OPINIÓN

Objetivo 2013: ¿El principio del fin (y II)?

Ignacio del Río

Los ciudadanos de este país tenemos que hacer una reflexión colectiva y reconocer que la recuperación económica de España está vinculada a los mercados exteriores financieros y no financieros. La interdependencia de la zona euro es una evidencia probada con la crisis griega que, siendo una economía que representa un porcentaje no significativo en el PIB europeo, ha provocado movimientos telúricos en toda la zona euro. Absurdamente, pero realmente, se ha puesto en cuestión la pervivencia del euro y la reacción de las autoridades europeas ha sido pasmosamente lenta.

Necesitamos inversión extranjera, no solo en la compra de deuda soberana o líneas de crédito para nuestras entidades financieras, sino inversiones que entren en el mercado de capitales para dotar de financiación a los nuevos proyectos de las empresas españoles e inversión extranjera directa en bienes inmuebles, en las zonas turísticas y en las ciudades.

Por tanto, debemos abrir más nuestra economía y las regulaciones que faciliten el aterrizaje en España del dinero en circulación en el mercado de capitales, liberalizado a nivel mundial y que permanentemente busca oportunidades de negocio y compara la competitividad de las distintas estructuras económicas.

Regulaciones, restricciones, rigideces administrativas y pérdida de la unidad de mercado que se han multiplicado en el entramado burocrático y legislativo de las CCAA y que el Gobierno, tímidamente, de momento quiere corregir con un proyecto de Ley, cuando debería actuar directamente por la vía de la derogación de autorizaciones, permisos y licencias que someten numerosas actividades económicas a un fielato administrativo y, en demasiadas ocasiones, de corrupción política. La dimisión del alcalde de Orense refleja cuanto de profundo se ha enraizado este comportamiento en nuestra sociedad.

Los presupuestos del Gobierno son indudablemente unos “presupuestos de guerra” por la pesada carga de los pasivos financieros de la duda soberana y el gasto en población no activa. Desde el año 2008, el gasto en pensiones ha crecido en 17.000 millones, en prestaciones por desempleo en 11.400 millones y en pensiones contributivas en 600 millones.

Si sumamos todo el gasto social en 2013, pensiones contributivas y no contributivas, desempleo y clases pasivas, alcanzaremos una cifra de 172.000 millones de euros, lo que unido a los gastos de personal del Estado, interés de la deuda y amortización de deuda -la suma de estas partidas alcanzan los 130.000 millones de euros – el margen de disponibilidad política o gasto ministerial está en 40.000 millones de euros.

La intervención del Estado en la economía, lo que vuelca en la economía productiva, mediante compra de bienes y servicios, transferencias de capital e inversiones reales es 17.600 millones de euros, es decir el 5,5 por ciento de su presupuesto.

Tenemos un modelo de Estado en el que la política dinamizadora de la economía, el golpe de motor que permita activar sectores productivos, está en el 1,5 del PIB, es decir, es irrelevante, por mucho que desde la izquierda política y sindical se repita, sin el menor rigor que hay que poner en marcha políticas de estímulo. Reflexionen, el Gobierno en este momento no hace otra cosa con los presupuestos que intentar pagar lo que debemos y a lo que nos hemos comprometido colectivamente con nuestro sistema de protección social.

La subida de las cotizaciones sociales, real y efectiva para los empresarios al mantener los tipos de cotización y subir las bases, encadena un segundo año de baja consecutiva en su aportación presupuestaria – ha perdido 5.000 millones desde 2011- por la disminución del empleo, con la negativa noticia de la reducción de la subvenciones a la creación de empleo que, incomprensiblemente bajan, cuando el país necesita impulsar la contratación.

Si no disminuyen las cotizaciones sociales y se eliminan estímulos a la políticas activas de empleo, con un escenario de contracción estimado en un 0,5 del PIB, ¿piensa el Gobierno que hay alguien que va a crear puestos de trabajo? La cifra del 24 por ciento de paro parece más que optimista.

Estos presupuestos no son los únicos posibles. El gobierno de Rajoy está sin duda preocupado por la contestación social y ha optado por hacer un gesto con el incremento de las pensiones que apacigüe la calle. Difícilmente lo va a conseguir sino explica la realidad, sistematiza una reforma política profunda y hace un ejercicio de pedagogía y comunicación intensivo, con el agravante de que la lectura por los agentes económicos, los que financian el gasto, va a ser cruda e inmisericorde.

A Rajoy los ciudadanos le han dado la más amplia mayoría desde las elecciones de 1982 que hicieron Presidente a Felipe González con el mandato de no aceptar un paso atrás en la democracia constitucional e integrarnos en las estructuras políticas europeas y atlánticas.

El mandato electoral del 20 de noviembre de 2011 fue rotundo. Un cambio político, administrativo y económico, profundamente reformista que superase las adherencias y fantasías que el Gobierno de Zapatero había estimulado en nuestro sistema.

Las demoras en el retraso en la edad de jubilación, los titubeos en las políticas liberalizadoras y los temores a la hora de explicar proyectos gubernamentales, reflejan poca confianza por el propio Gobierno en el rumbo a seguir.

Y si un Gobierno no derrocha confianza en sí mismo. ¿Piensa que se la van a proporcionar los demás?