Las sanciones a los dirigentes de los bancos y cajas de ahorros por parte del supervisor del sector, el Banco de España, se han disparado en los últimos años, como era de esperar. La Memoria de la supervisión bancaria que ha sido dada a conocer este miércoles ofrece cifras bastante gruesas, con 66 infracciones consideradas “muy graves” frente a las 38 de la misma calificación un año antes y las 25 de dos años antes. No han servido de gran cosa, ya que ni han frenado el deterioro de la gestión en el segmento de las cajas de ahorros ni han generado sanciones ejemplarizadoras para el colectivo de profesionales que ocupan las cúpulas directivas de bancos y cajas.
Algo hay que no ha funcionado bien en este engranaje sancionador que ni sirve para corregir a tiempo los defectos de gestión ni evita las conductas improcedentes ni sienta doctrina a la hora de sancionar a los responsables de los quebrantos. El hecho de que del sector hayan salido en los últimos dos años casi medio centenar de directivos y altos cargos con indemnizaciones de escándalo, algunas por encima de los 10 millones de euros, que no tienen parangón en el mundo de la empresa privada, y que han dejado atrás una estela escandalosa de pérdidas que deberá afrontar el Estado, parece indicar que los mecanismos de supervisión y sanción a los profesionales de la banca están poco desarrollados, no resultan eficaces.
En el conjunto de los años de crisis bancaria, unas 165 sanciones de carácter grave han sido diagnosticadas por el banco antes emisor, ahora simplemente supervisor. La primera valoración que se puede hacer de estas cifras no es tanto la que se refiere a su aumento, lógico en medio de la crisis galopante del sector, sino al hecho de que las sanciones no hayan servido para actuar a tiempo, es decir, han carecido de la capacidad anticipativa que en este tipo de actividades como son las bancarias sería muy de agradecer. Es más, prácticamente la totalidad de los procedimientos de sanción abiertos se encuentra pendiente de resolución, lejos en muchos casos del acto final que se traduce en la sanción correspondiente.
El proceso sancionador del Banco de España es garantista, lento y bastante respetuoso con los afectados, lo que es de agradecer desde el punto de vista de los intereses de los afectados, ya que ello reduce de forma considerable los daños a personas inocentes o a quienes solo tienen la apariencia de culpabilidad. Hay un paralelismo bastante palpable entre la Justicia y los procesos sancionadores del Banco de España en lo que se refiere al procedimiento y a las garantías, aunque hay diferencias sensibles en los castigos, ciñéndose los del Banco de España a multas de cierta cuantía (siempre muy inferiores a los daños que han causado) y a inhabilitación para el ejercicio de cargos en el sector.
Resulta bastante descorazonador que las decisiones adoptadas hasta la fecha, después de largos procedimientos, solo hayan terminado en las sanciones e inhabilitaciones correspondientes de varios curas de la diócesis de Córdoba por la mala gestión de Cajasur, aquella caja de ahorros que estaba presidida por un sacerdote desde tiempo inmemorial (la caja había sido fundada por la Iglesia allá por los años de La Gloriosa, mediados del XIX) y que fue durante muchos años la nota de color en las asambleas de la Confederación de Cajas, la CECA. El hombre clave de esta institución, el cura Miguel Castillejo, dirigió la caja durante 30 largos años, a lo largo de los cuales esta entidad financiera funcionó más como una institución de beneficencia que como una empresa privada. De hecho, sus problemas empezaron a salir a la luz en el año 2005, bastante antes, por ello, de que se manifestara el cáncer inmobiliario que ha sido la principal causa del deterioro del sector de cajas de ahorros. La caja cordobesa es hoy historia y, tras ser intervenida por el Banco de España en el año 2010, pasó a manos de la BBK vasca.
Se puede alegar que buena parte de la ineficacia de los mecanismos de control y sanción de estos últimos años obedece al hecho de que, al haber sido las cajas de ahorros los principales centros de las anomalías en la gestión, estas entidades carecían de los mecanismos de control que existen en los bancos privados, en los que hay un capital y unos inversores que vigilan con mayor esmero la gestión de su dinero. En las cajas, por el contrario, la propiedad no estaba – y sigue sin estarlo, a pesar de las reformas – claramente identificada y, por ello, no había instancias o grupos que pudieran ejercer una crítica activa. Los grupos de poder en las cajas han sido generalmente los partidos políticos de la demarcación geográfica dominante de cada caja. La representación de eso que se llamaba los “impositores” casi nunca ha llegado a ejercer un auténtico control de la gestión. Un análisis más detallado de la pertenencia de los gestores con infracciones “muy graves” a bancos o a cajas de ahorros, arrojaría resultados interesantes.
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