No se trata, como pretenden a cantazo limpio el PP y el PSOE, de encontrar un “culpable” para la lamentable situación a la que hemos llegado. Lo cierto es que el mito de la Transición ya no da más de sí y que resulta tan imprescindible como urgente buscar una gran solución para el grandísimo mal que padecemos. España, si no nos andamos con rodeos, es una catástrofe económica, un Estado en descomposición, una pestilente convivencia sazonada con corrupciones variadas, un vivero del paro y el subempleo y una partitocracia estéril y cómplice de una insoportable elefantiasis administrativa que toma razón de la mala interpretación y el peor uso del Titulo VIII de la Constitución de 1.978.
Las últimas elecciones legislativas, las que eyectaron al recuerdo la incompetencia dolosa de Jose Luis Rodríguez Zapatero y su incapaz equipo de Gobierno,dieron paso a “la otra” opción política posible y presente, la que encabeza Mariano Rajoy. Parecía, y así lo proyecto la propaganda política al uso, que el relevo llevaría consigo la solución de muchos de los problemas en curso; pero, mas de seis meses después de que Rajoy se instalara en La Moncloa, no solo no hemos avanzado un palmo sino que el fantasma del rescate del Estado español por parte de la UE sobrevuela por encima de cualquier hipótesis de futuro.
Rajoy, que todavía no ha tenido el garbo político de dirigirse a los ciudadanos españoles para dar cuenta de la realidad y de sus proyectos, que evita el Congreso de los Diputados y que hace gala de la presunta astucia que envuelven sus silencios, no sabe, o no quiere, hacer propio el dicho polupar que encabeza estas líneas. No hay daño que no tenga apaño; pero, va de suyo, el apaño ha de ser proporcional al daño que se trata de remediar. El presidente quiere que le quieran, o eso parece, y no asume anteponer el futuro del Estado, el bienestar de la Nación y la grandeza de la Paria a su potencialidad electoral en los próximos comicios.
Los supuestos de la Transición han caducado y el desarrollo constitucional nos ha instalado en un Estado tan débil como despilfarrador. Algo que no podemos seguir permitiéndonos. Cabe suponer que las mínimas medidas rejoyanas, las que los viernes nos cuenta sin la debida claridad Soraya Sáenz de Santamaría, no aliviaran en mucho la situación presente y así lo ponen de relieve las encuestas que este pasado fin de semana han publicado algunos diarios nacionales. Rajoy no corta por lo sano, no adelgaza el Estado ni acota la potencialidad de las Autonomías y Europa, que no se fia de nosotros – yo tampoco –, empieza a dar muestras de impaciencia. Es el futuro de la Unión y la posibilidad del euro como moneda única lo que está en juego.
El Gobierno disimula y emprende torpes maniobras de distracción, como la revitalización de la polémica sobre el aborto que Alberto Ruíz Gallardón se ha sacado de la manga; pero no coge el toro por los cuernos. Llegado a donde estamos, vista la debilidad interna del propio PP y la descomposición profunda del PSOE, lo prudente y deseable sería un pacto de Estado entre las dos grandes formaciones, que representan a más del 80 por ciento del electorado nacional, para, de consuno, abordar un periodo constituyente – que no tuvimos en 1.978 – que culmine con una nueva Constitución en el que se poden las componendas que, para pasar “de la ley a la ley”, lastraron el texto hoy vigente.
El asunto autonómico, el más complejo, no puede seguir tratándose con el “café para todos” que quisieron servir, ingenuamente, los redactores de la Carta Magna en la que nos soportamos. La República ya lo vió claro y trató de solucionar el problema nacionalista con los Estatuos del 32 que reconocían la realidad diferencial de Cataluña, el País Vasco y, aunque no llegóa ser aprobado en el Parlamento, la de Galicia. Ochenta años después algo habrá que retocar sobre aquellos supuestos; pero sin que ello suponga la inviabilidad económica del Estado y la atomización terminal de la Nación.
No diré yo que lo aquí esbozado sea el gran apaño que requiere el gran daño que hoy nos aflige; pero si que hay soluciones posibles. La única que no lo es, la que ya ha demostrado su ineficacia, es la que mantiene el Gobierno de Rajoy, heredera de la que mantuvo el Gobierno de Zapatero. Desde que en mayo de hace dos años Europa advirtió al entonces presidente del Ejecutivo sobre la imperiosa necesidad de que España se enfrentara a la crisis no hemos hecho mucho para que así sea.
Como acaba de publicar ABC en un gran reportaje, muchos años de inercia y descontrol han creado un ruinoso entramado autonómico con 2.400 entes públicos y más de 800 empresas. Ningún partido es inocente, aunque el PSOE sea más culpable, en ese exceso que sobrepasa los 20.000 millones anuales. Más de cinco pagas extraordinarias para todos los funcionarios. Rajoy podría; pero, ¿quiere?
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