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El anuncio de Gallardón sobre el aborto y la discapacidad provoca un aluvión de reacciones y reabre el debate

El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, advirtiendo de que la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar, ha suscitado el rechazo de PSOE e IU, así como de numerosas organizaciones feministas, que lo consideran "ultraconservador" y "fundamentalista"; y el aplauso de las organizaciones pro-vida, que denunciaban desprotección de los concebidos aquejados de alguna malformación o discapacidad. La actual regulación de la interrupción del embarazo establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión. "La experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben de ser revisados", opinaba el ministro en el diario La Razón, y calificaba de "éticamente inconcebible" haber estado conviviendo con la actual legislación sobre el aborto. Según el ministro, la legislación volverá a un sistema de supuestos que "no será exactamente" el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos.

Según los socialistas, se trata de la “amenaza de una penalización total” que retrotrae “a la clandestinidad y la inseguridad sanitaria y jurídica”. “Señor ministro: ¿quiere volver a la hipócrita España de los 70?”, le ha preguntado la vicesecretaria general socialista, Elena Valenciano, en su blog, en alusión a las mujeres que viajaban a Londres para abortar y a las que tenían que hacerlo en España “en condiciones inseguras o directamente peligrosas” por falta de recursos.

PSOE: “El Gobierno busca el aplauso ultraconservador”

A su vez, la secretaria socialista de Igualdad, Purificación Causapié, cree que el Gobierno “busca el aplauso ultraconservador atacando a las mujeres y actuando contra lo que piensa la mayoría de los ciudadanos”, lo que sería un “ataque más” contra las mujeres españolas, que quedarían a la cola de Europa en derechos y libertades, según un comunicado del PSOE.

En opinión del secretario general del PSM, Tomás Gómez, esto es “una muestra de que el Partido Popular no sólo recorta en lo económico, sino también en derechos y libertades. Quiere un retroceso, nos está llevado a tiempos de antes de la Constitución de 1978. Lo que le pasa al PP es que está en contra de que las mujeres puedan decidir”. Lo que pretenden “es imponer a toda la sociedad su ideología de integrismo radical y religioso, pero eso no es posible en la España del siglo XXI”, señala Gómez en un comunicado.

El diputado de IU Gaspar Llamazares ha considerado que las declaraciones de Ruiz-Gallardón son una muestra de “populismo penal” con la que se convierte en “el ariete del fundamentalismo religioso”. En su cuenta en la red social Twitter, Llamazares opina que el anuncio trata de ocultar el “asalto” al estado social y presupone la eliminación del consejo genético en las prestaciones sanitarias. ”Primero fue el aborto en las menores, luego dijeron que sólo por indicación médica, y ahora ni la malformación del feto. ¡Todas a la cárcel!“, escribe. En la misma línea, el coordinador general de la coalición, Cayo Lara, alerta de que en el Gobierno “crecen los Torquemada”.

Para, la plataforma proabortista “Nosotras Decidimos” de Cataluña ha expresado su “absoluto rechazo” a que la malformación del feto no se considere un supuesto para el aborto, y ha indicado que, de reformarse en este sentido, supondría “retroceder a los años 70″ en los derechos de las mujeres. Asimismo indica que “como recoge el apartado sobre derechos sexuales y reproductivos de las Naciones Unidas, impedir a una mujer abortar si así lo desea, es una privación de su libertad y una negación del derecho a controlar su propio cuerpo”.

A juicio de la la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, la intención del ministro de Justicia “es una gran tragedia en relación al derecho a la mujer a decidir” y crea “inseguridad” jurídica y sanitaria. “Encender el debate social (sobre el aborto) que ya estaba resuelto y en el que hay poco margen de acuerdo, es muy peligroso y confunde a la gente”, ha opinado Soleto

Asociaciones en defensa de la vida

Por el contrario, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) asegura que, desde hace años, el aborto “eugenésico” por razón de discapacidad es contrario a los derechos humanos, ya que parte de la premisa de que la vida de las personas con esta característica es menos valiosa que la del resto. En opinión del CERMI, en cuestiones de interrupción del embarazo, la discapacidad “no ha de ser un elemento relevante”, y recuerda que la ONU recomendó a España en 2011 que derogase cualquier supuesto discriminatorio por motivos de discapacidad en relación con la regulación del aborto.

Derecho a Vivir (DAV) considera un “progreso histórico” en la protección de la dignidad humana que la malformación del feto vaya a dejar de ser un supuesto para abortar

En un comunicado, la portavoz de esta organización, la doctora Gádor Joya, pide también la supresión del “coladero” que, a su juicio, supone que el riesgo para la salud mental de la madre se considere supuesto de aborto, además de animar al Gobierno a presentar ya la reforma de la ley vigente, “antes de agosto”.

Además, el grupo Ginecólogos por el Derecho a Vivir, formado por más de 500 especialistas, apoya de manera “unánime” la abolición del aborto “eugenésico”.

Los populares entienden la medida como una ”defensa de los más débiles”

Por su parte, el PP ha interpretado como una “defensa de los más débiles” y una “ampliación de derechos” que la malformación del feto vaya a dejar de ser un supuesto de aborto. ”No hay ninguna normativa internacional que defienda la existencia de vidas de primera y de segunda”, al contrario que la ley vigente de aborto -aprobada por el PSOE-, ha dicho la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo.

En un comunicado, la responsable popular añade que el PSOE sigue estancado en un discurso del “siglo pasado” y lo acusa de escudarse “en su sectarismo en la supuesta defensa de los derechos de las mujeres”. ”Pero el aborto no lo es (un derecho) y así se lo dijo a los socialistas el Consejo de Estado cuando pretendieron imponerlo como tal en la última reforma de ley del aborto”, recuerda Moneo.

“Una sociedad más justa y solidaria es la que dedica el máximo de sus esfuerzos a proteger los derechos de los más débiles”, en este caso los “no nacidos” -subraya- y, dentro de ellos, los que puedan presentar “alguna minusvalía o discapacidad”.