El apremio de Merkel, que se ha producido en el marco del G-20 y apenas dos días antes de la fecha fijada para que Madrid presente formalmente su petición de rescate financiero al Eurogrupo, se podría enmarcar en la extenuación que están provocando los constantes titubeos del Ejecutivo español en unos momentos en los que la presión de los mercados están disparando el riesgo país de España hasta límites insostenibles.

Pero el intento de renegociar con Bruselas cuando han pasado sólo nueve días desde que se acordó el préstamo a los bancos españoles no sólo está acabando con la paciencia de la canciller. El Eurogrupo ha salido al paso este martes de las quejas de Mariano Rajoy para recordarle que, de acuerdo con las reglas vigentes, “no es posible” que el fondo de rescate de la UE recapitalice directamente la banca española sin pasar por el Estado. Los países de la eurozona todavía no han discutido formalmente qué requisitos se impondrán a España a cambio de la asistencia de hasta 100.000 millones de euros, aunque sí han dejado claro que habrá “condiciones estrictas” tanto para los bancos que reciban ayudas como para el conjunto del sector financiero.

El propio vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha dicho que con las normas vigentes no es posible que el fondo de rescate recapitalice directamente los bancos españoles sin pasar por el Estado, aunque no ha descartado que las reglas se cambien en el futuro. Eso sí, ha puntualizado que cuando Bankia sea recapitalizada, “esta inyección de recursos públicos estará bajo el control directo de la Comisión desde el punto de vista de las ayudas públicas”. Y ha explicado que la actuación del Ejecutivo comunitario será la misma independientemente de que las ayudas vengan del fondo de rescate de la UE.

Si hay algo que queda meridianamente claro tras las declaraciones de Almunia y de otros responsables comunitarios es que de lo que estamos hablando es de un rescate en toda regla -término que ya no parece rechazar el Gobierno de Rajoy- con tintes que apuntan hacia una intervención del Estado español. De hecho, lo que los ministros de Economía de la eurozona discutirán en Luxemburgo el próximo jueves es si la ayuda a la banca española debe venir del vigente Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) o del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el instrumento permanente que debe empezar a funcionar en julio. La segunda posibilidad preocupa a los analistas porque este fondo tiene preferencia a la hora de cobrar las deudas y relegaría a los inversores privados, lo que podría agravar la huída de la deuda española. Sin embargo, una amplia mayoría de los países del Eurogrupo tienen una “fuerte preferencia” por el fondo permanente como fuente de financiación de la asistencia para España. “Lo que ocurrirá probablemente es que la solicitud se haga al EFSF pero con la idea de que luego se entregue al MEDE cuando entre en vigor”, explicaba un alto funcionario de Bruselas.

En cualquiera de los casos, la asistencia estará sometida a “una condicionalidad estricta”, no sólo para los bancos que reciban la ayuda sino para el conjunto del sector financiero “para lograr una reestructuración ordenada que sea viable no sólo para los próximos meses, sino también para los próximos años y décadas”. “Esta será la gran discusión” en el Eurogrupo, han sido las palabras del mismo funcionario.

Respecto a la declaración del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, afirmando que se están buscando fórmulas para evitar que la deuda bancaria contamine a la deuda soberana, parece que la única viable con la actual normativa sería alargar al máximo el plazo del crédito, para evitar que los inversores crean que España puede tener problemas para refinanciar la deuda en el corto plazo.

Hace nueve días, España acordó con sus socios un rescate de hasta 100.000 millones de euros para la banca que se articularía mediante una línea de crédito que se concedería al Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), un organismo de titularidad pública que sería el encargado de inyectar el capital. Así lo explicó el ministro De Guindos, que en ese momento no puso ni una sola objeción al mecanismo adoptado. El cambio de estrategia del presidente ha desconcertado fuera y dentro de nuestras fronteras. La desconfianza en España se traduce en estas cifras: prima de riesgo=548,4 puntos básicos; rentabilidad del bono a diez año=7,03%.