Popular vende el 51% de su negocio en Internet para hacer frente a las provisiones que le exige el Gobierno

El Banco Popular ha confirmado esta mañana a la CNMV que estudia vender su banco por Internet. Concretamente, Popular ha reconocido que se encuentra en proceso de negociación para la venta y externalización de un porcentaje mayoritario de sus negocios de banca por Internet y de Medios de Pago, sin que se haya cerrado de momento un acuerdo al respecto. La noticia coincide con la publicación por The Wall Street Journal de una información que sitúa al Banco Popular en el punto de mira tras la nacionalización de BFA-Bankia. Según el diario, varios analistas han expresado su preocupación acerca de cómo el Banco Popular podrá cubrir las provisiones que le exige la última reforma financiera del Gobierno para cubrir su exposición al ‘ladrillo’. The Wall Street Journal recuerda que el Popular tiene una de las mayores exposiciones de España a los activos inmobiliarios después de Bankia, aunque cita las declaraciones de un portavoz de la entidad asegurando que esta no necesitará apoyo estatal y que puede satisfacer sus necesidades de capital como de hecho va a hacer con la venta de Bancopopular-e.

En el comunicado remitido a la CNMV, el Popular explica la venta de su negocio en Internet afirmando que “esta operación, similar a otras ya realizadas por la entidad, reforzaría la posición del grupo ante los requerimientos del proceso de reforma del sector financiero español permitiendo generar unos resultados razonables en los próximos dos años”. Popular ha subrayado que esta operación se enmarca dentro de un conjunto de medidas destinadas a cumplir con la reforma financiera que serán oportunamente comunicadas al mercado. Se calcula que la operación podría reportarle plusvalías por aproximadamente 2.000 millones de euros, según fuentes próximas al proceso.

Las ganancias extraordinarias que Popular obtendrá con la venta le permitirán cubrir de un plumazo el impacto íntegro de la segunda reforma financiera del Gobierno, puesta en marcha este mismo mes para cubrir los riesgos inmobiliarios no declarados problemáticos. En concreto, el último real decreto aprobado por el Gobierno tiene un impacto de unos 2.314 millones de euros en las cuentas del Popular, de los cuales 1.690 millones corresponden al Popular y el resto al Pastor, integrado recientemente en el Grupo. Las necesidades de capital contenidas en el primer real decreto sumaban 4.000 millones de euros, de los que la entidad había dotado el 60 % (2.400 millones) ya durante el primer trimestre de este año.

En el  comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Popular explica que “a día de hoy” aún no se ha cerrado el acuerdo de venta. Según fuentes del sector, aunque la entidad no ha desvelado con quién está negociando, está analizando varias ofertas, entre las que destaca la de su socio galo Credit Mutuel.

La entidad destaca que dispone de dos ejercicios para realizar los saneamientos pendientes, al haber adquirido el Pastor, y añade que piensa hacerlo sin necesidad de ayudas públicas, “mediante la propia generación de ingresos y las reservas disponibles”. Según los cálculos hechos por el banco, esperan generar en torno a otros 1.400 millones de euros en plusvalías por la venta de otros activos.

En los últimos meses, Popular ha remarcado que descarta por completo la solicitud de ayudas públicas para responder a las nuevas exigencias regulatorias. La entidad, ha repetido en distintas ocasiones, que no contempla este escenario en ningún caso: ni para cumplir con los dos reales decretos del Gobierno, ni para dar cuenta de eventuales necesidades de fondos que pudieran ponerse de manifiesto en el marco del test de estrés y de la auditoría de balances que van a realizar cinco expertos independientes en España.

The Wall Street Journal recuerda que todo el sector bancario español podría necesitar entre 50.000 y 60.000 millones de euros adicionales, según ha estimado el analista de Nomura, Daragh Quinn. También recuerda que el FROB dispone de alrededor de 9.000 millones para apoyar a los bancos en dificultades y que, aunque el fondo de reestructuración pueden emitir más deuda, los costes de endeudamiento de España se han disparado en las subastas recientes, mientras que la demanda ha caído, lo que limita sus esfuerzos por abastecerse de capital.