OPINIÓN
Fiscales fiscalizados
Ha dicho el fiscal del caso Urdangarin, Pedro Horrach, que no hay indicios suficientes para imputar a la infanta Cristina en el caso del Instituto Noos donde su marido, el duque de Palma y su socio, Torres, estafaron presuntamente cerca de seis millones de euros a las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia. Sin embargo asombra la certeza de Horrach cuando no siquiera se ha llamado a declarar a la Infanta, a pesar de su participación en la sociedad que mantenía a medias con su esposo Urdangarin y que ha sido beneficiaria de la presunta estafa, amén de cierto dinero (unos 12.000 euros, según se ha publicado) que fueron a parar a sus cuentas privadas. Y a pesar del artículo 122 del código penal donde se habla de la obligatoriedad de devolver lo estafado por parte de personas beneficiarias de un delito, etcétera.
Mientras el fiscal del caso, Horrach, habla con soltura y una aparente seguridad sobre un caso que ha conmocionado a la opinión pública, en medios de la fiscalía general del Estado, que lidera Eduardo Torres Dulce, se habla de todo lo contrario. De profundo malestar entre los fiscales del caso y otros miembros de dicho ministerio fiscal, por las presiones e instrucciones que los fiscales del caso Urdangarin han recibido de las alturas (fiscal general, ministro de Justicia y presidente del Gobierno, que es la cadena de mando), no solo para no actuar en el caso en contra de la Infante sino para oponerse a las acusaciones personadas en la causa.
Además, importantes juristas de prestigio del país coinciden en el tratado de favor que “los Urdangarín” han recibido a lo largo de todo el proceso, empezando por no llamar a declarar al duque al mismo tiempo que a su socio Torres, lo que ocurrió varios meses mas tarde, por lo que ha podido prescribir parte del delito fiscal (al menos el correspondiente al año 2005), y por supuesto por el especial trato de favor a la infanta Cristina, con la que ni siquiera se han cubierto las apariencias para que explique si se benefició de los contratos de Noos con las administraciones públicas, en el marco familiar y de la sociedad que mantenía (Aizoon) a medias con el duque de Palma.
De manera que menudo papelón el que está haciendo el fiscal general del Estado, Torres Dulce (de membrillo), en este caso, como en otros relativos a las presuntas responsabilidades penales de banqueros y gestores de Cajas de Ahorro, donde los fiscales o no están donde debieran o van a remolque de las denuncias y las querellas de los demás, como ha ocurrido en Bankia.
Y todo ello cuando el país vive en una grave crisis de la economía y el paro, con duros ajustes sociales y cuando debiera primar la ejemplaridad de las clases dirigentes y de los poderosos. Y sobre todo el imperio de la ley frente a los abusos perpetrados contra el dinero y las instituciones públicas. Y no digamos el absentismo de los fiscales cuando este Gobierno de Rajoy ha indultado a tres políticos (dos de Unió y uno del PP) condenados por casos de corrupción. Y por supuesto nada de oponerse a la amnistía fiscal del Gobierno. Eso sí los recortes sociales del Estado del Bienestar uno tras de otro en menoscabo de los sectores mas desfavorecidos de la Sociedad, mientras los fiscales son fiscalizados, y se callan ante esta colección de desafueros que tampoco en el Parlamento los grandes partidos políticos, pringados en la pomada, se atreven a denunciar.
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