En respuesta a Sabino Cuadra

El Gobierno considera que no es comparable el terrorismo del GAL al de ETA a la hora de pedir perdón a las víctimas

El diputado de Amaiur, Sabino Cuadra Lasarte, preguntó con segundas al Gobierno sobre el proceso de puesta en libertad de los condenados por casos vinculados al GAL como el de Segundo Marey y el de lasa Zabala. Quería saber si el terrorismo de Estado siguió un proceso semejante al que se les exige a los etarras a la hora de aplicarles la libertad condicional o pedir perdón a las víctimas. El Ejecutivo les ha respondido que los condenados por el Caso Marey y el Caso Zabala no son lo mismo que los condenados por las actividades terroristas de ETA porque, entre otras cosas, ninguno de ellos mostró “su orgullo por pertenecer a una organización terrorista”.

En una pregunta que Amaiur presentó en el Congreso al Gobierno el 15 de marzo de 2012 con ruego de respuesta por escrito, Cuadra se interesó “acerca de los períodos de cumplimiento de las penas de prisión y reclusión impuestas a los condenados en los denominados casos Segundo Marey y Lasa Zabala (sentencias del Tribunal Supremo 2/1998 de 29 de julio y 26 de julio de 2001 respectivamente)”. El diputado de la izquierda abertzale demanda información sobre las penas impuestas a cada uno de ellos, las fechas y períodos de cumplimiento efectivo de las penas de prisión y reclusión relativas a cada uno de los condenados y, en su caso, fechas y períodos en los cuales permanecieron en situación de tercer grado, a partir de las cuales les fue concedida la libertad condicional y y en cuáles les fue concedida el indulto a distintos condenados.

Además, reclamó saber las “cantidades efectivamente abonadas por cada uno de los condenados a indemnizar al Estado, a Segundo Marey y a los herederos de Juan Antonio Lasa y José Ignacio Zabala” y que el Gobierno le señalara su “constancia o no de si los condenados han reconocido expresamente el daño causado en los delitos cometidos y, en caso de ser así, la fórmula textual utilizada por los mismos”.

La respuesta del Gobierno, a la que ha tenido acceso este diario, precisa que en los citados procedimientos “recayeron condenas de entre 5 y 30 años de privación de libertad, pero “en el momento de producirse las clasificaciones de tercer grado o las excarcelaciones en libertad condicional no estaban en vigor los artículos de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Código Penal que contemplan, además de otras, las dos condiciones expresadas en la pregunta que podrían permitir en la actualidad el acceso a aquellas situaciones”. El Gobierno añade que la exigencia de reconocimiento del daño causado se incorporó a los textos legales mencionados en la reforma de la Ley de 30 de junio de 2003 sobre el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.

El Gobierno añade que, “por otro lado, en los testimonios de las sentencias recaídas en los procedimientos citados, no aparecen referencias a que (los condenados) formaran parte o integraran una o más organizaciones terroristas, razón por la que, aun en el supuesto de haber estado vigente la legislación mencionada (la actual), no habría sido de aplicación.

Finalmente, según transmitió a Amaiur el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, el Ejecutivo precisa que “al contrario de lo que ocurre con otras organizaciones terroristas, en el caso de las personas señaladas en la pregunta no hay declaraciones de ninguno de ellos reconociendo su pertenencia o su orgullo por pertenecer a una organización terrorista”.

Las cifras de las condenas no cuadran con las señaladas por el Ejecutivo. Los condenados por el Tribunal Supremo por el “Caso Marey” fueron, entre otros, José Barrionuevo, ministro del Interior, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta; Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta; Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE de Vizcaya por secuestro, a 7 años de prisión y 7 de inhabilitación; Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión y 11 de inhabilitación; Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión; José Amedo, subcomisario de la policía por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión y Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

Por la detención ilegal y el asesinato de Lasa y Zabala fueron condenados Enrique Rodríguz Galindo, general de la Guardia Civil, a 75 años de prisión y a inhabilitación. ÁngelVaquero, ex teniente coronel de la Guardia Civil, a 69 años de prisión y a inhabilitación, y Julen Elorriaga, ex Gobernador civil de Guipúzcoa, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 71 años de prisión y a inhabilitación.