Dos titulares en los medios me llaman hoy la atención. Uno, un artículo de un buen periodista, José García Abad, en el que, refiriéndose a la obligación de transparencia en la contratación de hipotecas, afirma que “a partir de ahora, se prohíbe a los bancos engañar a sus clientes”. El otro, el titular de un resumen de una entrevista de Alberto Artero a Paul Krugman: “La desgracia de España es que ya no depende de sí misma”. Parecen dos temas sin conexión pero no lo son. Segunda coincidencia: ambos titulares son sólo verdad en parte.
Krugman, ese brillante economista y, dicho sea en su elogio, magnífico divulgador y polemista, se refiere obviamente a la crisis que nos afecta. Acierta en esa afirmación sólo en parte porque si bien es cierto que muchas y muy importantes cosas no dependen de decisiones políticas en nuestro país, muchas y muy importantes otras, y no sólo en el campo económico, sí dependen de decisiones internas. Es más: exigen decisiones internas. Una gran parte de ellas se refieren a algo clave para el desarrollo de cualquier país y muchas veces olvidado: sus instituciones políticas y económicas. “Es la institucionalidad, estúpido”. Porque aquí, algunos lo hemos repetido muchas veces, enfrentamos algo más que una crisis económica. Enfrentamos una crisis integral con elementos institucionales, políticos y de valores. Reconocer eso es lo primero y actuar decididamente contra poderosos intereses, lo segundo y todo eso no depende de fuera. Se trata de que la institucionalidad establecida por la vigente Constitución hace agua por todas partes y ya no sirve. Tan sencillo y tan complejo como eso.
Sin duda que en esta crisis, sobre todo en su vertiente económica así como en sus desastrosos efectos sociales con costes muy injustamente repartidos, han jugado un destacado papel las entidades financieras, aquí y fuera de aquí. Más aún: la impunidad, al menos hasta el momento (y hay que ser profundamente escépticos respecto del futuro) de los principales causantes, por acción o por omisión por no vigilar (eso que se llama “la captura del regulador”), está produciendo importantes destrozos éticos en la ciudadanía que ve que acciones no ya sólo de lamentable gestión sino muy probablemente delictivas quedan sin sanción e incluso los autores obtienen recompensas multimillonarias. Por eso, la afirmación de que se prohíbe a esas entidades engañar a sus clientes tiene una parte de verdad. La de que han estado engañando y, añadimos, no sólo en los asuntos de hipotecas. La segunda parte de que a partir de ahora se prohíben los engaños tomémosla a beneficio de inventario y, más bien, como lo que parece ser: la expresión de un benéfico deseo.

Pablo Sebastián
José Oneto
Fernando Glez. Urbaneja
José Luis Manzanares
José Javaloyes
Primo González
Juan Fco. Martín Seco
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Daniel Martín
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