Todo el mundo habla de la crisis bancaria española y una buena parte de los que lo hacen se sienten casi en la obligación de ponerle cifras. No está claro a qué se refieren unas y otras, generalmente discrepantes y en ocasiones fuertemente diferenciadas. Las hay para todos los gustos y, además, muchas de ellas han salido a la luz en las últimas horas, lo que sugiere que hay más bien poco rigor en algunos de los autores, ya que las diferencias no obedecen como es lógico al empeoramiento de un día para otro, ya que no hay espacio temporal que lo justifique.
El sector bancario parece haber entrado en una situación de descalificación colectiva como consecuencia de un ejercicio de malabarismo contable en el que algunas instancias domésticas, sobre todo oficiales, han desempeñado un papel demasiado activo. En algunos casos incluso han contribuido a llamar la atención sobre estados de cosas que carecen de verosimilitud. La imagen del sector es ahora mismo lo menos parecido a lo que llegó a ser motivo de orgullo hace apenas cuatro o cinco años y que se ha desmoronado de forma tan rápida como lamentable y desde luego preocupante. ¿Hay razón para ello?
Dar con la cifra más o menos precisa del quebranto bancario español puede ser importante porque de ello parece que depende en estos momentos el margen de confianza que le otorguen a España y al sector financiero los inversores de medio mundo. Este jueves, la agencia Fitch ha recortado una vez más, y lo ha hecho con contundencia, la calificación de la deuda española argumentando, entre otras cosas, que la crisis financiera que nos invade va a tener un elevado coste fiscal para el país y, en consecuencia, ello va a incrementar la presión financiera sobre la economía, dificultando el acceso fluido a la financiación externa y elevando en todo caso los costes de la misma.
Una de las consecuencias de este empeoramiento de la calificación por parte de una agencia riesgo con credibilidad en los mercados es el hecho de que, al rebajar la calificación de un país, las empresas y bancos de esa nacionalidad corren la misma suerte, de forma que en las próximas semanas vamos a ver cómo los bancos y las grandes empresas españolas, que viven en muchos casos de su actividad exterior, se van a ver más penalizados aún por el mero hecho de ser españoles. No basta con decir que algunas de esas entidades generan la mayor parte de sus ingresos y de sus beneficios fuera de España (los grandes del Ibex ya se encuentran en esa situación de diversificación ventajosa desde hace tiempo), de modo que la simple mención de la nacionalidad se ha convertido en ocasiones en baza definitiva y en censura automática.
Volviendo a las cifras, la ensalada de ellas nos está abrumando en los últimos días. Las hay para todos los gustos y naturalmente dependiendo de una o de otra, nuestra posición económica y financiera variará de forma radical. Desde los 40.000 millones de euros que soltó a principios de esta semana el banquero Emilio Botín como suma de dinero que necesitaría el sector para poner en limpio sus cuentas, sobre todo por los quebrantos de media docena de entidades en crisis, hasta los 112.000 millones de euros con los que nos acaba de obsequiar este jueves la agencia Standard & Poor’s como límite máximo de la depreciación de la cartera crediticia de la banca española hay casi tres veces de diferencia. Hay que reconocer que se trata de una diferencia excesiva. Los 40.000 millones los han hecho suyos algunos analistas e instituciones de prestigio, que han visto cómo algunos Gobiernos europeos manejan cifras de 60.000 a 80.000 millones de euros como volumen de dinero que tendrá que disponer la Unión Europea para ayudar al sector, decisión que al parecer es ya firme.
Lo que sería aconsejable y más prudente en las actuales circunstancias es esperar a que la multitud de auditores y consultores extranjeros que estos días analizan con rigor, por encargo y sugerencia de organismos internacionales, las cuentas de las entidades financieras españolas, proporcionen sus resultados. Será a finales de mes. Lo más prudente es depositar la confianza en el trabajo de esos profesionales, aunque con el margen de seguridad que ofrecen las estimaciones realizadas por los profesionales del Banco de España, que son los que verdaderamente conocen las tripas y las calderas del sector y los que hasta ahora habían llevado la voz cantante en la labor de diagnóstico. Es de esperar que el flamante nuevo gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ponga en valor el trabajo de los equipos de inspección de la entidad para tener una imagen fiel y no distorsionada de nuestra realidad financiera actual.
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