En mi anterior crónica sobre el Consejo Europeo donde supuestamente Rajoy y Monti, con la ayuda de Hollande, le torcieron el brazo a Merkel, decía que quedaba mucho diablo escondido en los detalles. Y que había que esperar a más precisiones del Eurogrupo en su reunión del próximo día 9 de julio.
Mientras, la confusión sobre lo acordado y las reticencias de algunos países, entre ellos Finlandia y Holanda, a que los fondos de rescate europeos compraran Deuda pública en el mercado secundario fueron aumentando. Parecía que ese Consejo no había servido para nada…
Pero parece que sí sirvió para algo. El Eurogrupo ha acordado que antes de fin de mes España recibirá los primeros 30.000 millones de euros destinados a recapitalizar los bancos y además se nos concede un año más de plazo para reducir el déficit al 3 % del PIB.
Algo es algo. Pero todavía falta poner negro sobre blanco todos los detalles del acuerdo en un memorándum que debe firmarse el 20 de julio en una nueva reunión del Eurogrupo. Entonces sabremos exactamente a qué nos enfrentamos, pero lo que se propone es que el plazo de los préstamos sea de 12,5 años en media y con un tipo de interés del 3 %.
Esas condiciones financieras son aceptables pero de momento esos préstamos serán al Estado y por lo tanto aumentarán nuestra Deuda pública, lo que Rajoy había intentado evitar.
Lo ha conseguido para el futuro. Cuando se establezca un supervisor bancario único a escala europea, entonces los préstamos para recapitalizar a los bancos se harán directamente a estos y el riesgo será asumido por los fondos europeos y no por el Estado español. El problema es saber cuando eso va a ocurrir y si España puede esperar hasta entonces. Probablemente no.
La condicionalidad asociada a esos préstamos es bastante exigente. Limitaciones de las retribuciones de los dirigentes bancarios, bienvenidas sean, lógica supresión de los dividendos, reducción de agencias, trasferencia de los activos “tóxicos” aún “banco malo” y alcanzar el 9 % de fondos propios. Los titulares de las obligaciones convertibles deberán soportar pérdidas y no ser reconvertidas en depósitos retribuidos.
Según el borrador de memorándum, nuestros bancos serán clasificados en 4 grupos según su nivel de solvencia y Bankia se llevará los 19.000 millones que sus nuevos gestores han pedido a cargo de los 30.000 que deben desembolsarse antes de fin de mes.
Las nuevas condiciones de reducción del déficit implican que a finales de este año deberá ser del 6,3 % en vez del 5,3 %, lo que nadie veía posible conseguir. Eso le da al Gobierno un balón de oxígeno de 10.000 millones de euros. A partir de allí, el 4,5 % en el 2013 y el 2,8 % en el 2014. Tampoco será muy fácil, pero menos da una piedra.
Nuestro Gobierno ha insistido en que esos acuerdos no implican nuevas condicionalidades macroeconómicas. Pero es una interpretación patriótica destinada a salvar las apariencias. En realidad el acuerdo convertirá en obligatorias las “recomendaciones” de Bruselas, se nos exigirán nuevas reformas estructurales y, parece ser, una autoridad presupuestaria independiente, sin que se sepa muy bien en qué consistiría.
Pero lo que está claro es que de momento el préstamo es al Estado y que nos alejamos de una condicionalidad estrictamente relativa a los bancos, que es lo que Rajoy pedía. Tendremos que presentar un nuevo plan de ajuste presupuestario y dar cuentas de su aplicación cada tres meses.
Diga pues el Gobierno lo que quiera decir, estamos de facto intervenidos, aunque se haya evitado la forma dramática de las anteriores intervenciones y el desembarco en Madrid de los “hombres de negro” de la Troika. Habrá un nuevo calendario de reformas y un aumento del IVA que la Comisión nos ha ¡”recomendado”! ¡Hay que ver lo que el PP llegó a decir en contra de ese aumento del IVA y las solemnes promesas hasta ayer pronunciadas descartando esa medida! Pero a la fuerza ahorcan…
De manera que el “salvamento” de los bancos nos va a salir caro en términos económicos y políticos. Estamos estrechamente vigilados por Europa y sobre todo por Alemania que no se puede permitir ir más lejos en las modalidades de la ayuda a España de lo que su Tribunal Constitucional esté dispuesto a aceptar. Toca pues esperar lo que digan los de Karlshure, que ya han empezado sus deliberaciones sobre el Tratado del pacto fiscal y el del MES.
Tengan cuidado, les ha advertido el ministro alemán de Economía, este es un equilibrio muy delicado y no conviene que se rompa. Pero, ¿qué pedirán a cambio de declarar esos nuevos Tratados compatibles con la Constitución alemana en esos tiempos tan revueltos?