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Las medidas del Gobierno que incluyen recortes en la prestación de desempleo, la rebaja del sueldo de los funcionarios o la eliminación de la desgravación por vivienda con el fin de ahorrar 65.000 millones en un horizonte de dos años y medio serán votadas este jueves por el Congreso. Y todo indica que su aprobación depende exclusivamente de los 185 votos de los diputados populares.
Alfredo Pérez Rubalcaba, que asumirá personalmente la defensa de la postura del grupo socialista, ha dejado claro este miércoles su ‘no’ rotundo al nuevo paquete de medidas. Rubalcaba anunció hace un par de días que iba a endurecer su oposición a la política del Gobierno tras las críticas que suscitó -incluso en las filas del PSOE- su tibia actuación frente a Rajoy cuando el presidente presentó los ajustes hace exactamente una semana. Este miércoles no se ha visto esa ‘dureza’ por ningún sitio. Rubalcaba ha interpelado al jefe del Ejecutivo en la sesión de control del Congreso utilizando el tono derrotista y resignado que caracteriza últimamente sus intervenciones parlamentarias. Quizá se está reservando para este jueves o eso es, al menos, lo que ha dado a entender el portavoz económico del PSOE, Valeriano Gómez, que ha advertido al ministro de Hacienda -el encargado de defender los decretos en nombre del Gobierno- que se encontrará una oposición más agresiva que hasta ahora. “Si no es el momento del debate ni del acuerdo en uno de nuestros peores lances, es el momento entonces de la oposición firme y de la respuesta decidida“, le ha señalado tras echarle en cara que el Gobierno ha aprobado todas esta medidas “sin dialogar”.
Los nacionalistas de CiU y de PNV, que en los últimos meses han brindado su apoyo a algunos de los ajustes y las iniciativas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha llevado a las Cortes, han anunciado ya su rechazo al nuevo paquete de medidas. El portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, confirmó el martes que va a decir ‘no’ a esos recortes por entender que no resuelven a crisis y porque hacen recaer los ajustes sobre los más desfavorecidos. Y el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, ha explicado que votará en contra de las medidas debido a la negativa del Ejecutivo a flexibilizar el objetivo de déficit autonómico.
Que las relaciones PP-CiU se han tensado en las últimas semanas hasta límites insospechados ha quedado patente en la sesión de control que ha celebrado el Parlamento catalán paralelamente al Congreso de los Diputados. Y es que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha llamado a todas las comunidades a plantarse ante el último plan de recortes anunciado por el Gobierno de Rajoy al considerar que plantean unas exigencias a las autonomías que son un “acto de deslealtad total”. La acritud ha sido de tal envergadura que la máxima responsable del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, le ha pedido una reunión bilateral para intentar recomponer unas relaciones que ahora mismo parecen, cuando menos, inexistentes.
La deuda española, en el epicentro de las tensiones financieras
Este jueves será Cristóbal Montoro quien suba a la tribuna de oradores para defender los ajustes. Ya lo ha hecho el miércoles con un resultado más que dudoso. La afirmación del ministro de que hay que subir el IVA porque no hay dinero en las arcas públicas para pagar las nóminas de los funcionarios ha caído como un mazazo en el mercado de deuda. Al cierre de la Bolsa de Madrid, la prima de riesgo se situaba en los 574 puntos básicos con la rentabilidad del bono a diez años en el 6,9%, solo a un paso de la peligrosa barrera del 7%. Claro que las declaraciones de Angela Merkel expresando su desconfianza en el futuro del euro tampoco han ayudado a aliviar la presión sobre la deuda española.
Según los analistas consultados por EFE, son varios los factores que minan la confianza de los inversores en España, apenas un par de días antes de que se cierre el memorándum en el que se recogen las condiciones de las ayudas europeas a la banca española. El jefe de la mesa de deuda de Ahorro Corporación, Javier Ferrer, detalla algunos de ellos, en primer lugar figura la situación de las comunidades autónomas, dadas las dificultades que encuentra el Gobierno central para que cumplan las medidas de ajuste aprobadas por el Ejecutivo.
Además, España se enfrenta este jueves a una nueva prueba frente al mercado, en la que intentará captar entre 2.000 y 3.000 millones en bonos con vencimiento en 2014 y obligaciones con vencimiento en 2017 y 2019. Pese a que el martes el Tesoro logró pagar menos que en la anterior puja por una emisión de letras a doce y dieciocho meses, en la que captó 3.650 millones de euros, los costes de financiación son cada vez mas gravosos para España.
A todo ello hay que añadir que persiste en el mercado la sensación de que los titulares de deuda senior emitida por bancos españoles van a tener que asumir pérdidas (una quita), algo que ha sido por la Comisión Europea y que está en contra del criterio del Banco Central europeo (BCE). En concreto, la reunión de los ministros de Finanzas de la zona del euro (Eurogrupo) que se celebra el viernes no tiene previsto abordar este asunto, según han confirmado fuentes comunitarias.
La deuda española se encuentra en el epicentro de las tensiones financieras, como constata el hecho de que países como Portugal e Irlanda, ambos sometidos a un programa completo de asistencia de la UE y el FMI, hayan logrado colocar en las últimas semanas deuda a corto plazo a intereses inferiores a los abonados por el Tesoro Público español.
“Quieren arruinar el país, hay que impedirlo, somos más”
Este es el panorama que acogerá este jueves las movilizaciones en más de 80 ciudades contra las últimas medidas económicas del Gobierno. Las manifestaciones y concentraciones han sido convocadas por CCOO y UGT, que quieren servir de “cauce” para la protesta ciudadana, aunque se han sumado a ellas el sindicato de funcionarios CSI-F, la Confederación General del Trabajo (CGT) o la Unión Sindical Obrera (USO), así como el movimiento 15M, que consensuó apoyar las movilizaciones acudiendo en un bloque diferenciado. También ha animado a salir a calle la Plataforma Social en defensa del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos, compuesta por 55 asociaciones como la organización agraria COAG, la de militares AUME, el Sindicato Unificado de Policías (SUP), las de consumidores FACUA y CECU o la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). El lema escogido en esta ocasión es “Quieren arruinar el país, hay que impedirlo, somos más”.
En la protesta de Madrid, que partirá a las 20:30 horas desde Neptuno para concluir en la Puerta del Sol, estarán presentes los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente.
Desde que Rajoy anunció el nuevo ajuste en la Cámara Baja se han producido numerosas concentraciones espontáneas y los funcionarios han salido a la calle todos los días durante su descanso matinal, realizando en ocasiones cortes de tráfico en puntos cercanos a su puesto de trabajo. Pero, además, este jueves tendrá lugar la reunión a la que están convocados todos los sindicatos de la función pública, de la que previsiblemente saldrá la fecha de la huelga de funcionarios que previsiblemente se convocará para finales del mes de septiembre. Y desde CCOO y UGT no se descarta recurrir a una nueva huelga general y se explica que las manifestaciones de este 19 de julio se han planteado como un “test” antes de tomar una decisión al respecto.
No iré con los sindicatos, ni a atropar duros, porque se les cogerían ellos todos.
No obstante votaría a Pablo Sebastian para presidente del gobierno o ministro de economía porque es un tío que sabe un huevo, no se que hace ganándose la vida de Periodista. Lo que lamento al leerle que no pueda contestarle dando mi opinión.
¡Demócrata, más que demócrata!
Yo voy por mi cuenta, con los sindicatos subvencionados ni a la esquina.