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Un mar de dudas con la deuda española

Primo González

Publicado el 11-06-2012

Ya decían la mañana del lunes algunos medios económicos que quizás España necesita un rescate como país y que el problema no reside sólo en los bancos, a los que se ha abierto una vía de 100.000 millones de euros de crédito mancomunado europeo para tapar los agujeros más visibles, casos de Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixa, Banco de Valencia y algún otro. La magna operación está cogida con alfileres, ya que se desconocen múltiples detalles, como las garantías o los tipos de interés, o sea, e coste efectivo.

Pero sí se sabe que la operación implica un aumento considerable de la Deuda Pública española, unos 10 puntos del PIB, de forma que tras la asunción de la deuda que resulte finalmente España pasa a ser uno de los países más endeudados de la Eurozona. La financiación abierta a favor del sector público español por los socios europeos no está perfilada en muchos aspectos y algunos de ellos, como el de la calidad de las garantías aportadas (es decir, el grado de preferencia de la nueva deuda sobre la ya emitida) o el de la cuantía final, dependerán de lo que quieran hacer la autoridades europeas con la calificación de la nueva deuda o las autoridades españolas con el saneamiento del sector bancario bajo la supervisión atenta de los expertos europeos. El volumen de 100.000 millones de euros es una cifra límite, de forma que a lo mejor podrían ser suficientes solamente 60.000 millones. El grado de utilización de esa línea de crédito puede ser también una forma de medir el estado real de la salud bancaria española, asunto que dependerá de las auditorías y estimaciones que están realizando a lo largo de este mes los expertos independientes internacionales contratados bajo presión de las autoridades comunitarias para que den fe del estado real de los balances bancarios españoles.

En todo caso, la deuda pública española en circulación aumentará tras la operación del rescate bancario, lo que colocará a España decididamente por encima de la virtuosa posición que ocupaba hasta hace bien pocos años. Hay que recordar que Zapatero cogió las riendas del Gobierno en 2004 con el país menos endeudado de la zona euro y que desde aquellos momentos las cifras han empeorado hasta situarnos en una de las posiciones menos cómodas de los grandes emisores internacionales de deuda.

Los datos de este lunes que reflejan el estado de ánimo de los grandes inversores internacionales son bastante elocuentes, ya que la prima de riesgo se ha disparado hasta los 521 puntos básicos (es decir, bastante peor que antes del rescate) y los tipos a largo plazo se han colocado en el 6,52%, niveles ambos poco saludables y que, de prolongarse, vuelven a poner a España contra las cuerdas, dificultando nuestra financiación internacional.

Los mercados han interpretado, sin afinar mucho, que el famoso crédito de los 100.000 millones de euros viene a empeorar seriamente la capacidad de financiación exterior de la economía española, lo que se traducirá en dificultades adicionales para colocar las emisiones de deuda pública ya en circulación, cuyas garantías podrían resultar inferiores a las del dinero que ahora va a prestar la UE a España para sanear la banca. Se trata de una cuestión de garantías, de subordinación de una deuda sobre otra, asunto en el que los inversores internacionales quieren saber lo máximo posible para que no vuelven a suceder quebrantos en la clasificación de los deudores, como sucedió hace bien poco en el caso de la quita griega, en la que algunos emisores tuvieron preferencia sobre otros. Es decir, unos cobraron todo y otros tuvieron que aceptar quitas espectaculares.

Si la nueva deuda que España va a contraer con la UE tiene un nivel de garantía superior a los bonos que emite el Estado español, está claro que los inversores extranjeros se sentirán tentados a vender deuda española normal, lo que se traduciría en una desbandada de capitales extranjeros. El Tesoro no ha sido capaz aún de aclarar este aspecto de la cuestión, sobre todo no lo ha logrado de forma convincente. Urge por lo tanto una clarificación, a ser posible por parte de las autoridades europeas.


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