La ley se modificará por el trámite de urgencia

El PP saca adelante, en solitario, la ley para privatizar las televisiones autonómicas

La confrontación de posiciones estaba cantada porque el Gobierno se negó a pactar nada con el principal partido de la oposición, el PSOE, y porque los grupos nacionalistas consideran que la ley que permite la privatización de las televisiones autonómicas pone en peligro la defensa de sus lenguas cooficiales. De hecho, hasta la Xunta de Galicia mostró su defensa a ultranza de los entes televisivos autonómicos, aunque piensa que no corren peligro con la nueva regulación porque su funcionamiento público o privado lo fija cada parlamento autonómico.

Ese fue el argumento utilizado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, para defender un proyecto que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril y se tramitará por la vía de urgencia. La norma modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual que define a las televisiones autonómicas como un servicio esencial de interés económico general para permitir a los Gobiernos regionales con canales públicos decidir si continúan o no con la gestión de estos o si quieren optar por acuerdos con terceros para la producción, edición o emisión conjunta de contenidos. La nueva ley establece que a partir de ahora los canales autonómicos públicos tendrán fijado un techo de gasto que no podrán rebasar.

Soria aseguró que la ley busca ampliar la posibilidad de las autonomías para decidir libremente sobre la gestión de unos canales que han acumulado una importante deuda en los últimos años y que requieren, en la coyuntura actual, una gestión más eficiente. La difícil situación económica que afecta a todas las Administraciones, dijo, ha obligado a llevar a cabo la tramitación del proyecto con la máxima celeridad para recuperar la viabilidad económica y financiera de sus televisiones autonómicas.

La portavoz del PP, Macarena Montesinos, fue más precisa al afirmar que la Ley General de la Comunicación Audiovisual sólo pretende flexibilizar la gestión de los canales públicos autonómicos. Montesinos acusó al PP de pretender amordazar a las CCAA y que sea el Estado el que decida.

Juan Luis Gordo, el portavoz del PSOE, denunció que la ley rompe el modelo público de televisión que ha existido en España desde los años 80 y traspasa varias líneas rojas, como la quiebra del principio de independencia y neutralidad con la externalización de los servicios informativos, “con la que busca, sin duda, el ventajismo político”. El portavoz socialista denunció que “el Gobierno quiere privatizar las televisiones autonómicas y controlar sus informativos” y propuso que “RTVE, mediante un convenio, pueda facilitar el servicio público de radio y televisión en las Comunidades Autónomas”.

Por último, Juan Luis Gordo lamentó que no se pueda alcanzar un acuerdo en esta materia con el PP dado el impacto que tiene el servicio público de televisión autonómica en la formación de la opinión pública y el tejido productivo. “El PP ha roto las reglas del juego con su Real Decreto sobre RTVE; han hecho de la televisión pública una televisión de partido que hoy con este proyecto de Ley extienden a todas las televisiones públicas autonómicas, lo que hace el acuerdo imposible”, concluyó.

Para Laia Ortiz, de IP, la ley“recentraliza la televisión y defiende los negocios de unos pocos, para Fracisco Jonquera, del BNG, es una invasión competencial y para Irene Lozano, de UPyD, consagra el sálvese quien pueda. Joan Tardá, de ERC, explicó la transcendencia que tiene TV3 para Catalunya en defensa de su lengua catalana y llevó a cabo una pequeña intervención en la que dijo que “la soga que tiene en el cuello el sistema comunicativo público catalán se aprieta un poco más todavía y el asedio al sistema público comunicativo catalán se intensifica”. También dijo que el proyecto “permitirá que Intereconomía, don Pedro J. Ramírez y todos los grupos del capital puedan ser los beneficiarios de la externalización del mensaje ideológico”.

Inma Riera, de CiU, defendió su abstención afirmando que su grupo valora la libertad de decisión que deja a las comunidades pero también observa en la ley aspectos de “clara invasión competencial” que deberán corregirse durante la discusión parlamentaria si el PP quiere contar al final con los votos de CiU. Para Pedro Azpiazu (PNV) dijo que la ley supone un intento de terminar con el servicio público de televisión autonómica por las exigencias presupuestarias que se plantean a los gobiernos.