Las seis entidades financieras sobre las que se centra el problema bancario español tienen de plazo hasta finales de año para poner en orden sus balances y su estrategia, mediante un incremento de sus capitales y una definición de sus planes de actuación futura para ofrecer mayores garantías de credibilidad a los mercados, a las autoridades y a la clientela. De las seis, cuatro están nacionalizadas (Bankia, Catalunya Banco, NovaCaixa Galicia y el Banco de Valencia) y las otras dos Banco Popular y BMN (el grupo liderado por Caja Murcia) tienen que hacer retoques en su capital para no entrar en la órbita del Estado. También dentro de este grupo podría considerarse el caso de Ibercaja si se une con Liberbank, proyecto en fase de reconsideración.
El resultado de las pruebas se puede considerar bastante aceptable si por tal se entiende la no aparición de situaciones de precariedad mayores a las conocidas hasta la fecha. El déficit de 53.700 millones de euros que se ha contabilizado está muy lejos del que habrían presentado los sistemas bancarios de la mayoría de los países europeos que han tenido que insuflar cifras milmillonarias en sus bancos, caso de Holanda, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia o Irlanda, por no hablar de Islandia o de Grecia. Con la particularidad de que ninguno de estos países ha sido sometido al análisis tan complejo y completo al que los analistas independientes e internacionales han sometido durante varios meses a los 14 principales grupos financieros españoles, que representan más del 90% del sector bancario doméstico. La cifra global española se queda muy por debajo de la que individualmente han necesitado algunas instituciones financieras.
No deja de ser una incógnita la situación real de algunas zonas de los sistemas bancarios de estos países (en el caso de Alemania, concretamente la situación de sus cajas de ahorros regionales). El sector ha soportado estoicamente un streep tease integral, que no tiene precedentes en la banca europea ni siquiera en la banca mundial. Llama bastante la atención, por ello, que alguna de las agencias de calificación, como Moody’s, se haya descolgado este lunes afirmando que el ejercicio de saneamiento de la banca española es insuficiente, ya que para evitar sorpresas en el futuro considera esta agencia que deberían haberse previsto inyecciones de capital de entre 70.000 y 105.000 millones de euros. Por pedir, que no quede.
Al final, el coste neto parece que no superará los 40.000 millones de euros, cifra que representaría en torno al 4% del PIB, por debajo de las inyecciones que se han realizado en países como Reino Unido (5,4% del PIB) o Alemania (4,8% del PIB), según evaluaciones de la Comisión Europea. En el conjunto de los países industrializados, las ayudas para evitar el desmoronamiento del sector financiero se estima que rondaron el 2,7% del PIB, unos 862.000 millones de euros, es decir, unas veinte veces más que España. Para un país cuyo Gobierno se vanagloriaba hace unos pocos años de contar con el sistema bancario más solvente, o uno de los más solventes, del mundo, se trata indudablemente de un golpe considerable. Pero no hay por estos lares casos muy diferentes a los de nuestros vecinos. Además, como en otros países europeos, el problema está concentrado en un reducido grupo de entidades, aunque Bankia pueda llegar a convertirse en uno de los casos típicos de crisis bancaria homologable a nivel internacional.
Tras el análisis de la situación individualizada realizado por los expertos de Oliver Wyman, ahora vienen las terapias, que serán bien distintas entre el grupo de bancos ya nacionalizados, en donde reside el grueso del problema, y el de los bancos sanos pero necesitados de refuerzo. En este segundo grupo, Banco Popular no lo ha dudado mucho: el mismo domingo aprobó una ampliación de capital que ya había madurado desde hace semanas y que cuenta con el apoyo unánime de sus accionistas principales para obtener hasta 2.500 millones de euros de los mercados de capitales o de los propios accionistas. No parece que todos ellos puedan acudir, aunque el control del capital sea elevado en esta entidad, ya que un 30% del mismo está en manos de accionistas de cierto peso, sin contar con la sindicatura de acciones de los directivos y empleados de la entidad, cuya decisión no será unánime a la hora de acudir o no a la ampliación. El banco ya ha anticipado que este año no va a repartir dividendo, lo que implica un nuevo paso en el acopio de capital necesario para hacer frente a los niveles de capital que le recomendó el consultor Oliver Wyman, unos 3.220 millones de euros para el caso de que la economía española presente unas condiciones bastante más adversas de las que se contemplan en estos momentos. En condiciones más o menos normales, el Popular no necesitaría recursos e incluso tendría un exceso del orden de los 700 millones de euros.
Tras el Popular, el verdadero problema está en las cuatro entidades con serios problemas de viabilidad, un grupo que posiblemente se vea reducido mediante un apropiado programa de fusiones, que requerirá la mano activa del Banco de España.
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