Las dos Autonomías españolas con perfil más marcadamente identitario, Cataluña y País Vasco, van a confluir en un espacio de apenas un mes en un propósito similar, la expresión mayoritaria, incluso ampliamente mayoritaria, del deseo de independencia y secesión. No es un hecho que nos pille de nuevas a los españoles ya que la opción independentista ha estado siempre presente, incluso desde la temprana fecha del año 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España tras la desaparición de Franco, en los deseos de sectores bastante amplios de ambos territorios. La masiva manifestación de la Diada catalana ha sacudido las conciencias con bastante rotundidad, a pesar de que la nueva TVE haya colocado la noticia de la manifestación en su telediario en la quinta oposición entre los temas destacados de la actualidad. Entre la grosera manipulación de la actualidad o la ignorancia supina de la escala de valores de los asuntos que nos rodean es difícil elegir a la hora de explicar la actitud de la televisión pública, que sería deseable que no sea patrimonio también del Gobierno de la nación.
El intento del Gobierno español, en la etapa de UCD y luego a lo largo del mandato socialista, de igualar a todas las Autonomías para darle vigencia plena al mandato constitucional, no ha servido a la postre de gran cosa, con el riesgo y el perjuicio adicional de que se han creado entes autonómicos bastante artificiales a lo largo y ancho de España que no han hecho más que empeorar las cosas, tanto en el plano político como en el económico. Estos días, mientras se agudizan los intentos de secesión de estas dos Autonomías, estamos viendo el fenómeno justamente contrario en algunas otras, dispuestas a devolver competencias al Estado central, no ya por motivos económicos, que son los que mayormente se esgrimen, sino por razones de mejor coordinación en aras de la eficiencia.
Está claro que la crisis económica ha influido sobremanera en algunas de estas evidencias, poniéndolas al descubierto con mayor virulencia. Pero no es menos cierto que la brillante expansión de la economía española ha facilitado primero y ocultado después notables imperfecciones organizativas, redundancias en el gasto público y en general un desbarajuste generalizado que sólo ha tenido un impacto visible en el ciudadano, el de multiplicar los impuestos que debe pagar mientras los servicios que recibe se baten en retirada. Lo que ha hecho el PP en los últimos meses, desde que está en el poder, puede ser más o menos discutible, pero responde a una lógica fácil de entender: o se desmonta tanta inoperancia, casi siempre clientelar, o se elevan los impuestos para mantenerla en pié. Parece que se intenta optar por las dos vías a la vez, con desigual fortuna.
En cuanto a las Autonomías, el sentimiento de la diferencia, de ser distinto a los demás no está igualmente arraigado en todos los territorios de España. De ahí que el agravio comparativo ha sido una constante en la historia española reciente. Cataluña no sólo quiere ser autónoma, sobre todo quiere ser diferente respecto de las demás Autonomías del Estado español. La España a dos velocidades, o con niveles de autogobierno diferenciados, posiblemente ha sido uno de los vacíos que los grandes partidos políticos, en especial los dos grandes, no han sabido gestionar sin que hubieran saltado por los aires las exigencias de solidaridad entre españoles de diferentes zonas geográficas. Al fin y al cabo, la porosidad del territorio peninsular, reflejada en corrientes migratorias entre regiones de altísima intensidad en los últimos 50 años, habría facilitado esta forma de gestionar las diferencias, ya que el peso de los ciudadanos con raíces realmente autóctonas es, en las dos autonomías que más diferencias reclaman, bastante modesto y en todo caso minoritario. Lo llamativo es que las reclamaciones de identidad regional cuentan en ambos casos con un elevado componente de población no autóctona sino inmigrante.
El Gobierno tendrá que hacer frente a este problema. En las próximas semanas, el asunto se presentará con toda su crudeza una vez tengamos sobre la mesa los resultados de las elecciones en el País Vasco, con presumible mayoría nacionalista, en donde una posible alianza de uno de los dos grandes partidos nacionalistas con uno de los dos o tres partidos de ámbito más nacional se presenta improbable. Los resultados, en todo caso, son bastante previsibles y hará bien el Gobierno en contemplar desde ya mismo una respuesta adecuada, que preferiblemente debería llegar de la mano de un gran pacto político en el que entren los dos grandes partidos que son capaces, por lo general, de mantener la gobernabilidad del país en su conjunto. Casi sin excepciones.
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