La reforma financiera no va a costar nada al contribuyente. El pasado viernes, con motivo de la presentación del texto de la reforma que había aprobado el Gobierno, los portavoces (la vicepresidenta y el titular de Economía) se esforzaron en resaltar que esta reforma no va a costar dinero al Estado. No han ofrecido, como es bastante lógico, ningún dato que lo pueda corroborar, por lo que se trata más bien de una frase carente de contenido, indemostrable y apta para no generar más desencantados con la gestión económica de este Gobierno, que ya son multitud.
Podrían haber resaltado otros aspectos de la reforma que ofrezcan más confianza a los ciudadanos, como que su aplicación permitirá blindar a una parte del sector financiero español de crisis como la que estamos padeciendo. Por no hablar de la posibilidad de que los malos gestores, y por supuesto los políticos arribistas van a tener en el futuro el camino de las cúpulas del sector financiero cerradas a cal y canto. La crisis bancaria española tiene mucho que ver con la crisis del ladrillo, pero también con la impericia y a veces la gestión interesada e incompetente, incluso abiertamente deshonesta, de algunos equipos directivos que se han movido a sus anchas en las cajas de ahorros durante el pasado, con la connivencia de los partidos políticos que en su día se repartieron las cuotas de poder en las cajas de ahorros. La pregunta que muchos españoles nos hacemos tras la nueva y enésima reforma financiera es la de si en el futuro seguirán abiertas las entidades financieras a la posibilidad de acceso de dirigentes tan poco apropiados como los que algunas cajas han padecido en los últimos años.
De momento, los propietarios de títulos preferentes, que también son contribuyentes, además de inversores de riesgo (algunos de ellos, sin llegar a saberlo) siguen su peregrinaje por las diversas instancias nacionales y comunitarias para tratar de recuperar una parte de sus inversiones, una vez han dado por supuesto que acceder al 100% de las mismas es imposible. Precisamente la experiencia de estos indefensos inversores podría dar una pista de quienes están siendo los primeros paganos de la crisis bancaria, los contribuyentes-clientes de algunas entidades financieras que pusieron su capital para obtener un rendimiento seguro, tranquilo y a largo plazo.
Es bastante pueril, en todo caso, poner por delante una afirmación como esta de que la reforma n o le va a costar ni un euro al contribuyente cuando ni nadie le ha preguntado al Gobierno por el coste de las medidas ni hacen falta muchas luces para llegar a la conclusión de que entre costes directos, exenciones fiscales, financiaciones privilegiadas y ayudas de diversos estamentos, la crisis financiera no sólo ha costado ya bastante dinero el erario público sino que tiene por delante un calendario de desembolsos bastante exigente. No es cosa de discutir si el sector bancario y financiero debe contar con un cierto grado de ventaja a la hora de cuidar por su supervivencia, asunto que pocos discuten y que en pocas partes se ha dejado de lado y, cuando se ha hecho, dejando caer a las instituciones, ha sido mayor el coste de la quiebra que el de la hipotética salvación.
Se ha discutido estas últimas semanas la procedencia o no de algunas afirmaciones según las cuales habría sido más provechoso, eficaz y hasta barato dejar caer a algunas instituciones que salvarlas, habilitando para ello recursos importantes, naturalmente públicos. Lo hemos visto primero en Estados Unidos (por la inversa, es decir, la lamentación por haber dejado caer a Lehman, madre de toda la crisis), más tarde en Europa con la oleada de inyecciones masivas de capital (Europa aprendió la lección y los Gobiernos han puesto sobre la mesa el dinero que ha sido necesario para salvar a algunas de sus maltrechas entidades).
Lo estamos viendo ahora en España, a donde la crisis financiera ha llegado como expresión de una tercera oleada de quebrantos. En la práctica nadie parece tener la valentía necesaria para afrontar, a cara descubierta, una crisis bancaria en toda regla. En el caso español, el problema tiene mayor envergadura ya que no se trata de velar por la supervivencia de unas pocas entidades sino de un segmento del mercado que aglutina el 30% del total de activos y un porcentaje similar de depósitos de los ciudadanos. Quien diga que lo mejor habría sido dejar caer a las piezas podridas del sector se arriesga a ser tildado de demagogo.
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