OPINIÓN

Objetivo 2013. ¿El principio del fin? (I)

Ignacio del Río

El Gobierno ha presentado los presupuestos generales del año 2013 que, según explica Cristóbal Montoro, debe ser el último año de recesión para dar paso a una recuperación que se inicie, aventura en el 2014.

Los primeros datos reflejan más impuestos. En el impuesto de sociedades, se reduce el porcentaje de amortización de activos, como una medida temporal para los años 2013 y 2014, lo que determinará una mayor recaudación en el impuesto de sociedades, cuyo comportamiento en el cuadro de ingresos tributarios es decreciente a diferencia de lo que sucede con el IRPF, que está manteniendo la recaudación a pesar del incremento del paro y de la congelación y reducción, en la mayoría de los casos, de las rentas salariales y profesionales. Por tanto, la parte más activa de la sociedad está soportando el mayor esfuerzo en el sostenimiento de los servicios públicos y continuos el desequilibrio fiscal entre rentas empresariales y rentas salariales.

Se han suprimido prácticamente todas las deducciones en el IRPF y, sin embargo, se mantiene un panel de deducciones en el impuesto de sociedades que genera una brecha entre los tipos nominales y los tipos efectivos. En este país es mejor ser una SA que una persona física, como decía un conocido político del PP.

Junto a ello se ha corregido la anomalía que introdujo el Gobierno de Zapatero que equiparó la tributación de las plusvalías a corto y a largo plazo, suprimiendo la corrección por el tiempo de generación, lo que ha provocado un injusto tratamiento en las plusvalías inmobiliarias ordinarias que maduran en el largo plazo y un tratamiento privilegiado en las de corto plazo, que tienen un componente especulativo en la mayoría de los casos.

En el capítulo de las novedades, el impuesto sobre premios de loterías de un 20 por ciento, la empresa más saneada del Gobierno y la mina a la que recurre constantemente para atender al Fondo de Liquidez Autonómico y también para cuadrar cuentas presupuestarias.

Este cuadro de incremento de ingresos tiene que pagar un coste del servicio financiero de deuda de 38.000 millones y va a duplicar la aportación al presupuesto de la seguridad social, a fin de cubrir las atenciones del sistema de prestaciones sociales por desempleo que se financian con las cotizaciones sociales y que, en contra de lo prometido, cuando se subió el IVA, no se van a reducir.

Más IRPF, impuesto sobre el Patrimonio, más IVA y mantenimiento de las cotizaciones sociales a empresarios y trabajadores. Por tanto, un escenario fiscal difícilmente “mejorable” por la oposición socialista cuyo Gobierno fijó el tipo marginal del impuesto sobre la renta en el 45 por ciento, es decir, siete puntos menos que el ha establecido el Gobierno de Rajoy.

La reducción del gasto de los Ministerios, en media por encima del 8 por ciento, está pendiente de explicar la distribución entre los departamentos. En el cuadro de presentaciones, se vincula a la reducción del déficit el 58 por ciento de disminución del gasto, pero continua sin abordarse una reducción estructural del gasto corriente ministerial, un proyecto de racionalización de la eficiencia de las AAPP y un proyecto dirigido a las CCAA y no solamente a los Ayuntamientos, para los que se va aprobar una reducción del número de concejales de las Corporaciones y regular las retribuciones con carácter general.

La arquitectura CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos se mantiene intacta, atrapado el Gobierno en los límites competenciales constitucionales y sin tomar la iniciativa de impulsar un pacto político territorial que reforme, modernice y agilice los servicios públicos aplicando los tradicionales principios de coordinación, cooperación y cercanía al administrado. La administración pública necesita un I+D en sistemas, procedimientos y comportamientos ante los ciudadanos, lo que constituiría una medida de impulso a la actividad económica, directamente en la inversión e indirectamente en la reducción de plazos, tramites y autorizaciones que gravan las nuevas actividades.

El porcentaje de deuda pública en relación con PIB, alcanza el 75,9 por ciento que Sáenz de Santamaría tuvo que apuntar ante las dudas de Montoro y Guindos, con una proyección para el 2013 superior al 80 por ciento del PIB.

Los objetivos de déficit se mantienen en el 6.3 por ciento para el 2012 y el 4.5 por ciento para el 2013, en un escenario internacional recesivo y en el que no se prevén estímulos de la demanda interna, con una menor renta disponible de los ciudadanos.

En definitiva un escenario muy duro, un paso más en la travesía del desierto y que el Gobierno quiere edulcorar con la subida de las pensiones y la atribución de más del 63 por ciento del presupuesto a gastos sociales.

Junto al proyecto, se anuncian algunas reformas mediante proyectos de ley que se aprobaran en los próximos meses. Sería deseable que adoptase una mayor velocidad de crucero en las reformas estructurales, que las sistematizase y que buscase unos acuerdos parlamentarios más amplios para su tramitación.

Los ajustes están produciendo agotamiento y crispación social. Perder la oportunidad de las reformas estructurales es dilapidar una amplia mayoría absoluta que se le dio a Rajoy para que las pudiera gestionar. Una mayoría en el Congreso de los Diputados, en la mayoría de las CCAA y en los Ayuntamientos.

¿Llegará con fuerza el Gobierno para impulsar una política reformista de las estructuras políticas y administrativas en el segundo tiempo de la legislatura? ¿Le darán tiempo los mercados financieros para intentarlo?