Con el apoyo de UPN y CC

El Gobierno saca adelante la reforma financiera con la abstención del PSOE y CiU

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley de saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero con el apoyo del PP, UPN y de Coalición Canaria, y las abstenciones de CiU y PSOE. La votación se ha cerrado con  178 votos a favor, 123 abstenciones (PSOE y CiU) y el rechazo de los 28 representantes de UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y la izquierda minoritaria, además del PNV. Con esta reforma (la cuarta que sale adelante en dos años) el Gobierno pretende elevar las provisiones de los activos bancarios (incluidos los que actualmente están sanos) así como separar la cartera inmobiliaria en agencias independientes en las entidades en las que ha intervenido el FROB. La medida incluye asimismo la elaboración de una auditoría por parte de expertos independientes del conjunto del sector y de cada entidad en particular.  

Poco antes de la votación, Alfredo Pérez Rubalcaba anunció la abstención del PSOE porque aún confía en llegar a acuerdos con el Gobierno durante la tramitación como ley del decreto que este jueves se ha debatido en el Pleno del Congreso. Ese es uno de los acuerdos a los que han llegado los socialistas con el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante las negociaciones que han mantenido a lo largo de la mañana en la Cámara.Los otros se refieren a la garantía de que se recuperará el dinero público que se inyecto en los bancos con problemas, en Bankia especialmente, y que se tendrá en cuenta el aspecto social de la reforma: los afectados por las hipotecas impagadas y por las acciones preferentes.

El caso es que el PSOE sigue sin apoyar ninguna de las iniciativas legislativas importantes del Ejecutivo, en contra de esa imagen de consenso y unidad a la que tanto se apela desde la Moncloa y desde los escaños de la oposición. Rubalcaba ha proclamado hoy de nuevo su disposición al diálogo pero, al mismo tiempo, tiene que hacer frente a las divisiones internas que surgen de sectores de su partido que reclaman una postura más crítica y contundente contra la política de Rajoy. A la abstención del PSOE se suma la de CiU.

El principal partido de la oposición envió hace cinco días un documento al Gobierno con propuestas que considera irrenunciables para respaldar el decreto de la segunda reforma financiera del Gobierno de Rajoy. Entre ellas, destaca la de que los fondos públicos inyectados en entidades con problemas sean reintegrables, es decir, que “no se pierda ni un solo euro público”, en palabras del líder socialista.

El PSOE también pedía que se contemplara la situación de los afectados por hipotecas impagadas que, según este partido, no ha quedado resuelta con el pacto de libre adhesión sobre los desahucios y las daciones en pago. Y solicitó que se buscara una solución para los afectados por las llamadas acciones preferentes, producto financiero que se extendió para pequeños ahorradores y que, según el propio ministro de Economía, debían haberse limitado para grandes inversionistas.

Los socialistas, en definitiva, rechazan dar ‘cheques en blanco’ al Ejecutivo y pretenden que el decreto se tramite como ley para que los grupos puedan hacer sus aportaciones. En la rueda de prensa que ha ofrecido en el escritorio del Congreso, el líder del PSOE ha insistido en que lo importante es saber cómo se ha llegado a la situación en la que se encuentra Bankia y que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.

Por lo que se refiere a otros asuntos, a Rubalcaba se le ha preguntado por la rueda de prensa que ha ofrecido el presidente del Consejo General del Poder Judicial y ha respondido: “Lo que he visto de Dívar me ha parecido insuficiente y vamos a pedir que venga al Congreso” para dar las explicaciones sobre los gastos de sus viajes a Marbella con cargo al presupuesto del CGPJ.

Falta de negociación con los grupos

En general, toda la oposición ha reprochado en el debate del Congreso que el Gobierno someta a convalidación un nuevo decreto de reforma del sector financiero sin haber consultado su contenido con el resto de partidos, además de exigir en bloque la depuración de responsabilidades de quienes han generado la crisis del sistema.

Durante el debate, que se ha prolongado durante casi dos horas y media, los diputados han coincidido en echar en cara al ministro de Economía, Luis de Guindos, la falta de comunicación con la oposición a la hora de negociar estas reformas, fundamentales para la economía del país.

La diputada de CC, Ana Oramas, ha sido muy crítica en este asunto, recordando que gracias a su abstención y la de CiU hace dos años “España no tuvo que ser intervenida”, y defendiendo que “por responsabilidad y sentido de Estado” en esta ocasión votará a favor. “A pesar de que no nos gusta el decreto ni nos han pedido el voto ni nos han siquiera llamado”, ha apostillado. “Pero no puede ser que las explicaciones en este país las den los tertulianos de periódico. Las tiene que dar el Gobierno, porque los ciudadanos quieren saber quiénes han sido los responsables”, ha añadido.

Además, los partidos de izquierdas han criticado que se “socialicen” las pérdidas de los bancos para luego volver a privatizar las entidades rescatadas, con mención expresa en más de una intervención de la particular situación de Bankia.

En este sentido, el portavoz económico de la Izquierda Plural, Alberto Garzón, ha reclamado al Gobierno que aproveche la coyuntura para crear un verdadero banco público con el que hacer una política económica que sirva para recuperar la liquidez en la economía real.

“Hay que asumir que habrá que tapar ese agujero y, visto que es improbable que vengan los inversores privados o que el sistema genere beneficios, hay que aceptar que habrá que inyectar dinero público. A la espera de saber cuánto, lo importante es saber en qué condiciones y qué vamos a conseguir a cambio”, ha reflexionado al diputado.

Sin embargo, dado que “España no tiene una capacidad de endeudamiento tan alta” y que “el Gobierno no puede afrontar el coste social de endeudarse más para esto y no para salvar la educación o la sanidad”, no se podrá evitar acudir a fondos europeos. En este sentido, ha reclamado un “cambio en las políticas y las prioridades” de la UE para que deje de “poner al sistema financiero por encima de cualquier otra política de gasto”.

La politización, culpable de lo sucedido

La portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, ha desarrollado una muy dura intervención contra socialistas y ‘populares’, a quienes acusa de “buscar cada cual un argumento para no ponerse de acuerdo en una materia en la que, fundamentalmente, lo están y sobre la que no han dicho la verdad en ningún momento”. Por ello, ha pedido nuevamente un “gran pacto de estado” y ha ofrecido la “mano tendida” de su formación para ser “corresponsables en la salida de la crisis”.

Además, ha preguntado al ministro de dónde va a salir el dinero para rescatar a las entidades fallidas, situando el origen de esta situación en la “politización” de las cajas de ahorros, que ha acabado “contagiando” al resto del sistema.

Por eso, defiende que tanto PP como PSOE “debe responder políticamente” y que también es necesario depurar responsabilidades, tanto políticas en el Congreso con una comisión de investigación; como penales y patrimoniales en los tribunales. “¿Han dado cuenta a la Fiscalía para que actúe ante este gran engaño o forma ya parte del paisaje del país mientras ustedes puedan salvar la cara? ¿Tiene intención de exigir responsabilidades?”, ha preguntado a la bancada azul, donde se sienta el Ejecutivo.

Finalmente, ha argumentado que el rechazo a investigar por parte de los ‘populares’ “obliga” a la formación magenta a “abrir la vía penal con una querella ante la Audiencia Nacional contra todos los responsables, para que se asuman las responsabilidades correspondientes”. “No puede haber impunidad y tiene que haber justicia. Que no le salga gratis a nadie para que esto no se repita”, ha zanjado.

Socializar las pérdidas

Los partidos minoritarios de izquierdas integrados en el Grupo Mixto han desfilado por la tribuna para afear al Gobierno que socialice las pérdidas de las entidades bancarias mientras aplica recortes en servicios fundamentales para “salvar nuevamente a los bancos”, tal y como ha señalado el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví.

En el mismo sentido, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, se ha preguntado “qué tiene que pasar en este país para que el presidente del Gobierno comparezca o para que se depuren responsabilidades”, y Teresa Jordà, de ERC, ha criticado que el PP pretenda “resolver sólo los problemas bancarios y obvia los problemas generados a las personas víctimas de sus medidas”.

El portavoz económico de Amaiur, Rafael Larreina, ha señalado que hacer “reforma tras reforma en la misma dirección y sin solucionar el problema” debería llevar al Gobierno a “pensar que hay que cambiar de rumbo”, porque “por no crear un banco malo se está creando un estado malo que va a acabar en la ruina”.

Descrédito del Banco de España

Por parte del PNV Pedro Azpiazu ha coincidido en estas críticas, reprochando además que este decreto, como los aprobados anteriormente, “discrimina a las entidades más transparentes” y reconociendo su “sorpresa” por la designación de entidades “independientes” para estudiar las cuentas de los bancos. “¿Es que además de dudar del Banco de España dudan también de lo que dicen las propias auditoras?”, se ha preguntado.

Este descrédito al que se ha sometido al organismo regulador también ha estado en el centro de la intervención del portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, para quien el Gobierno ha “dinamitado la credibilidad del Banco de España por unos auditores extranjeros que mañana pueden decir que hacen falta miles de millones más o que también pueden ver problemáticos los créditos a las empresas”.

“Están sobreactuando en el tema de los activos inmobiliarios”, ha añadido, avisando de que en unos años España puede tener “los bancos más capitalizados del mundo pero sin liquidez para atender a la economía productiva”.

Tras acusar al Gobierno de actuar “de forma precipitada, con mucha improvisación, poca valentía política en temas presupuestarios y tomando decisiones equivocadas”, ha pedido a De Guindos y sus compañeros de gabinete que “cambien el chip, buscando el consenso de todas las formaciones políticas”.

Oferta de acuerdos

El portavoz del PP en Economía, Vicente Martínez-Pujalte, ha cerrado el debate asegurando que estas medidas que toma el Gobierno buscan “arreglar unos problemas generados en España desde hace unos años” y de los que ha responsabilizado fundamentalmente a los socialistas.

Además, ha afeado al PSOE que diga que no ha habido negociación. “Hemos intentado ofrecerles acuerdos, recoger sus sugerencias, y ustedes quisieron embarrar el terreno de juego hablando de cosas que hoy no tocaban. Sí hemos hablado, y en su mano lo tienen. Pero nuestra responsabilidad es que los ciudadanos estén mejor, tengan garantizados los depósitos, haya más crédito y la economía funcione mejor. Si hay que depurar responsabilidades se depurarán”, ha concluido.

Cuarta reforma en solo dos años

El decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 11, constituye la cuarta reforma del sector financiero desde 2010. En este caso, el Gobierno incrementa las exigencias a las entidades bancarias de nuevas provisiones para cubrir también sus activos sanos, incrementando en 28.000 millones de euros los recursos necesarios para cumplir con las nuevas exigencias normativas.

Además, los bancos deberán presentar al Ministerio de Economía sus planes para cumplir estos requerimientos antes del 11 de junio, y además deberán crear instituciones independientes para gestionar sus activos inmobiliarios. El decreto prevé asimismo la intervención del FROB para capitalizar las entidades que no puedan afrontar este saneamiento.