La asfixia financiera de la economía española está progresando de forma incontenible y ya somos el primer país deudor del Banco Central Europeo (BCE), con una deuda que a finales de julio superaba los 375.000 millones de euros. El incremento continuado de esta deuda, que previsiblemente irá en aumento mientras el BCE no contribuya, entre otras medidas, a romper la fuerte dependencia que la financiación del Estado tiene respecto a los bancos españoles, constituye una distorsión que puede afectar muy directamente al desarrollo del sector privado y al crecimiento de la economía. España se ha convertido en el cliente favorito del BCE, ya que absorbe algo más del 33% de sus disponibilidades de crédito (España representa el 12% del PIB comunitario), muy por delante de los 283.00 millones del segundo deudor, Italia.
En la actualidad, la presión del sector privado sobre el sistema financiero está orientada casi en exclusiva a la refinanciación. El sector privado español, las empresas, aumentaron sus balances de forma espectacular durante los años de crecimiento, recurriendo al crédito fácil y barato de las entidades bancarias. Cuando el ciclo cambió de dirección, las elevadas deudas empresariales no han empezado a amortizarse porque a las empresas no les había dado tiempo ni para generar el flujo de caja suficiente para amortizar créditos ni han podido tampoco, por diversas razones, proceder a la venta de activos considerados “no estratégicos” para devolver con el dinero procedente de esas ventas una parte de los créditos que pesaban en sus balances. En consecuencia, tenemos un sector privado prácticamente tan endeudado como hace tres o cuatro años.
El aumento de la financiación que el BCE concede a los bancos españoles se deriva en parte de estas dificultades del sector empresarial para reducir su deuda bancaria. El problema se agrava porque las empresas no tienen en estos momentos fuentes alternativas de financiación, al no existir actividad en los mercados de capitales ni atractivo entre los inversores para acudir a aumentos de capital.
Más dramático es posiblemente el estancamiento de la financiación del Estado y de las Autonomías, estas últimas prácticamente desaparecidas del mapa financiero porque ya no cuentan con los requisitos mínimos exigibles a cualquier emisor, sobre todo después del desdichado asunto de los denominados “bonos patrióticos”, en torno a los cuales ni siquiera hay un mercado secundario digno de tal nombre. Las Autonomías han abusado de los mercados financieros y estos le están devolviendo últimamente el despropósito, cerrando en la práctica las vías de financiación y exigiendo tipos de interés totalmente prohibitivos. A las Autonomías españolas sólo les queda en estos momentos, para subsistir financieramente, el recurso a la generosidad del Estado español, un recurso del que algunas podrán mantenerse al margen porque han podado sus necesidades de financiación. Algunas de las más importantes, sin embargo, caso de Cataluña o Valencia, tendrán serios problemas a corto y medio plazo para recuperar una cierta normalidad financiera.
En cuanto al Estado, la decisión de algunos grandes inversores institucionales de reducir su exposición a la deuda española ha dejado un vacío que se está notando tanto en el mercado secundario de deuda como en el primario o de emisiones. Ese vacío de momento lo está rellenando la banca mediante un incremento en ocasiones importante de sus carteras de deuda. Al Estado español se la han multiplicado los problemas financieros en estos últimos meses: no sólo tiene que procurarse la financiación que necesita para atender al elevado desequilibrio presupuestario propio sino que debe cubrir la ausencia de algunos grandes inversores institucionales extranjeros que se han ido del mercado español en los últimos meses (con una desinversión neta que algunos cifran en más de 100.000 millones de euros) y atender a las necesidades, en algunos casos perentorias y urgentes, de algunas Autonomías, que podrían necesitar de aquí a finales de año un flujo no inferior a los 45.000 millones de euros para poder atender a sus necesidades básicas de funcionamiento.
Algunos creen que una actuación decidida del Banco Central Europeo podría poner remedio a esta situación. De hecho, ya lo está haciendo: de no ser por la generosa línea de crédito de que dispone el sector bancario español en la entidad, más de 375.000 millones de euros, el país estaría al borde de la insolvencia. Es probable, no obstante, que el BCE haga bastante más por nosotros en los próximos meses. España se ha convertido en el principal problema del BCE.

Pablo Sebastián
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