Cuando usted oiga que un político alude al espíritu del pueblo, mi consejo es que empiece a preocuparse seriamente. No hay nada más contrario a la democracia representativa y liberal que se instrumenta mediante procesos electorales, que los que se auto definen como depositarios del espíritu del pueblo.
El “volkgeist” tiene sus orígenes en el prerromanticismo de la escuela alemana y se consolida con Herder, filósofo y teólogo, que defiende la existencia de naciones sustentadas en unos rasgos inmutables, raciales, lingüísticos y culturales consolidados a través de la historia, en oposición a la razón que era la piedra sobre la que se asentaba la Ilustración en el siglo XVIII.
En el Derecho, la Escuela Histórica de Savigny de siglo XIX se opone a un Derecho codificado obra de Napoleón y defiende la tradición jurídica, de tal modo que la costumbre y la tradición conforman la norma jurídica.
El presidente Mas se considera legitimado por la voluntad del pueblo, manifestada el 11 de septiembre, como un hecho político determinante, definitorio, de una nueva realidad política en Cataluña, de la que él, como presidente de la Generalidad se siente depositario. En consecuencia, Artur Mas ha venido a Madrid con la manifestación debajo del brazo de su minoría parlamentaria y sin aportar, como título legitimador, un acuerdo del Parlamento Catalán que, cuando menos, hubiera constituido un acto político.
Un proceso que se califica de emocional, de “pulsión”, irreversible, porque se ha manifestado el espíritu del pueblo, con lo que se instrumenta, no como un proceso intelectual y racional, sino como un suceso más próximo a la revelación paranormal.
“Si el pueblo catalán evoluciona, no hay texto legal que pueda eliminar eso”, ha declarado el presidente de la Generalidad después de la reunión con Rajoy. Realmente tremendo, porque lo que nos dice es que la norma legal, la Constitución no se modifica mediante los procedimientos democráticos y legales establecidos, sino por una voluntad superior, el espíritu del pueblo, que se impone al imperio de la ley y a la democracia liberal y representativa.
En sus declaraciones, referencias al pacto fiscal rechazado por Rajoy y Rubalcaba, que parte, derivado del principio de bilateralidad entre España y Cataluña, como dos realidades jurídicas que regulan sus relaciones por medio de una ley paccionada, sin reconocer el poder constituyente de la soberanía nacional y atribuyéndose una inexistente prórroga constituyente, como declaró el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto. Y planeando el adelanto electoral para apropiarse políticamente del 11 de septiembre.
Ni siquiera plantea Artur Mas una Ley de Claridad, el modelo Quebec, que siguiese la ruta de la doctrina del TC de Canadá. El presidente de la Generalidad ha optado por colocarse en una espiral que se auto alimenta con cada declaración y cada decepción por la respuesta negativa y carece de calendarios y de límites temporales.
En su haber, es evidente que el sistema de financiación autonómico ha hecho crisis, en primer lugar por su inadecuación a los techos competenciales resultado de un proceso mimético con el Estado, del que ha incorporado toda la estructura sin asumir responsabilidad en la recaudación de los ingresos. Y en segundo lugar, por la crisis que ha atenazado unos tributos cedidos a las Comunidades basados en la propiedad inmobiliaria.
La solución al reto independentista, con que ha comenzado la vuelta al curso de este año 2012 en que se ha recordado, sin demasiado brillo, la soberanía nacional proclamada por la Constitución de 1812 en cuya elaboración, entre otros, participaron Juan de Balle y Ramón Utgés, diputados por Cataluña, tiene que tener respuesta desde la razón de la democracia y el Derecho.
Y desde la memoria histórica de la transición que se construyó desde la generosidad de los protagonistas, por lo que sería conveniente que los manifestantes catalanes recordasen la contribución de sus representantes en el proceso constitucional, como Jordi Solé Tura, de quien traigo la siguiente reflexión.
“España no es una invención, no es un artificio, es una realidad forjada por la Historia que se ha organizado políticamente mal y que queremos organizar políticamente mejor… Hay que decir las cosas con toda claridad: España no es una realidad uniforme, pero es una realidad, y es tarea de todos hacer que, incluso sus propios símbolos, sean reconocidos por todos”.