Comisión de Investigación

Las ayudas de los ERE eran legales pero “sin control”, dice el exinterventor

El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha destacado hoy que el procedimiento creado en 2001 por la Consejería de Empleo para financiar los ERE mediante transferencias al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) era "legal" pero "inadecuado" porque carecía de controles previos. Gómez ha explicado en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre estas ayudas que la Intervención detectó y alertó en quince ocasiones de "incumplimientos y deficiencias" en la tramitación de estas ayudas "sin procedimiento legal", pero no pudo realizar un informe de actuación porque las detectó en el IFA pero las irregularidades eran responsabilidad de Empleo.

Ha detallado que, con este procedimiento de gestión, las ayudas de Empleo “no estaban sujetas a la fiscalización previa” de la Intervención, “consecuencia del sistema diseñado”.

A preguntas de la diputada de IU Alba Doblas sobre cómo se repartían estas ayudas de Empleo Gómez, interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, ha espetado: “No he visto un caso como este“.

Ha explicado que este sistema no requería fiscalización previa, por lo que la Intervención tuvo que redactar un informe especial tras advertir “deficiencias administrativas muy serias” al auditar el IFA y descubrir estas anomalías en órdenes de pago que le dictaba Empleo.

Sobre si debió redactar un informe de actuación para corregir estas deficiencias, Gómez ha recurrido a este símil: “Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su extractor de humo, ¿usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico?. Sería inaceptable que ante su descuido el vecino acabe pagando el desaguisado”.

“Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó; lo que resulta irónico es que quien no tomó decisiones se queje ahora de que no fue advertido”, ha apostillado, en alusión a lo manifestado en esta comisión por varios exconsejeros.

La gestión de las ayudas irregulares

Aunque ha precisado que el “marco de las ayudas” creado por Empleo era legal y se consignaba cada año en el Presupuesto de la Junta en la partida 31L, ha matizado que lo que “no dice el presupuesto” es cómo se gestionan las ayudas, materia que regulan leyes como la de subvenciones o de Hacienda Pública.

Los informes de Intervención detectaron en varios años “deficiencias” en las transferencias de Empleo al IFA, “errores o incumplimientos” en expedientes de gasto, tramitación de subvenciones “vulnerando” las normas de ejecución o concesión de subvenciones “sin procedimiento legal”.

Todos los informes de Intervención, según Gómez, fueron remitidos a sus destinatarios legales: IFA o la Agencia IDEA, la Consejería de Innovación, de la que dependían estos entes gestores; la de Empleo, y la de Economía y Hacienda.

Respecto a si el entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, tuvo que conocer este informe, Gómez ha interpretado que lo conoció pues la “insuficiencia presupuestaria” de 38 millones detectada “sí fue objeto de atención (de Hacienda) porque se fue reduciendo hasta que desapareció”.

Aun así, ha esgrimido que “nunca se dedujo la existencia de un supuesto de fraude o menoscabo” de fondos públicos.

El diputado del PP Rafael Carmona ha informado al exinterventor de que la Junta asegura que no existe documento alguno que delegue en el director general de Empleo las competencias para el reparto de estas ayudas, a lo que Gómez ha contestado que, en tal caso, no era competente para concederlas.

A preguntas de la socialista Antonia Moro, Gómez ha declarado que nunca recibió presiones de ningún consejero de Hacienda y que el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, fue muy respetuoso con él.

Agujero de 17 millones

Por su parte, el consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, ha cifrado en 17 millones de euros las ayudas percibidas irregularmente por los 241 perceptores ilegales de ERE detectados por la Junta, de entre 6.473 beneficiarios, y ha pedido que no se ofrezca una “falsa imagen” de corrupción generalizada ni que se dañe la imagen de Andalucía asimilándola como “la tierra de los ERE”, cuando los beneficiarios andaluces suponen un cinco por ciento de todos los trabajadores españoles afectados por un ERE.