Desde la Unión Europea se le pide a España una mayor reducción del gasto público para cumplir los objetivos de déficit. En dicha dirección camina con ciertas cautelas el Gobierno de Rajoy, y a ello se suele oponer el primer partido de la oposición que lidera Rubalcaba negando los recortes del gasto social pero sin decir por donde ajustaría el gasto público el partido socialista. Sin embargo en lo que si parecen de acuerdo Rajoy y Rubalcaba es en no tocar un ápice el gasto político, con unas reformas en profundidad y con cierre de instituciones y organismos públicos tan innecesarios como ruinosos, como por ejemplo las televisiones autonómicas.
Asímismo, unos y otros, PSOE y PP, no están dispuestos a pedir las responsabilidades políticas y penales, si las hubiera, a los que han sido o son gestores de bancos y cajas de ahorro que llevaron a la ruina a sus entidades, o montaron operaciones abusivas como las llamadas preferentes o la ruinosa salida a Bolsa de Bankia. En esto de tapar abusos y corrupciones los dos primeros partidos de la oposición están de acuerdo y los nacionalistas CiU en el primer lugar de semejante infame pacto, por la cuenta que les trae. Se vio en los recientes indultos de Rajoy a delincuentes de Unió, y en la pantomima de la comisión informátiva del Congreso con presencia de presidentes de bancos y cajas, donde cada partido tapaba a los suyos y se empató otro partido de la infamia.
En cuanto al gasto político, sobre el que crece la indignación de los ciudadanos, empezando por las Comunidades Autónomas, los jefes de la partitocracia guardan un escandaloso silencio. Porque sus partidos, dirigentes, allegados y familiares viven de eso y, en muchos casos, no sirven para otra cosa ni saben hacer otra cosa. De ahí el inmenso pantano clientelar y ruinoso de Comunidades absurdas y despilfarradoras, de empresas públicas ruinosas, de las radio y televisiones autonómicas y municipales, de organismos y fundaciones de todo pelaje. O de las instituciones inservibles o prescindibles como son el Senado, muchas, Comunidades, las diputaciones y miles de ayuntamientos. Y por supuesto todas las embajadas autonómicas y no pocos consulados del Estado, como los de los 27 países de la UE que ya no tienen sentido.
Naturalmente, al fondo de todo esto subyace una reforma a fondo de la Constitución que se presenta como urgente y necesaria, una vez que la transición ya está agotada y que la crisis económica ha puesto en evidencia las carencias democráticas del modelo político español. Porque muchos de los problemas económicos creados no solo tienen su origen en las turbulencias financieras que vienen de fuera o en malos o en los corruptos gobernantes, sino en la ausencia flagrante de obligados controles democráticos que en España brillan por su ausencia, empezando por la Justicia, siguiendo por el Parlamento y continuando por los partitocráticos medios de comunicación.
Las reformas estructurales son poca cosa para la gran reforma del Estado que se ha de implementar, para lo que sin duda hace falta el consenso constitucional de los dos primeros partidos, PSOE y PP, un gran proyecto de reforma constitucional que ya empieza a calar en la sociedad, y dirigentes con sentido del Estado y de la verdadera necesidad nacional. Y todo esto no se ve al día de hoy por ninguna parte, ni parece estar en la agenda de los partidos que, al contrario de lo que hace falta, pretenden dejar las cosas tal y como están, incluidos sus privilegios y ventajas que por nada del mundo quieren abandonar, temerosos de que esa gran reforma provoque un gran cambio del mapa político actual.