Una vez superada la semana del BCE y tras la visita de Angela Merkel a Madrid, en los próximos días se van a producir algunas citas importantes de cara a la actitud española en relación con el rescate europeo, sin olvidar que la inicial reacción positiva de los mercados durante la semana pasada tiene a partir de este lunes una cita con la realidad. La prima de riesgo cayó de forma acelerada hasta la zona de los 412 puntos básicos, unos 140 puntos de caída en pocos días, nada sorprendente porque la prima anterior estaba, y posiblemente ahora lo sigue estando, inflada en exceso. Este retroceso del diferencial de tipos entre España y Alemania debería tener un refrendo en el momento en el que el Gobierno se decida a solicitar el rescate, lo que confirmaría los mejores deseos de los mercados, que lo vienen pidiendo a gritos y en los últimos días lo exigen de manera urgente.
Las dos reuniones que esta semana pueden contribuir a despejar el horizonte inmediato son la del miércoles en la que el Tribunal Constitucional alemán debe tomar una decisión sobre el fondo de rescate europeo y la reunión del Eurogrupo en Chipre en la misma fecha, una reunión que debería fijar la posición comunitaria sobre un hipotético rescate una vez que se han conocido las medicinas que está dispuesto a aplicar el BCE mediante su programa de compra de deuda en el mercado secundario.
Todo el mundo está coincidiendo en meterle prisa a Rajoy para que solicite cuanto antes el rescate, pero el Gobierno español no ve llegado el momento. Hasta ahora había defendido su posición argumentando que esperaba que el BCE se pronunciase. Pues bien, el BCE ya ha dicho lo que está en condiciones de hacer y cómo, pero lo supedita a que España solicite la ayuda por los cauces reglamentarios a sus colegas europeos. Es ese el punto en el que nos encontramos. Se podría decir que la pelota está en el tejado español, pero la decisión española está sujeta a otros asuntos, unos no confesables (las elecciones del 21 de octubre en País Vasco y Galicia), otros más lógicos, básicamente la presentación dulcificada de nuevas condiciones. Tampoco está clara la cuantía de la ayuda, aunque en medios financieros se viene barajando desde hace algún tiempo un importe mínimo que oscilaría entre los 220.000 y los 250.000 millones de euros, es decir, el dinero que proporcionaría al Tesoro español la tranquilidad necesaria para llegar a final de año y un poco más con las necesidades financieras públicas cubiertas.
Lo que puede esperar el Gobierno español de una respuesta de sus socios europeos será más o menos duro si los objetivos y las variables económicas importantes de nuestro país se cumplen y en qué medida. El asunto del déficit público arroja muchas dudas y ya se barajan previsiones que podrían superar el 7% del PIB, lo que provocaría una reacción europea claramente restrictiva, que habría de plasmarse en nuevos recortes de gastos, con el consiguiente coste político para el Gobierno. La credibilidad de las cuentas públicas es esencial para que todo el engranaje del rescate funcione y para lograr una versión lo más suave posible de las condiciones europeas.
Muy en estrecha relación con el déficit del Estado, los desequilibrios de las cuentas autonómicas presentan grandes dosis de incertidumbre. Bruselas tiene en este punto su mayor dosis de incredulidad, ya que las noticias que llegan a la sede de la UE son bastante alarmantes. Hay una sensación bastante extendida según la cual las zonas de competencias autonómicas no han pasado por el tamiz de los planes de austeridad y que algunas Autonomías siguen gastando como si estuviéramos en la cúspide de la burbuja inmobiliaria. Rajoy no ha logrado hasta el momento ni buenos resultados ni capacidad de que puede controlar los presupuestos autonómicos, lo que constituye un notable escollo para la aceptación del rescate español. O, dicho de otro modo, una petición de rescate por parte de España tendría que afrontar de forma inmediata una inspección a fondo de las cuentas autonómicas por parte de los “hombres de negro” de Bruselas. Y ya se sabe el impacto emocional que estas inspecciones podrían causar en algunas Autonomías, tan celosas como están de sus competencias actuales y de las que aspiran a tener en mayor medida en el futuro.
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