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“Las personas que están en servicios mínimos han ido a trabajar. De los que pueden no ir a trabajar, el 20 % no lo han hecho”, ha afirmado, a la vez que ha destacado “la normalidad” y el “funcionamiento razonable de los servicios ferroviarios, tal y como se había diseñado”.
De hecho, apenas se han registrado incidencias en la red ferroviaria; tan solo en algunos trenes, como uno de cercanías en Cataluña y un tren hotel Madrid-París.
En la madrileña estación de Atocha, se ha producido algún enfrentamiento entre manifestantes y agentes policiales cuando los primeros intentaban acceder a la zona de trenes de Cercanías.
Durante su comparecencia, Catalá ha insistido en lo “impropio” de convocar una huelga en un contexto de negociación y en el inicio de fin de semana, a principios de agosto, lo que causa “un daño importante”, a su juicio, en la economía y la imagen de España, en el turismo y en las propias empresas.
Las pérdidas de Renfe
Renfe estima que perderá entre 3 ó 4 millones de euros sólo por los billetes anulados o que no se vendan.
Esta huelga de 24 horas, que comenzó la pasada madrugada, ha sido convocada por los sindicatos UGT, CCOO, CGT, Semaf, Sindicato de Circulación y Sindicato Ferroviario para protestar contra la liberalización del transporte de viajeros.
Los sindicatos han acusado a Fomento de mentir cuando dice que ha intentado negociar hasta el último momento para evitar el paro y han calificado los servicios mínimos de “los más abusivos en la historia de las relaciones laborales en el sector ferroviario”.
En las estaciones de tren de distintas ciudades españolas se han sucedido los actos de apoyo de decenas de trabajadores a la huelga y de crítica a la liberalización del sector.
El portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, ha dicho que la “liberalización exprés” del Gobierno en el sector “sólo conducirá a un servicio peor, más caro y con miles de trabajadores despedidos” y es “el primer paso para su privatización”.
También se ha pronunciado sobre la huelga el secretario federal de Transporte, Energía y Medio Ambiente de IU y diputado autonómico aragonés Adolfo Barrena, quien ha calificado de “estacada mortal” la liberalización del sector y ha señalado que “si se aplican solo criterios economicistas a los servicios públicos el resultado puede ser el cierre”.