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De esta forma, el 90% de las empresas españolas cree que el Gobierno no está haciendo todo lo que debería hacer para combatir la morosidad, a pesar de que el próximo 31 de mayo los ayuntamientos podrán empezar a pagar a los proveedores en el contexto del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FPP). Salvaterra consideró que “esta inyección a empresas será muy positiva y puede contribuir a regularizar las facturas con retraso en el pago y que se comiencen a pagar en tiempo las facturas vigentes”.
Además, respecto a la Directiva Europea de lucha contra la morosidad, el 81% de las empresas españolas cree que no ha tenido un impacto positivo; esta cifra se reduce hasta el 64% a nivel europeo. Así, el 80% de las empresas españolas teme un impacto negativo en su liquidez como consecuencia de los retrasos en los pagos e impagos. Más alarmante es el porcentaje de empresas que ve amenazada su supervivencia por la morosidad, que se sitúa en el 45%. Esta combinación de elementos ha supuesto que en 2012 las empresas españolas hayan encabezado el ranking europeo con el plazo medio de pago más largo: 97 días (45 más que la media europea).
Por último, Salvaterra afirmó que “se tiene que interiorizar la importancia que tiene no pagar las facturas a tiempo; eso sumado a los impagos tiene un resultado fatal en la economía de las empresas porque las pérdidas por impagos suponen para España un déficit de 28.590 millones de euros”.