan en el máximo órgano de gobierno de la entidad y siguen muy de cerca las políticas y actividades que la entidad pone en práctica. Tres de esos accionistas son entidades extranjeras estrechamente ligadas al negocio financiero y un cuarto, el colectivo de antiguos directivos y empleados, cuenta también con los suficientes avales profesionales como para bien orientar, dirigir y supervisar el día a día y el largo plazo en la entidad.
El reciente examen de Oliver Wyman ha detectado una clara insuficiente de capital el banco si se ha de enfrentar a una situación económica y financiera general adversa. Es decir, ha suspendido las pruebas de fortaleza en el escenario más exigente. También las ha suspendido, aunque por los pelos, en el escenario macroeconómico menos deteriorado. En suma, ha de aumentar capital para asegurar su supervivencia, ya que en caso contrario será el Estado el que tenga que intervenir para reforzar los cimientos de una entidad que ha demostrado saber hacer muy bien bastantes cosas, aunque ha fallado estrepitosamente en algunas a las que no estaba habituado, caso de la financiación hipotecaria, y en las que se metió tarde. Si no es el Estado, la alternativa para su supervivencia está en ser absorbido por otra entidad, siendo La Caixa la que parece haber mostrado un mayor interés por esta hipótesis, aunque tampoco el Santander le hace ascos al asunto. Una alternativa adicional sería la entrada de algún banco o grupo financiero extranjero.
La forma en la que se resuelva esta crisis en torno a uno de los grandes bancos españoles posiblemente va a influir de forma considerable en la imagen global del riesgo español ante el exterior, es decir, no sólo la del sector financiero (cuando menos, una parte de él) sino de la deuda estatal y empresarial en general. Si los 2.500 millones de euros de la ampliación del Popular se cubren sin mayores problemas, la solución a los problemas españoles podría estar bastante más próxima, según apreciación bastante extendida.
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