El Gobierno de Rajoy que ahora nos anuncia una nueva tanda de ajustes por valor de 30.000 millones de euros para cumplir los objetivos de déficit -reconociendo la insuficiencia de su anterior ajuste- sabía muy bien lo que podría ocurrir en la política y en los tribunales con la actuación de Rodrigo Rato y sus consejeros en BFA y Bankia (el propio ministro De Guindos ya reconoció que la salida a Bolsa fue un error) y quizás por eso impidió y bloqueó que el Parlamento recibiera información e investigase lo ocurrido en Bankia. A pesar que este escándalo está en la base de la crisis del sistema financiero español y fue la palanca que ha provocado la petición española del rescate de los bancos afectados por parte de la UE.
Pero ahora Rato y sus consejeros acaban de ser imputados en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de: falsedad de cuentas y balances, apropiación indebida, administración desleal o fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Como viene ocurriendo, la mayoría parlamentaria del PP bloquea el debate político y el control del Parlamento de la vida pública, a pesar de los graves acontecimientos que nos embargan. Pero esta vez la minoría UPyD, partido que lidera Rosa Díez, se fue a los tribunales, donde presentó una querella criminal en contra de los administradores de Bankia, y la Audiencia Nacional les acaba de dar la razón inicialmente con la admisión a trámite e imputación de Rato y sus consejeros, entre los que figuran ex dirigentes del PP como José Luís Olivas y Ángel Acebes y una larga lista de personajes que fueron nombrados en Bankia y BFA tanto por Esperanza Aguirre como por Francisco Camps, controlando la mayoría de estos consejos donde también habitan responsables del PSOE, IU y de los sindicatos a los que también les toca su parte de responsabilidad.
La Justicia se adelanta al Parlamento y el Gobierno se esconde tras la urgencia de la crisis bancaria y de la deuda nacional. Y puede que por ello decidieran ayer avanzar noticias sobre más ajustes para distraer la atención frente a los acontecimientos de Bankia y su trascendencia política y social. Un terreno donde UPyD acaba de conseguir una victoria de alcance político por la alarma social que provocó el caso Bankia y el daño causado a sus accionistas y clientes y al conjunto de España, dado el elevado coste financiero de la intervención de Bankia y BFA y la obligada petición de un rescate financiero a la UE, que ha mermado el prestigio de España y contaminado otras entidades e incluso la deuda pública del país.
Al deterioro económico, financiero y social se le añade, cada día con más fuerza, el deterioro de la vida democrática y la ausencia de un Gobierno que ejerza la política con liderazgo y respeto a las minorías y al conjunto de la oposición, así como a los medios y a los tribunales de Justicia. Y sobre todo un Gobierno que nos diga a dónde va y cómo piensa recorrer ese camino, porque ya estamos -como en los pasados años de Zapatero- en la rectificación (ahora con más y nuevos ajustes) y la improvisación y todo ello aumenta la inquietud general.
En cuanto a la imputación de Rato (que escandalosamente sigue en Caja Madrid) y de los consejeros de Bankia y BFA –los que creían haber encontrado un buen acomodo y bien pagado a la sombra del PP-, en principio hemos de respetar su presunción de inocencia. Aunque el auto del juez y las imputaciones varias de la acusación de UPyD y la fiscalía ofrecen argumentos suficientes como para que el tribunal lleve a cabo una seria investigación en pos de clarificar lo ocurrido y decidir si hubo o no negligencia, delitos y responsabilidad.
De momento la admisión a trámite de la querella y la imputación de los máximos responsables de Bankia y BFA ha provocado una sensación de amparo a los afectados y al conjunto de ciudadanos que, ante la desidia y escapismo de nuestros actuales gobernantes, tenían la impresión de que algunos destacados responsables de la crisis se marchaban impunemente a sus casas –y algunos de ellos muy bien e injustamente pagados- después de ser los responsables de esta parte del desastre nacional. La Audiencia Nacional está sobre el caso, eso es un paso importante -que se le debe a UPyD- y falta ver como discurre la investigación y qué decide el tribunal. Y si finalmente hay sentencia condenatoria y se dicta algún tipo de compensaciones a los damnificados por Bankia cabe esperar que no sea el Estado, es decir todos los españoles, los que paguen el desastre sino los gestores y administradores de Bankia y BFA.
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