Casi todos los enviados especiales de grandes medios informativos que han pasado por Madrid en las últimas semanas (este cronista ha hablado personalmente con algunos de ellos) se extrañaban que, dada la situación crítica de millones de familias españolas al borde de la exclusión social,  no hubiesen aumentado los casos de grandes conflictos sociales,  que se produjesen asaltos a supermercados o que proliferasen los delitos contra la propiedad.

Con ese interés con el que muchos periodistas siguen mirando a nuestro país, como si todavía estuviésemos en plena guerra civil  (un tema que realmente les apasiona), siguen pensando en esa imagen de la España de la guerra civil, de la España del anarquismo, de la reforma agraria y de  la expropiación de fincas y tierras para repartirlas entre los jornaleros y trabajadores del campo.

Y, al final, parece que llevaban razón, cuando, han podido comprobar cómo un dirigente político, Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, y alcalde de Marinaleda (Sevilla) que nos recuerda al anarquista Buenaventura Durruti de los años veinte y los treinta, ha comenzado una campaña de asalto a supermercados en Andalucía para repartir alimentos a los mas necesitados a través de ONGs y Banco de Alimentos, en una especie de expropiación forzosa a las grandes superficies.

Ya han llegado esos asaltos a los supermercados por los que tanto se interesaban, pero no son fruto de una rebelión social espontánea, movida por la desesperanza, sino el resultado de un movimiento inspirado por un político que está dentro del sistema, que es diputado y Alcalde,  que es dirigente del Sindicato Andaluz del Trabajadores que probablemente como otros sindicatos recibe subvención del gobierno andaluz, que pertenece a un partido que está gobernando en Andalucía, y que tiene la obligación de respetar las reglas del juego para que, entre otras cosas, una región que es un polvorín y que, como dice él mismo, sólo hace falta que alguien encienda la mecha, se convierta en una explosión social incontrolada.

El alcalde de  Marinaleda  (treinta y tres años en un cargo para el que ha sido elegido desde que se constituyeron los ayuntamientos democráticos) , ha justificado su acción argumentando que se trata de una medida “necesaria” para dar “un toque de atención” a lo que realmente está pasando en Andalucía, “donde el 35% de las familias de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza, hay un 1,25 millones de parados, tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros desempleados y sin cobrar ningún tipo de percepción”.

Podría agregar que el 18,2 por ciento de la población andaluza vive por debajo del umbral de la pobreza, por debajo de la media nacional (19,9 por ciento), Ese 19,9 por ciento de la población española vive en situación de pobreza moderada, es decir, aquélla que sufren las familias que cobran por persona 6.347 euros al año, lo que supone el 60 por ciento de la media de ingresos del país.

Que la pobreza moderada en Andalucía se establece en 5.528 euros al año por persona, lo que equivale al 60 por ciento de la media de ingresos de la comunidad autónoma. Ésta afecta al 18,2 por ciento de los andaluces.

Y, que la pobreza alta, , la sufren un 7,8 por ciento de los andaluces, es decir, aquellos que no superan el umbral de 5.528 euros al año de ingresos por persona, lo que supone el 40 por ciento de los ingresos medios de la comunidad autónoma. La denominada  pobreza severa, que afecta a aquellos que tengan un nivel de ingresos anuales inferior a 2.671 euros (el 25 por ciento de los ingresos medios de Andalucía), afecta al 4,5 por ciento de los andaluces.

Este cuadro descorazonador, que tiene poco que ver con la segunda modernización de la que hablaba el ex Presidente  Manuel Chaves o de esa Andalucía, California de Europa, y que debería avergonzar a toda la clase política, no justifica la resurrección de ese  anarquismo libertario a lo Robin Hood, que ha dividido al gobierno de coalición andaluz, que ha puesto en un brete al Ministro del Interior ordenando la detención de Sánchez Gordillo y que ocupara importantes espacios informativos en la gran prensa internacional para satisfacción de esos informadores que todavía piensan en la España de la guerra civil y de la reforma agraria.