Por su detención en la Cumbre Climática de 2009

Dinamarca indemnizará a López de Uralde con 2.500 euros

Un juzgado de Copenhague ha condenado este martes a las autoridades danesas a indemnizar al ex director de Greenpeace España Juan López de Uralde y otros tres miembros de este colectivo ecologista por su encarcelamiento tras irrumpir en un acto de la Cumbre Climática Mundial de 2009, celebrada en la capital danesa. Uralde y sus compañeros recibirán hasta 18.800 coronas danesas (2.524 euros) cada uno por "privación abusiva de la libertad" tras ser detenidos de forma preventiva entre 19 y 20 días por burlar el 17 de diciembre de 2009 la seguridad de la cena de gala presidida por la reina Margarita, a la que asistía un centenar de jefes de Estado.

Los cuatro se habían hecho pasar por “jefes de Estado de la Madre Tierra” en el caso de Uralde, así como su esposa, un escolta y el chófer.

A la entrada del banquete desplegaron una pancarta delante de las cámaras con el lema “Los políticos hablan, los líderes actúan”.

Los tribunales daneses condenaron hace un año a Uralde y a diez activistas de Greenpeace a 14 días de prisión condicional por allanamiento de morada, falsificación documental y suplantación de autoridad pública.

La Fiscalía había pedido 60 días y multas de unos 400 euros, además de la expulsión del país para los ocho extranjeros acusados y una multa mayor para Greenpeace Nordic de la que finalmente recibió.

En la fase de instrucción de la causa, el fiscal había amenazado con solicitar penas de cárcel de varios años para Uralde, ahora líder del proyecto político ecologista Equo, y sus compañeros.

“Persecución política”

El ahora portavoz del partido ecologista Equo, Juan López de Uralde, ha subrayado hoy que el fallo de la justicia danesa pone en evidencia que su encarcelamiento supuso un acto de persecución política.

“Por fin se reconoce que nuestro encarcelamiento fue completamente desproporcionado con respecto a la acción que llevamos a cabo”, ha señalado Uralde en declaraciones a Efe.

Para Uralde, esta sentencia supone un “reconocimiento moral” de la lucha contra el cambio climático y pone en evidencia que lo que ocurrió fue “una persecución política y no la aplicación de la Justicia”.