El riesgo del rescate financiero de España, que el Gobierno de Rajoy pretende evitar a toda costa –algo que al parecer apoya Rubalcaba- son cuestiones que el Ejecutivo de Rajoy debe explicar con la máxima urgencia y claridad a los ciudadanos españoles, después de días de máxima incertidumbre e inquietud, con la prima de riesgo en el umbral de los 500 puntos y en víspera de la reapertura este lunes de los mercados financieros donde también se están valorando la gran confusión que emana de España y los continuos cambios de posición del Gobierno frente a la UE y los problemas de la banca española que, de manera irresponsable, nuestro gobernantes han extendido al conjunto del sistema financiero, hoy bajo sospecha y pendiente de una nueva auditoria e inspección externa.
Y las explicaciones deben comenzar sobre la noticia divulgada este fin de semana, por los administradores de Bankia, diciendo que el Estado aportará deuda pública a BFA-Bankia por valor de 19.000 millones como ampliación de capital –que se sumará a los ya otorgados 4.600 millones del Frob-, por lo que el Estado quedacon la propiedad del banco pero no podrá recuperar ese dinero y sus intereses hasta que la nueva entidad no sea rentable y se pueda vender o privatizar, lo que está por ver y desde luego no será en el corto plazo.
El Gobierno deberá explicar también su cambio de política al pasar de pedir el rescate financiero o de la banca española por los fondos de la UE, pero sin pasar por el Estado para evitar el rescate oficial y la intervención del ministerio de Economía, a esta nueva y mas novedosa opción de aportar deuda pública a Bankia como atajo o innovador recurso para evitar el rescate oficial de la UE y la intervención de España por parte de las instituciones europeas.
Asimismo el Gobierno deberá también de aclarar la confusión creada por su ministro De Guindos –quien no cesa de dar palos de ciego- cuando dijo que todos los bancos y las cajas con problemas se integrarán en el nuevo banco público. Porque algo habrá que hacer con esas entidades tal y como lo piden catalanes y gallegos, acusando al Gobierno de favorecer al Bankia frente a los demás.
Y por supuesto resulta indignante e incompresible que Rajoy y su Gobierno se nieguen a una investigación de la ocurrido en Bankia para proteger a Rato, Blesa. Olivas y demás administradores, o se retrase como ha dicho el ministro Gallardón. Porque los 23.600 millones del rescate de Bankia y el daño causado a los accionistas e impositores de la entidad es escandaloso y nadie, y menos aún el nuevo presidente Goirizolzarri –un empleado del Estado- debe decir o anunciar que no se depurarán responsabilidades, lo que por otra parte será imposible de evitar a nada que los accionistas o los ciudadanos presenten demandas ante los tribunales por los daños causados a los socios del banco y al erario público.
Esta pretendida impunidad de los responsables de la catástrofe, a los que propio De Guindos a acusado de graves errores durante la fusión de Caja Madrid con Bancaja o por su salida a Bolsa, es el motivo por el que el PSOE se niega a dar su apoyo a las ayudas a Bankia con dinero o deuda publica. Y ello por más que su líder Rubalcaba esté de acuerdo con Rajoy a la hora de evitar el rescate oficial de España, para evitar la intervención del Gobierno y otras medidas de ajuste social mas duras que podrían afectar tanto a las pensiones como a la cobertura del desempleo.
Pero sobre todo lo que tiene que terminar es la confusión creada en torno a Bankia y al sistema financiero español, así como los continuos cambios de posición del Gobierno y la improvisación y desconcierto que exhiben nuestros primeros gestores públicos, los que ni vieron ni valoraron la crisis de Bankia hasta que estalló, ni las consecuencias que arrastra consigo –como el déficit de todas las Comunidades Autónomas-, lo que han tardado en aprender a lo largo de los seis meses que llevan en el poder.
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