A la Audiencia Nacional

UPyD exigió la intervención judicial de Bankia por el “engaño masivo”

La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, solicitó el pasado 11 de junio a la Audiencia Nacional que proceda a la intervención judicial de Bankia por el "engaño masivo" que la gestión de la entidad y su salida a bolsa ha supuesto para "cientos pequeños inversores".  Así lo manifestó  tras presentar una querella por el "grave quebranto" que habrían provocado a la economía española y su sistema financiero los 35 responsables de la entidad, a los que Díez atribuye los delitos de "estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, intervención fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas".

“Solicitamos una intervención judicial cautelar para proteger los derechos de los trabajadores y de los acreedores, y pedimos que cautelarmente haya una intervención judicial para proteger esos derechos que no se pueda destruir pruebas o no colaborar con la justicia”, ha señalado la parlamentaria de UPyD a las puertas del tribunal.

La querella está dirigida contra los miembros del anterior Consejo de Administración de Bankia y del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de la entidad, entre los que se encuentran el que era su presidente Rodrigo Rato; el vicepresidente y máximo responsable de Bancaja, José Luis Olivas; o los vocales Ángel Acebes, exministro del Interior; y Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

El escrito UPyD justifica la intervención judicial de Bankia y el BFA por la “capital influencia” que el “poder político” ha tenido en los últimos años en la entidad “a través de una serie de leyes autonómicas que han aumentado paulatinamente el peso de consejeros generales en detrimentos de los impositores”.

“Es precisamente ese control político el que ha llevado a las cajas  a la penosa situación en la que se encuentran, a consecuencia de la falta de profesionalidad de sus cuadros directivos y a la toma de decisión, no sobre criterios económicos sino sobre criterios meramente partidistas o políticos”, señala la formación magenta antes de subrayar que la entidad sigue dirigida ahora por “las mismas personas” porque su actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, fue propuesto por Rato.

La formación de Rosa Díez también pide al juez instructor de la Audiencia Nacional que estudie la querella que, tras su admisión a trámite, proceda a la imposición de fianzas que permitan cubrir las responsabilidades civiles que puedan derivarse del procedimiento.

Entre las diligencias que solicita se encuentran las declaraciones testificales del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el auditor socio de Deloitte Francisco Celma;

el presidente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura; y el representante legal de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

“Falseamiento de cuentas”

La querella, que repasa en sus más de cien páginas el proceso de fusión que dio lugar a Bankia hasta su intervención, sostiene que la salida a bolsa de la entidad y su financiación a través de participaciones preferentes puede ser constitutiva de un delito de estafa y administración fraudulenta o desleal porque se basó en el “falseamiento de las cuentas y balances” de la entidad.

El delito de administración fraudulenta y desleal también se justificaría, según los querellantes, por la “clara y manifiesta” existencia de “un perjuicio económicamente evaluable a todos y cada uno de los accionistas de Bankia, debido a la disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad realizada mediante una gestión social en la que ha prevalecido el favor político al rendimiento económico, mediante una serie interminable de ruinosas inversiones”.

También considera que las actuaciones relacionadas con la concesión de pensiones, blindajes o remuneraciones de sus directivos o de créditos, avales o garantías en condiciones privilegiadas podrían ser susceptibles de un delito de apropiación indebida.

Sobre el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, la querella subraya que “los consejeros, directivos y gestores de Bankia elaboraron y difundieron diversa documentación, tanto contable como meramente informativa, que arrojaba una imagen de la sociedad absolutamente irreal, presentando a la misma como acreedora de una solvencia de la que carecía”.

A juicio de la formación magenta, la querella debe ser estudiada por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional al que por turno le corresponda por “la relevancia de los presuntos delitos, de la pluralidad de sujetos pasivos afectados y la grave repercusión en la economía nacional que tienen los hechos denunciados”.