No es la primera caja que llega ante el juez, pero si es la más importante, la que puede abrir una fase nueva en la historia de la crisis bancaria. La experiencia judicial de anteriores crisis es irregular, muy decepcionante en el caso Rumasa que se eternizó por los juzgados con sentencias contradictorias; espectacular fue el caso Banesto-Conde, para el que la Audiencia Nacional instruyó un caso basado en varios expedientes elegidos como más significativos para concluir con una sentencia que llevó a algunos de los responsables del banco a prisión.
La crisis actual, que afecta a buena parte de las cajas de ahorro ha propiciado varias instrucciones en diversos juzgados que afectan a varias de las cajas intervenidas. Y desde ayer la Audiencia Nacional ha abierto una pieza mayor para el caso Bankia con imputación de varios delitos a una larga lista de consejeros que puede sentar en el banquillo a representantes de todo el arco de poder de las Comunidades de Madrid y Valencia.
El caso Bankia es el caso del gobierno de las cajas de ahorro durante el último tercio de siglo. Cómo se vaya instruyendo el caso, cómo se acumulen declaraciones, pruebas, acusaciones…va a marcar la pauta para otros casos y va a abrir un caso largo, que llegará a todas las instancias posibles y que llevará años de trámite. No es un caso aislado, se va a juzgar mucho más que eso. Y no va a ser una experiencia local, española, en otros países van a producirse expedientes semejantes.
La apertura de instrucción en la Audiencia Nacional no debería suponer que se paralicen otras investigaciones, especialmente la parlamentaria, a la que hasta ahora se ha opuesto el gobierno y su grupo parlamentario. La naturaleza de una investigación judicial y de otra parlamentaria es diferente, ambas investigaciones no deberían influirse ni condicionarse. Los jueces investigan conductas personales con visos de delito. En el Parlamento hay que investigar fallos del sistema, como evitar desastres semejantes y como rectificar legislación poco eficaz. En el Parlamento se trata de entender que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y como evitar que vuelva a suceder.
En los Estados Unidos la comisión que investigó la crisis financiera se reunió inmediatamente, sus audiencias fueron interesantes y sus conclusiones también. La posterior legislación ha llegado afectada por presiones enormes de los interesados, pero hay una reforma en marcha que trata de cambiar las reglas del juego. En Gran Bretaña la comisión del Parlamento está funcionando y comparecen los banqueros para explicar su comportamiento. Es una de las funciones del Parlamento, propiciar explicaciones a los ciudadanos.
El Parlamento español debería haber abierto su comisión hace meses, llamar a implicados y afectados para explicar los hechos y construir una explicación de la crisis. No poner en marcha esa comisión con la excusa de dejar trabajar a los jueces y fiscales significa una forma de complicidad con la crisis, miedo a la investigación y nula voluntad de rectificación.
UPyD ha ganado un tanto político, ha justificado su propia existencia como grupo político crítico, dispuesto a no encubrir malos comportamientos que escandalizan a la opinión pública, que perjudican a los ciudadanos, que cada día se sienten más inermes, más abandonados.
fgu@apmadrid.es
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