La detención de varios sindicalistas que participaron en la “expropiación” de alimentos básicos en dos supermercados de las provincias de Sevilla y Cádiz, para ser repartidos entre los más necesitados; el desafío del máximo dirigente del sindicato Andaluz de Trabajadores, José Manuel Sánchez Gordillo, lanzado desde una finca del Ministerio de Defensa “ocupada” por el Sindicato desde hace más de dos semanas, anunciando que continuarán las expropiaciones en los supermercados; la precipitada orden de detención contra el Alcalde Marinaleda hecha pública por el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, antes de la intervención de cualquier autoridad judicial que sería la encargada de dar esa orden; el apoyo más o menos explicito del vicepresidente del Gobierno andaluz, el dirigente de Izquierda Unida, DiegoValderas a la acción desarrollada por los sindicalistas del campo que han convertido el pueblo de Marinaleda en un ejemplo de lo que Sánchez Gordillo entiende que debe ser la utopía comunista y, el cruce de acusaciones entre los partidos políticos andaluces, se ha convertido en uno de los principales temas de debate en las redes sociales, al tiempo que ha comenzado a ocupar importantes espacios en la prensa internacional, sorprendida por este estallido social que nadie esperaba y que ha alarmado al Gobierno por el temor de que fuera volvamos a dar la impresión de que estamos muy cerca de lo que está sucediendo en Grecia.
Desde el Financial Times Deutschland, que habla del “desvalijamiento” de dos supermercados, y, de la amenaza de prisión para los trabajadores, hasta el semanario Spigel, que recoge el parecer de los sindicalistas, convencidos de que los supermercados también son causantes de la actual crisis económica, pasando por el francés Le Figaro , que titula que “en España, los sindicalistas juegan a ser Robin de los Bosques”, todos piensan, como dice el periódico francés, que todo el país discute la legitimidad de la acción, una acción, que amenaza, además, la estabilidad del gobierno andaluz, con el que un sector de Izquierda Unida estaría en desacuerdo, especialmente después de que el Presidente José Antonio Griñán calificase la acción de los hombres de Sánchez Gordillo de barbarie.
Y efectivamente, en las redes sociales, se discute y polemiza sobre la legitimidad de la acción, poniendo por delante la justicia a la legalidad, al tiempo que critican el distinto trato que recibe el que roba invocando el ”estado de necesidad”, reconocido por la propia Comisión Europea que sólo este año, ha enviado a España más de ochenta millones de euros invertidos en 67 millones de kilos de alimentos básicos para combatir el hambre en nuestro país, y el que recibe el que ha colocado preferentes en Bancos y Cajas de Ahorros en millones de hogares, hoy desesperados y para los que, todavía, no se ha encontrado una solución en lo que es una de las mayores estafas de los últimos años.
Aunque una cosa no justifica la otra, ni nadie puede disculpar esa política de asaltos a los supermercados, un sector, el de las grandes superficies, que nada tiene que ver con el origen de la crisis económica, ni con su desarrollo, y que está afectado por la recesión económica y el consumo, el estado de indignación de la ciudadanía, contra lo que está sucediendo; contra los abusos de la Banca; contra las prácticas de quienes han hecho de las Cajas de Ahorros el chiringuito multimillonario de unos pocos, repartiendo, además, indemnizaciones multimillonarias y jubilaciones de oro, que es lo que, al fin al cabo, han provocado el rescate financiero, que tendremos que pagar todos los españoles; contra los derroches de la clase política, han terminado creando un clima que permite que acciones como la de los seguidores de Sánchez Gordillo, intenten comprenderse, o apoyarse.
Sin tener en cuenta que el fin no justifica los medios y que, ese, no es, precisamente, el mejor camino para salir de una crisis que está golpeando a todos , especialmente a los más desfavorecidos…
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